Martes 26 de marzo 2024

Grave denuncia contra ex funcionarios

Redacción 07/06/2012 - 04.25.hs

(General Pico) - La Justicia piquense investiga desde ayer un grave denuncia penal por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública", que se habría cometido en la Municipalidad de Caleufú por la anterior gestión comunal.
Según fuentes judiciales, el monto del dinero faltante rondaría los 400 mil pesos y la denuncia fue realizada por las actuales autoridades municipales en compañía de un asesor letrado ante el Ministerio Público Fiscal. Allí documentaron la imputación, que en principio involucraría a la anterior viceintendenta de Caleufú, Susana Martín, y quien ejercía la función como tesorero.
De acuerdo con la fuente, la gestión que asumió en diciembre de 2011 inició una serie de averiguaciones en busca de determinar la situación económica y financiera de la comuna. Desde hace varias semanas había detectado un dinero que no estaba en las arcas municipales ni registros de haber sido depositado en algunas de las cuentas públicas.
El vocero indicó que la supuesta irregularidad se detectó a partir de rastrear 380 mil pesos que llegaron a la municipalidad. Presuntamente, esa suma fue girada cuando el anterior intendente, el radical Carlos Irrazabal estaba de licencia y quien ejercía el Ejecutivo municipal era la viceintendenta.
La fuente explicó que ese dinero fue "prestado" a productores rurales de Caleufú que habrían devuelto la suma con cheques. Pero el dinero nunca apareció acreditado en las cuentas oficiales de la comuna. Ante la falta de respuesta, las actuales autoridades se presentaron en la fiscalía de General Pico y denunciaron la supuesta irregularidad.

 

Seria.
Se pudo establecer con certeza que la denuncia "es muy seria" y estaría profusamente documentada por los denunciantes. En la causa figurarían fotocopias de los movimientos bancarios, de los cheques de los productores y de la remesa de dinero enviada por el Fondo Sojero a la municipalidad.
En principio se estaría ante el posible delito de "fraude en perjuicio de la administración pública", y los posibles imputados no podrían acceder al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, más conocida como "probation", ya que se trata de un perjuicio al Estado. Los potenciales imputados si son hallados culpables podrían recibir una pena de prisión en suspenso.
La causa quedaría en manos del fiscal de Delitos Complejos, Maximiliano Boga Doyhenard, que en pocos días podría ordenar la citación de la entonces viceintendenta y el tesorero. Además, no se descarta que se ordene otro tipo de diligencias contables para corroborar el posible fraude y más testimonios de ex funcionarios.

 


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