Vicentin debe más de $127 millones

La deuda de Vicentin con doce empresas agrícolas de La Pampa supera los 127 millones de pesos, según el listado de 2.638 acreedores que figura en el expediente judicial. El total del monto se debe a la compra de granos.
El anuncio que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre el rescate del Grupo Vicentin, el cual implicó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención de la empresa y el envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra, desató una polémica debido a que desde la oposición, con el apoyo de algunos medios de comunicación, salieron a cuestionarla.
Pero es necesario preguntarse ¿Cómo se llegó a este escenario? Según datos oficiales, el año pasado Vicentin fue el principal exportador del país de aceites y subproductos de soja y girasol, con un total de 7.425 toneladas vendidas al exterior.
A su vez, la gestión de Cambiemos al frente del Banco Nación, cuyo titular era Javier González Fraga, le otorgó préstamos por 18.182 millones de pesos. Incluso, en noviembre de 2019, con la empresa ya en cesación de pagos le prestaron 5785,4 millones de pesos.
Todo ello sin mencionar que el grupo fue uno de los privados que mayor aportó en la campaña de Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección de Mauricio Macri.

Pedido de quiebra.
Sin embargo, el pasado 10 de febrero, Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre de 2019. En esa presentación se constató que la cantidad de acreedores denunciados son 2.638, según informó AgroVoz.
El monto exacto del pasivo que figura en la causa, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista – Santa Fe, es de 99.345 millones de pesos. Esto es lo que llevó al pedido de quiebra y concurso de acreedores en febrero pasado. «El grueso de estas acreencias, según consta en las planillas de las nóminas de acreedores, son financieras: 63.961,5 millones de pesos», informó el medio.
En total, la deuda en dólares llega a 1.350 millones, de los cuales unos mil millones están contraídos con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola. De su acreencia financiera, el 88 por ciento corresponde a la banca pública, encabezada por el Banco de la Nación Argentina por un monto superior a los 18.182 millones de pesos, seguido por el Banco Provincia, con más de 1.800 millones de pesos, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con 313 millones de pesos, el Banco Ciudad (318.704.741,10 pesos), entre otros.
Por otro lado, registró importantes deudas con entidades de financiamiento internacional como la Corporación Financiera Internacional con base en Estados Unidos, que asciende a 16.504,8 millones de pesos, la Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda, a quien le debe 9.228,4 millones y la sucursal Tokio del Banco ING, que es de 4.420 millones, precisó AgroVoz.

Deudas en La Pampa.
El Grupo Vicentin posee deudas en todo el país. Gracias a un mapa interactivo que realizó el periodista Juan Chiummiento para Punto Biz, se pudo conocer en detalle cómo está conformada la deuda que mantiene con los 2.638 acreedores, de los cuales doce son empresas pampeanas que trabajan en el sector agrícola.
En el mapa figura Fernando César Ciordia, de Parera, con una acreencia en pesos de 3.612.234,53. De la misma localidad, aparecen Rodolfo y Sergio Escudero con una deuda de $426.303,2.
En el listado de firmas pampeanas se encuentra El Campo S.A de Ingeniero Luiggi, a quien Vicentin le debe $23.422.286, y La Lujan S.A. con una acreencia de %32.710. En General Pico figuran tres empresas: Granos del Oeste S.A, con $3.755.856,23, Fedea S.A. con $77.756.166,12 y Pelayo Agronomía S.A. con $7.777.139,69.
En Quemú-Quemú, la agroexportadora aún tiene que pagarle $1.150.304,43 a Cereales Quemú, mientras que a La Mariana S.A., de Catriló -cuya oficina funciona en la sede central de Lartirigoyen & Cía- , le adeuda $5.119.506,38. Por otro lado, Fideicomiso Cosechas del Sur, instalada en Miguel Riglos, espera el pago de $3.061.728,43. En la misma localidad se encuentra Trimag S.A., que espera cobrar una deuda de $380.754.
El listado se completa con Atreucó Cooperativa Agropecuaria Limitada de Macachín, a quien se le adeudan $988.237,22. De esta manera, siempre según el mapa elaborado, el total de la deuda que tiene la empresa con el sector agrícola pampeano es de $127.483.223

Composición de la deuda.
Según informaron diversos medios, la compañía le debe a 1.895 personas (físicas y jurídicas) por compra de granos, 586 por bienes y servicios, 37 entidades financieras, 19 organismos fiscales y aduaneros, 98 accionistas y a tres sociedades vinculadas.
La compra de granos es el segundo rubro con más peso en la composición de la deuda. Se trata de mercadería que le compró a productores y acopios de todo el país y que nunca pagó. En total, por este concepto, la agroexportadora quedó debiendo 25.656 millones de pesos, un poco más del 25 por ciento de su pasivo concursado, indicó AgroVoz.
En el caso de la compra de Bienes y Servicios, la firma santafesina debe 2.292 millones de pesos. A su vez, en relación a las deudas impositivas y aduaneras, el monto trepa a 1.655,2 millones de pesos y casi todo corresponde con los 1.525,1 millones de pesos reclamados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo restante de la deuda está compuesta por 351,2 millones de pesos de accionistas y 5.428,2 millones de sociedades relacionadas.

