25 de Mayo: piden a Villalva la intervención de la comuna
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo repudió los dichos del intendente local David Bravo, que había dicho que en caso de ser destituido "no aseguraba la paz social", y reclamó la intervención del municipio al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia.
En un capítulo más del conflicto institucional entre el municipio y el Concejo Deliberante -hoy con mayoría opositora-, el jefe comunal había realizado esas declaraciones a medios locales luego de que desde el cuerpo se reclamara información al Tribunal de Impugnación Penal sobre si estaba firme la condena a Bravo por abuso de autoridad por autorizar de manera irregular un cabaré. Los representantes quieren iniciarle un juicio político para desplazarlo.
De esta manera, el concejal del PJ, Ricardo Poyo, presentó un proyecto, que fue acompañado por las firmas de los tres ediles de Pueblo Nuevo, y que fue aprobado por mayoría. En el recinto fue respaldado además por el voto del concejal Nicanor Romero (PRO), mientras que los otros dos justicialistas, los vernistas Alejandro Bustos y Mercedes Pineda se abstuvieron -igualmente dieron su apoyo para reunir los dos tercios- y la bravista Liliana Retamales votó en contra.
Violencia.
En los fundamentos, Poyo indicó que en 25 de Mayo, "no se cumple con los principios mínimos y básicos que aseguren el régimen municipal, ni la trasparencia en la gestión y manejo de los fondos públicos" y que por eso "se está evaluando el inicio de juicio político al señor Intendente, en virtud del desmanejo existente en las cuentas públicas y alto nivel de corrupción".
"Como respuesta a tal cuestión, desde el Ejecutivo se amenaza con fomentar puebladas e incitar la realización de desmanes por parte de grupos sociales violentos que responden a instrucciones del señor intendente, con la finalidad de alterar la paz social en la localidad", indicó la iniciativa.
Esos dichos, "resultan ser una amenaza a este cuerpo deliberante con la finalidad de coartar la libertad de funcionamiento y conciencia de sus miembros, además de instigar a la violencia, conductas que claramente subvierten el régimen municipal", expresó.
Poyo en su texto afirmó además que las actitudes de Bravo "no garantizan los principios de un Estado de Derecho" y que ante ese hecho resultaba "necesario requerir la rápida intervención y auxilio a las autoridades provinciales".
Durante la sesión, el edil del PJ indicó que hay antecedentes como cuando fue golpeada la concejala Miriam González en el período anterior por militantes identificados con el bravismo. Los tres representantes de Pueblo Nuevo manifestaron que también fueron agredidos cuando se fueron del partido y uno de ellos, Roberto Molina dijo que estaba "preocupado por la gente".
Por su parte, Romero, que es el viceintendente, afirmó que "la violencia no solo puede ser física, también puede ser verbal y este concejo recibe violencia verbal todos los días". El concejal del PRO manifestó que es atacado por la radio municipal diariamente.
La iniciativa.
El proyecto pidió en su artículo 1 "repudiar enérgicamente los dichos del intendente David Edgardo Bravo, en tanto fomentan e incitan a la violencia social y quebrantan los principios fundamentales del sistema democrático de gobierno adoptado por nuestra constitución provincial".
Y en su artículo 2 poner todos los hechos en conocimiento de las autoridades provinciales, "girándose mediante atenta nota al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, para que por su intermedio se auxilie y garantice, a través de los remedios que nuestra Constitución Provincial establece, la paz social, el cumplimiento de las leyes y principio democráticos de gobierno, en la localidad de 25 de Mayo, evitándose por todos las medios que se subvierta el régimen municipal conforme los establece el artículo 119 de nuestra constitución provincial".
La carta magna pampeana en su artículo 119 establece que "en caso de acefalía o subversión del régimen municipal, el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, podrá intervenir el municipio por un término no mayor de ciento ochenta días a los efectos de restablecer su funcionamiento, debiendo convocar dentro de ese plazo a elecciones a fin de constituir nuevas autoridades. Si Diputados se hallare en receso, el Poder Ejecutivo podrá decretar la intervención, dándole cuenta oportunamente de la medida adoptada".
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