Limay Mahuida: investigan a jefe comunal por malversación

El presidente de la comisión de fomento de Limay Mahuida, Angel Antonio Gutiérrez, es investigado por la fiscalía de 25 de Mayo por supuesta malversación de fondos públicos. El hecho se registró en el mes de julio de 2015, y también se encuentra implicado el tesorero de ese entonces, Cristian Sánchez.
La causa se inició a partir de la remisión oportunamente efectuada al ministerio público fiscal, por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia, en función de lo que se desprendió del expediente tramitado ante el Tribunal de Cuentas de La Pampa.

Rendición.
En el marco de esa intervención, se aprobó en forma parcial la rendición contable perteneciente al período de julio de 2015, por lo que además formuló cargos por la suma superior a los 37 mil pesos.
El gobierno provincial envió una partida a la comuna de Limay Mahuida, destinada específicamente a cubrir los gastos electorales de los comicios que se desarrollaron en julio de 2015. De acuerdo a lo solicitado y gestionado por el propio jefe comunal, ese dinero era para pagar alimentos y bebidas a aquellas personas que debían hacer distancias muy pronunciadas para poder votar.

Un fin partidario.
El tema fue que parte de esa partida, poco más de 37 mil pesos, fueron usados para pagar el hospedaje, alimentos y bebidas del viaje que se hizo desde esa población hacia la capital pampeana, para participar del acto electoral que tuvo como principal protagonista a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo aquel 25 de junio de 2015, Gutiérrez dispuso que la combi de la comisión de fomento se traslade desde ese pueblo del oeste pampeano, hasta Santa Rosa. Lo que se investiga es que, más allá que utilizó un transporte oficial para llevar a vecinos y vecinas de Limay Mahuida a un acto netamente electoral y partidario. Usó parte del dinero que tenía otro fin, a pagar alimentos, bebidas y el hospedaje en Santa Rosa. Aunque Gutiérrez y Sánchez justificaron los gastos hechos mediante la presentación de facturas, el Tribunal de Cuentas decidió formular cargos contra ellos.

Pena.
El Código Penal Argentino (CPA) prevé para el delito de malversación de caudales públicos en su artículo 260, que "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída".