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250 presos políticos masacrados por orden de Alan García

A 33 AÑOS DE LAS MASACRES EN CARCELES PERUANAS

El 19 de junio de 1986 el presidente de Perú, Alan García, ordenó una masacre en tres cárceles. Murieron 250 prisioneros, en su mayoría de Sendero Luminoso.
SERGIO ORTIZ
Aquella masacre continúa impune, a pesar de las denuncias judiciales y reclamos de los familiares de las víctimas a lo largo de treinta y tres años, cumplidos ayer.
Pruebas no faltaron porque los procedimientos tuvieron responsables políticos en el gobierno del APRA, en su presidente y varios ministros, sí como los jefes de Ejército, Marina y Aeronáutica y de los cuerpos policiales que intervinieron en la matanza.
Hay factores que agravan ese genocidio. Los cuerpos de los asesinados no fueron entregados a sus familiares, salvo en treinta casos. El resto sigue dentro de cajas de cartón en una fiscalía de Lima, sin ser devueltos a sus familias que quieren tener un lugar donde enterrarlos y llevarles una flor. El argumento es que no hay presupuesto para hacer los análisis de ADN.
Con matices, pues García había ganado elecciones en nombre de un partido de origen popular, su gobierno aplicó políticas y planes genocidas para enfrentar la guerra popular iniciada en 1980 por el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) en la provincia de Huamanga, departamento Ayacucho. Allí tenía su centro de actividades el comité partidario dirigido por el abogado y filósofo Abimael Guzmán, alias «presidente Gonzalo».
Con motivo de cumplirse ayer 33 años de aquella masacre, varios familiares de esos asesinados visitaron Córdoba y Buenos Aires, y LA ARENA tuvo la oportunidad de conversar con ellos. Entre los visitantes estaban María, hermana de Alfonso González Toribio, estudiante de la Universidad de San Marcos, muerto en El Frontón. También dio su testimonio Nery, hermana de Segundo Chávez, asesinado en El Frontón, y tía de Inter Chávez Cruz, que cayó en Lurigancho. También dijo lo suyo Delia, la hermana de Víctor Vidal, asesinado en Lurigancho.

La masacre.
María denunció que aquello fue un genocidio y que no pueden recuperar los cuerpos. Siguen en una fiscalía de Lima alegando imposibilidad de hacer los ADN.
Delia especificó que hubo un plan para liquidar, dentro de la guerra contrarrevolucionaria, al sector más débil, los prisioneros de guerra. Que ya habían empezado a envenenarlos con vidrio molido en sus alimentos
Por su parte Nery, en su tono combativo, precisó que la abrumadora mayoría de los presos no estaban condenados sino que eran detenidos y procesados, por lo que se debía presumir su inocencia.
Ella cuestionó a la Justicia, que no hizo prácticamente nada; apenas un juicio de dos días por El Frontón. Y en su denuncia ante la CIDH sólo lograron se trataran dos casos de esa cárcel, pero sin alterar la impunidad del genocidio.
Contó que recién en 2016, a treinta años de la matanza, les entregaron 23 cuerpos; a ocho de éstos los familiares decidieron enterrarlos juntos, en un pequeño mausoleo en una parcela que adquirieron con esfuerzo en un cementerio, de la punta de un cerro, en Comas (Lima). Pero en diciembre de 2018, con el gobierno del corrupto Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, del Cartel de Lima, agentes armados con rostros tapados retiraron los cuerpos y los dispersaron como NN, y luego se demolió el panteón.
Desde 1992 se acabó la guerra popular; no hay guerra ahora, dijo Nery. Igual siguió el genocidio, «negándonos una tumba donde recordarlos y persiguiendo judicialmente a los familiares de Afadevig» (Asociación de Familiares de Víctimas del Genocidio).

¿Tres perpetuas para Guzmán?
A los familiares los acompañaba en este periplo argentino Miguel Sánchez Calderón, integrante del colectivo de abogados «Ratio Iuris». El denunció las abrumadoras diferencias en número de efectivos y el armamento empleado en la masacre. En El Frontón, la marina lanzó misiles contra el Pabellón Azul donde estaban los presos senderistas y luego aplicó explosivos plásticos a las columnas exteriores del mismo, para demolerlo. Las autopsias indicaron que la mayoría de las muertes fue por aplastamiento.
Hablando de la valentía de los luchadores en lo que se recuerda como «Día de la Heroicidad», citó a un jefe de la Marina, represor en el procedimiento. Ante el coraje de esos presos dijo: «con 500 como éstos hubiéramos ganado la guerra con Chile» (entre 1879 y 1883).
La línea de los genocidas era «matar a todos, quemar todo y robar todo», en armonía con la doctrina contrarrevolucionaria que bajaba de Washington.
Habiendo concluido la guerra popular en 1992, Abimael Guzmán impulsó la creación de un partido político legal, el Movadef, (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), que reunió 380.000 firmas para su reconocimiento legal en un primer tramo. Tuvo 500.000 en una segunda etapa y otras 500.000 en la tercera.
Sin embargo, en vez de legalidad el Estado les hizo un juicio a 40 dirigentes, incluido Guzmán y su abogado Alfredo Crespo. Guzmán tiene 84 años, varias enfermedades y nunca fue llevado a un hospital; carece de visitas y está enterrado en un calabozo de aislamiento a varios metros de profundidad en la Cárcel Naval del Callao. Tiene dos condenas a perpetuas, habiendo sido juzgado por tribunales «sin rostro» de tiempos de Fujimori, más otras penas de 80 años de cárcel. Ahora pueden darle la tercera perpetua, lamentó el abogado.
Argentina tiene a las Madres y Abuelas que siguen buscando los nietos robados y ya ubicaron al número 130. Perú tiene estos familiares que siguen luchando por la Memoria y la Justicia, y un lugar donde llevar un rosa roja o clavel de ese color a sus seres queridos.
En 1986 el peronismo empapelaba Buenos Aires con un afiche que tenía el rostro del presidente peruano y esta leyenda: «Ay Patria mía, dame un presidente como Alan García». Era un tiro contra Raúl Alfonsín. Han pasado 33 años de la masacre y de ese elogio al criminal que se suicidó en abril pasado porque iba a ir preso por recibir coimas de Odebrecht. ¿Alguna autocrítica en el PJ? ¿O seguirá el cric cric?