Maquieyra: «Es inconstitucional»
El diputado nacional Martín Maquieyra(PRO), se manifestó en contra de la intervención del Estado en la empresa Vicentin, señalando al hecho como «inconstitucional», al considerar que «la intervención debería ser realizada por un juez y no por el Poder Ejecutivo».
«Estamos muy preocupados por esta medida que tomó el Gobierno Nacional. Realmente es un abuso de autoridad y una falta a la Constitución Nacional. Como dice el artículo 109 de la Constitución, en ningún caso el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su poder para ejercer funciones judiciales», dijo el legislador.

En el último mes de Macri
Mientras el Gobierno nacional avanza con la intervención en Vincentin y el Congreso se prepara para tratar el proyecto de expropiación, el Poder Judicial accedió a un legajo que explica la trama política detrás del endeudamiento de la cerealera.
Según consta en los documentos del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, el 38,8 % de los créditos otorgados por el Banco Nación a Vicentin fueron aprobados en noviembre del 2019, el último mes completo del mandato de Mauricio Macri.
«La acreencia que figura en el concurso preventivo detalla que de los 72 préstamos efectuados por un total que supera los 18.000 millones de pesos, 28 se hicieron en la etapa final de la gestión Cambiemos cuando la crisis de Vicentin era vox populi», consignó La Política Online. A nivel montos, estos 28 empréstitos representan exactamente un tercio del total, es decir $5.900 millones.
El dato revela el apuro por beneficiar a una de las principales aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio antes de la asunción de Alberto Fernández, aún a costa de comprometer las finanzas del Nación.
El medio porteño informó que los préstamos a Vicentin constituyen el 20% de la responsabilidad patrimonial computable de la institución pública, lo que limitó fuertemente su capacidad prestable. La entidad que entonces comandaba González Fraga, es acreedora del 78% de la deuda en cuestión, cuyos montos denuncian que excedieron todos los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II, adoptados por el Banco Central.

Moralejo defendió intervención estatal
El ministro de la Producción de La Pampa, Ricardo Moralejo, defendió la intervención estatal en la empresa Vicentin y consideró que se trató de una «solución» necesaria. A su vez, confirmó que hay productores pampeanos afectados por la agroexportadora en concurso de acreedores.
En diálogo con Radio Noticias, el funcionario provincial destacó que fue «una solución que había que tomar», sobre «una empresa que hoy estaba paralizada, afectando a muchísimos productores». En ese sentido, comentó que en esa situación también hay «productores pampeanos afectados que han entregado o tenían cereales entregados y todavía no han podido negociar con la quiebra, y prácticamente no tienen respuesta ni referente ante sus reclamos».
Por estos motivos, consideró que el accionar del Gobierno nacional «es una forma de intervención, que posiblemente vaya a un tipo de expropiación, que en la situación en que se da me parece que es adecuado». Esto se debe a que, según Moralejo, «no se puede seguir poniendo dinero a empresas que ya le están debiendo al Estado millones y millones de pesos».
«Es un avance interesante», resaltó y reconoció la existencia de críticas por parte del sector privado. Sin embargo, manifestó que «hay que tener en cuenta que puede ser una empresa reguladora de precios y evitar en futuro avances de empresas internacionales que pueden estar en una condición predominante y fijar un precio que a veces no pueda ser adecuado para el productor».
«Porque todo funciona bien cuando los precios internacionales son buenos, peor cuando dejan de ser buenos es necesario estar trabajando para que las actividades productivas se sigan manteniendo. Hay que analizarlo en un contexto, la información que tenemos es poca y veremos en los próximos días como se avanza en esta propuesta que está haciendo el Gobierno nacional», concluyó el ministro.

