Una nueva ley para proteger el patrimonio de la provincia

La Secretaría de Cultura del gobierno pampeano celebró la sanción de la Cámara de Diputados de La Pampa que, por votación unánime, brindó un nuevo marco legal para la protección de los bienes arqueológicos y paleontológicos provinciales. La ley permitirá a todos los pampeanos contar con herramientas para proteger y apreciar nuestro patrimonio.
Esta Ley provincial de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, sumada a la ya sancionada Ley de Patrimonio Cultural 2083, representan "importantes marcos legales que confieren a la autoridad de aplicación la responsabilidad de velar, tanto por la conservación e investigación de estos bienes, como por el acceso y disfrute de este patrimonio por parte de toda la comunidad", destacó la Secretaría. La totalidad de los yacimientos y sitios que conforman el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa revisten carácter de bienes públicos provinciales bajo tutela del Estado provincial.

Espíritu de la ley.
Desde su origen en 2013, la iniciativa buscó complementar en el ámbito provincial las garantías otorgadas por la Constitución Nacional (dominio provincial de los bienes, Artículo 41; derecho de los pueblos originarios en participar de la gestión del patrimonio cultural de sus antepasados, artículo 75, inciso 17), el Código Civil (dominio público de los bienes, artículo 2.340, inciso 9) y la Ley Nacional 25743/03 "Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico".
El móvil principal de la presente ley es adecuarse a la legislación nacional vigente, incorporando con especial énfasis una normativa que diera respuesta a las particularidades, necesidades y tensiones existentes en el ámbito de nuestra provincia.
Es así que desde hace unos años, el área de Cultura del Gobierno provincial junto a la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural (Apcpc) impulsaron la creación de un proyecto de ley mediante un proceso participativo, el cual incluyó la realización de diferentes talleres y encuentros. El carácter abierto de estas acciones propició un espacio de reflexión y debate acerca de los múltiples enfoques, intereses y criterios vertidos por los representantes de todos los sectores involucrados: investigadores del ámbito arqueológico y paleontológico, comunidades indígenas, docentes, coleccionistas privados, consultores, operadores y guías turísticos, docentes, académicos, etc.
El resultado de dichos talleres fue un proyecto de ley consensuado por las partes y al mismo tiempo acorde al marco legal nacional y demás normativas vigentes, dado que contó con las correcciones y aportes del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), autoridad de aplicación nacional en materia arqueológica.
A partir del inicio de la actual gestión provincial, el proyecto fue impulsado por la Secretaría de Cultura, para finalmente ser transferido para su evaluación al bloque de diputados del PJ. El bloque oficialista, con el aporte de los interesados, equipos de Cultura, Universidad y asesores de todos los bloques, "obtiene un resultado consensuado y digno de celebración por parte todos los pampeanos", valoró la Secretaría.

Aspectos de relevancia.
La nueva legislación brindará herramientas operativas para evitar excavaciones no autorizadas, la tenencia privada y el tráfico ilícito de estos bienes que, como se señaló, pertenecen al patrimonio público provincial. Asimismo, ordenará los derechos y responsabilidades del Estado provincial en la administración de un recurso potencialmente estratégico para su desarrollo económico y cultural. Por otro lado, estimulará las investigaciones sobre este tipo de patrimonio, estableciendo criterios y normas claras favoreciendo la incorporación de múltiples grupos de investigación sumados a los ya existentes.
Las características más destacadas son el ámbito participativo en que se gestó la ley, llegando a un consenso en donde intervinieron todos los actores implicados. Además La Pampa sería la primera provincia que reconoce de manera explícita en una legislación, el derecho de los pueblos originarios a participar en la gestión de su patrimonio.