Familiares dudan de la justicia que exculpó al padre del menor

La justicia pampeana absolvió a un padre acusado de haber abusado sexualmente de un niño menor de edad. Dos primas del niño redactaron una carta en la que cuestionaron la decisión del juez.
Se trata de un hecho de abuso que sacudió a la pequeña localidad de Quehué hace más de cinco años. En aquel entonces un vecino descubrió a un padre, empleado de la municipalidad, torturando físicamente a su pequeño hijo en el patio de una vivienda. Con algunas pruebas, el testigo radicó una denuncia que luego derivó en un juicio contra el hombre, donde la justicia lo condenó a ocho meses de prisión en General Acha, de los cuales se hicieron efectivos entre 10 y 15 días. Luego, el acusado recobró su libertad, de la cual goza hasta la actualidad.
Poco tiempo después, desde el Area de Niñez y Adolescencia, por medio de una asistente, corroboraron que, además de haber sido torturado físicamente, el niño había sufrido abuso sexual. Incluso, el mismo niño le habría confesado a dos primas (mayores de edad) que su padre había abusado sexualmente de él. Por otra parte, los padres habían perdido la patria potestad sobre el menor a principios del año pasado, aunque tres años antes de que se dispusiera esto el niño había sido retirado de la vivienda para ser alojado luego por familias de contención en Santa Rosa.
Más acá en el tiempo, en una primera instancia de juicio celebrada el pasado 1º de septiembre, la madre del niño defendió en su declaración a su marido argumentando que era inocente. Luego se celebró otra instancia, en la que el juez Andrés Olié le otorgó la absolución al padre por el derecho a la duda.
Familiares del menor, sabiendo ya la decisión del juez, se mostraron sorprendidas por lo ocurrido y por medio de una carta abierta enviada a varios medios de comunicación expresaron su descontento con la absolución dictada por la justicia. Sin embargo, valoraron la actuación del fiscal José Luis Coito, quien el pasado lunes apeló la decisión del juez y ahora deberán esperar entre dos y tres semanas para conocer si el tribunal acepta o no la apelación.

La carta.
La carta de las familiares señala textualmente: "Las abajo firmantes, motivadas por no comprender cabalmente el término de justicia ante un hecho que nos llega a lo más profundo de nuestro ser y que se desploma sobre lo que creíamos que era, deseamos manifestar nuestro sentir. Sin lugar a duda, siempre creímos que la justicia como institución era la herramienta por excelencia para resolver los conflictos acaecidos de la convivencia social y la protección de la dignidad humana. Más aún, cuando lo que había que proteger es la dignidad humana de una persona menor, sintiendo esta parte que ante un caso de abuso sexual de un menor ocurrido en la localidad de Quehué, provincia de La Pampa, siendo investigado inicialmente en la causa su propio progenitor como posible autor, la maquinaria judicial debía llevar adelante las acciones pertinentes para morigerar el daño que había sufrido la criatura (razones obvias, hacen que no se dé el nombre de la persona menor de edad en cuestión).
Tal como se deja expresado al principio, manifestamos nuestro sentir y sin saber cuestiones puramente relacionadas al derecho y su aplicación, pero sí poniendo de manifiesto desde nuestro inconsciente colectivo y hoy derrumbado concepto de justicia. El sabor y experiencia que nos queda resulta amarga, con la sensación de que en principio para el Ministerio Público Fiscal el expediente debía solamente tramitar y seguir su recorrida por los pasillos de tribunales, a sabiendas que el tiempo y los plazos en la justicia son cruciales. Es por ello por lo que, como párrafo aparte, valoramos la actuación sobre el tramo final del juicio la intervención de un nuevo fiscal, (José Luis) Coito.
Si durante todo el tiempo que duró el caso costaba entender la lentitud de la justicia, preguntarse dónde estaba la contención al menor que por razones lógicas estaba desarraigado de su pueblo y libre a merced de cualquier peligro bajo las luces de la capital pampeana, más difícil resulta ahora, luego de que una sentencia judicial firmada por el juez Andrés Aníbal Olié el pasado 18 de septiembre absolviera al acusado porque a su criterio no pudo establecer claramente el nexo causal, aunque la agresión física y moral hacia el menor sí se encuentre acreditada. En términos más simples, el juez no dio por acreditada que la conducta del investigado fuera la que causó el daño a la persona menor de edad en cuestión.
Sabemos que la justicia no puede actuar en conformidad con lo que cada ciudadano quiere o cree que debe actuar, pero los interrogantes como familiares del menor se nos acrecientan porque dada esta situación lo primero que se viene a la mente es ¿y ahora? Si no se pudo establecer nexo causal (el autor directo) entonces ¿quién fue?, ¿qué no se hizo desde la maquinaria judicial para llegar a una verdad absoluta?
Resulta imperioso volver a dejar en claro, solo es una expresión de sentimiento y no es objetivo acusar a nadie, simplemente expresar lo que sucede ante un hecho que un no podemos comprender con respecto a la actuación de la justicia.
A modo de reflexión final, creemos que como sociedad necesitamos un Poder Judicial con más calidad humana y de una legislación clara, concreta y dotada de este último valor humano mencionado porque es lo que merecemos como sociedad". La carta lleva las firmas de Silvana Lorena y Andrea Stefanazzi.