Ricardo Alfonsín defendió la estatización de Vicentin
(Eduardo Castex) – El futuro embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, planteó que algunos sectores empresariales, periodísticos y políticos opositores al gobierno de Alberto Fernández pretenden que la expropiación de Vicentin desencadene en una crisis similar a la ocasionada por la resolución 125 en el año 2008. El dirigente radical apoyó la estatización de Vicentin.
«Es lamentable el pobre nivel de debate de la política en un tema serio como es la estatización de una empresa del mercado de granos, que es un sector estratégico para el país, no solo porque están en juego los alimentos sino también porque está en juego el ingreso de divisas para el país», destacó el dirigente radical.
Alfonsín aclaró que si fuera legislador votaría la expropiación de Vicentin porque es una empresa importante que dejó de funcionar. «La querían comprar empresas multinacionales y esto generaría mayor concentración de las exportadoras, y algunas empresas se aprovechan de esa concentración para acordar entre ellos y establecer las condiciones de comercialización que no son las mas convenientes para los productores», planteó.
El entrevistado indicó que los interesados en comprar Vicentin eran todas empresas extranjeras, y consideró que no es positivo que se continúe «desnacionalizando la exportación de los granos».
Alfonsín consideró que el Estado no se podía quedar de brazos cruzados porque la empresa le adeuda créditos por 1.350 millones de dólares. «Y además hay 7 mil empleados que están prendiendo velas para ver que pasa con su trabajo, y hay miles de productores y cooperativas a las cuales Vicentin no les pagó», destacó.

«Política estratégica».
El dirigente radical analizó que la decisión de Alberto Fernández fue «económica» y también «política estratégica» para que Vicentin pase a funcionar como una empresa pública privada, y se integre al ámbito de YPF «sería muy interesante para el país».
«Algunos se oponen porque creen que el Estado debe dejar que las actividades que puedan ser económicamente rentables las deben hacer solamente los privados. Y yo creo que es necesario que el Estado tenga herramientas en el sector para evitar la carterización, para evitar que se aprovechen de los productores, que haya subfacturación en las exportaciones, evitar las especulaciones en las liquidaciones de granos y divisas», planteó.
-Alfonsín, muchos sectores plantean que se debe defender a Vicentin, pero no se preocuparon cuando la empresa se estaba vaciando y tomaba deuda que no iba a poder cumplir.
-Es obvio que Vicentin compró e hizo negocios con productores y cooperativas sabiendo que no iba a poder cumplir con sus obligaciones de pagar, porque compró y a los pocos días se presentó en concurso de acreedores. Claro que es una cosa entre privados, pero es una cosa entre privados que nos perjudica a todos y al Estado lo clava en 1.350 millones de dólares.
-Tengo una sensación que hay sectores que pretenden convertir a Vicentin en un nuevo conflicto de las características de la resolución 125 del 2008.
-Y sí. Claro. Por supuesto, que sí. Ninguna transformación, buena o mala, se puede hacer sin el acompañamiento de la sociedad. La sociedad no se equivoca en este caso. Y espero que la sociedad no escuche los cantos de sirena del neoliberalismo. Si eso ocurriera y gana las próximas elecciones el neoliberalismo, va a venir por la desregulación del mercado laboral, para privatizar lo que queda del Estado, privatizar las jubilaciones, para arancelar y privatizar algunas universidades, abrir la economía. Y tendrán que pasar más años para que nos demos cuenta que estas teorías no dan resultado, porque en el mundo no dieron resultados estas recetas.

«Es gravísimo» el espionaje ilegal
Alfonsín calificó «gravísima» la denuncia de espionaje ilegal que se habría realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Criticó la postura de la dirigencia de la UCR nacional que «hace la vista gorda» o «mira para otro lado», en vez de pedir que se investigue y solidarizarse con los
correligionarios perseguidos por los figones macristas.
«Ahora, yo te pregunto, te imaginás si esto lo hubiera hecho este gobierno, las cosas que se hubieran dicho o si hubiera estado en el gobierno el Pro y hubieran descubierto algo así», graficó.
«Esto es gravísimo y la Justicia tiene que actuar a fondo con la mayor celeridad para determinar si fue una célula loca o había responsabilidades superiores, y se determinen las sanciones para quienes hicieron estos espionajes», dijo.
Cuestionó el rol de la dirigencia radical. «Me llamó la atención que algunos partidos hicieron la vista gorda, porque si yo fuera presidente de la UCR lo primero que hubiera pedido es que se investigue a fondo, porque si bien nosotros no gobernamos, fuimos socios de Cambiemos», planteó. «Pero, parece que es más correcto callarse la boca y no decir nada. Es una vergüenza», agregó.
Se le recordó que en La Pampa tenemos el caso del senador Juan Carlos Marino. «Fue víctima. Ya Marino hizo denuncias (en su momento) porque fue víctima, y ya algo se decía. No sé que esperan los radicales para ser solidarios con los correligionarios. Están pidiendo más
explicaciones los del PRO que los radicales. Esta actitud de los radicales no tiene nada que ver con la historia del partido», aseguró.