Juez de Faltas achense irá a juicio

(General Acha) - El juez regional de Faltas Sebastián Sancho irá a juicio oral y público. Se lo acusa de violación de los deberes de funcionario público, ya que "en tiempo récord" y "sin el menor recaudo legal" levantó la clausura preventiva que la Justicia había dispuesto sobre el prostíbulo "El Delfín".
Tras un allanamiento llevado a cabo en el lugar, se detectó la presencia de mujeres que ejercían la prostitución. Además, Marta Arminda (dueña) y su hijo Carlos Raúl Silva, deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los hechos habrían ocurrido, al menos, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 5 de julio de 2012.
Acorde a lo requerido por la fiscal federal Adriana Zapico, el Juzgado Federal de Santa Rosa dispuso la elevación a juicio de las tres personas, en el marco de la causa donde se investiga una red que explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo "El Delfín", ubicado en General Acha.
La mujer está acusada de haber recibido al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas en su local nocturno. Su hijo, en tanto, habría participado junto a otro hombre en el traslado y recepción con fines de explotación sexual de una joven oriunda de la provincia de Misiones, mediando engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad para explotarla sexualmente en el boliche de su madre.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, el hombre vivía en la casa de su madre junto a las víctimas. Para el Juzgado, "no podía desconocer la situación en que las mujeres se encontraban, ni la labor que desarrollaban en 'El Delfín', ni la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban", informó el sitio oficial Fiscales.

Juez de faltas.
En relación al juez regional de faltas Sebastián Sancho, la fiscal federal indicó que "violó abiertamente sus deberes de funcionario público, contrariando -sin justificación alguna que amerite su proceder-, frente a la expresa disposición de la fiscal federal con relación a la clausura del local".
De manera coincidente, el Juzgado Federal de Santa Rosa señaló que el levantamiento de la clausura preventiva ordenada por una funcionaria judicial del MPF, en pleno ejercicio de sus funciones, y sin siquiera cerciorarse mínimamente de los motivos que llevaron a la autoridad a ordenarla, configura la conducta ilícita que prescribe el artículo 247 del Código Penal.
"El imputado actuó dentro de su esfera de autoridad, ahora bien esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que levantó una clausura en tiempo récord -en menos de 24 horas-, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto", señala el auto de elevación a juicio.

Allanamientos.
El primer operativo se hizo el 11 de noviembre de 2011. En esa oportunidad, se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y otra argentina. Pero, a través de otros hechos, se determinó que también había, al menos, cuatro mujeres más, oriundas de la provincia de Misiones.
En ese mismo procedimiento también se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación aledaña a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y un recipiente con preservativos utilizados.
Posterior a eso, el local quedó clausurado por pedido de la fiscal interviniente, Marta Odasso. Sin embargo, el entonces juez regional de faltas, y ahora acusado, levantó esa medida por entender que "no se había cometido falta alguna".
En junio de 2012 una de las víctimas sufrió agresiones y golpes que habrían sido propinadas por "un cliente" que estaba allí. Esto motivó que la joven realizara una denuncia en la que detalló que se encontraba junto a otras cuatro mujeres "alternadoras". Esto derivó en una solicitud por parte del MPF de un nuevo allanamiento en el local y en el domicilio particular de la dueña. Esos operativos se llevaron a cabo el 16 de junio de ese mismo año.
En el domicilio particular fueron encontrados tres hombres, entre los cuales se encontraba el hijo de la dueña del prostíbulo, mientras que en el boliche se encontraban presentes la encargada y dos víctimas. Además, se logró el secuestro del denominado "libro de pases", libretas sanitarias y talonarios dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos. Asimismo, se les tomó declaración testimonial a dos víctimas.

Las víctimas.
La investigación permitió establecer que allí trabajarían mujeres como "coperas", y que en ese lugar se hacían los denominados "pases" con "clientes" del bar a cambio de un precio que pactaban con Silva, quien les retenía el 30 por ciento.
Las mujeres detallaron que todas vivían con la dueña del local en su casa, que ella les alquilaba una habitación y que todos los gastos debían pagarlos ellas a partir de lo que ganaban en el local. Asimismo, afirmaron que no tenían días francos ni contaban con permiso para salir del lugar cuando no se encontraban trabajando, por lo cual se sentían controladas. Por otra parte, también señalaron que debían devolver los gastos del traslado hacia el lugar, que habían sido solventados por Silva.
El dinero que les quedaba como ganancia se lo entregaban a Silva quien, con la excusa de haberlo depositado en el banco por razones de seguridad, se negó sistemáticamente a entregárselo. Así, generó una situación de total dependencia por parte de las víctimas.
En una oportunidad, luego de reiterados reclamos, amenazó a una de ellas con una multa si no iban a trabajar, mientras que a otra le negó cualquier ganancia que pudiera corresponderle. Salvo para los gastos de comida y alojamiento, ninguna tenía dinero disponible para solventarse los pasajes en caso de querer regresar a su lugar de origen, sostuvo Fiscales.

Una cuarta imputada, sobreseída
En la causa había una cuarta imputada, Nicolasa Beatriz Cárdenas, quien cumplía el rol de encargada del boliche, a quien el juzgado le dictó falta de mérito en 2013.
Asimismo hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, quienes en ese entonces eran intendenta de esta ciudad y secretario de Gobierno, y fueron oportunamente sobreseídos.
Esa resolución fue apelada por el fiscal de instrucción de ese momento, Juan Baric. Sin embargo, en febrero de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida sobre ellos y Cárdenas.
Finalmente en agosto de 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de Bassa y García, quienes se encontraban acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa se inició el 8 de noviembre de 2011 mediante un requerimiento de instrucción realizado por el MPF, donde se solicitó el allanamiento y clausura del local nocturno "El Delfin", ubicado en el kilómetro 27,5 de la ruta nacional 152. La instrucción de la causa estuvo a cargo primero de la fiscal Marta Odasso, luego de Juan Baric y posteriormente de Adriana Zapico.