A la caza de Lula (I)

JEFERSON MIOLA*
La decisión de acelerar el juicio al expresidente Lula en segunda instancia, es la quintaescencia del régimen de excepción y del terrorismo jurídico instalado en Brasil. El juicio de Lula tendrá un trámite totalmente excepcional, mucho más rápido que el ritmo normal de juicio del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que en promedio consume 14,5 meses para dictar una sentencia de segunda instancia.
Lula, sin embargo, será juzgado en el tiempo récord de apenas cinco meses. Es una decisión arbitraria que tiene motivación exclusivamente política. La aceleración del juicio expone la mecanización procesal operada en el contexto del llamado "derecho penal para enemigos", opuesto al "derecho penal del ciudadano".
La violencia sobre el "reo-enemigo" es pesada: suspensión de los derechos y de las garantías legales y procesales; condena previa, sin pruebas y basada en "convicciones"; y extremo subjetivismo de investigadores e la Policía Federal, procuradores y jueces, todo protegido y dimensionado por una brutal y constante masacre del terrorismo mediático, en la que la Red Globo ocupa un papel destacado.
El régimen de excepción anticipa la condena de Lula para inviabilizar su candidatura presidencial, considerada como imbatible en cualquier escenario proyectado para 2018 y contra cualquier opción electoral probada por la clase dominante hasta ahora.
Esta carta jurídica de excepción es la compensación de la oligarquía golpista a la incapacidad de evitar la elección del ex presidente Lula en las urnas. La oligarquía intenta, con este golpe dentro del golpe, asegurar la continuidad del mismo y de las políticas antipersonales y antinacionales que están devastando y colonizando el país.
Sólo Lula tiene autoridad política y moral para restaurar la democracia y el estado de derecho y dar inicio a la reconstrucción económica y social de Brasil. La prohibición de Lula, si se consuma, podrá sumergir al país en un ambiente de inestabilidad y conflicto social de dimensión impensable. Cualquiera que sea el resultado de una elección fraudulenta, éste jamás será aceptado por el pueblo brasileño.
La oligarquía golpista demostró que, en un escenario de mayor ilegalidad e ilegitimidad del régimen, no dudará en adoptar medidas autoritarias y antidemocráticas necesarias para su mantenimiento. (Nodal).

*Integrante del Instituto de Debates, Estudios e Alternativas (Idea) de Porto Alegre.

A la caza de Lula (II)
EMIR SADER*
Lula ya tiene fecha para el juicio en segunda instancia, el 24 de enero de 2018, cuando pretenden que se vuelva ilegalmente imposibilitado para candidatizarse a la presidencia de Brasil. Se han batido todos los records, para agilizar la condena, más todavía conforme se dan cuenta de que cada mes, cada semana, cada día que pasa Lula se vuelve más fuerte, gana más apoyo, recorre más territorio de Brasil con sus Caravanas.
Hay, entonces, que condenarlo lo más pronto posible. A lo mejor elevar la pena de nueve años y medio a más, a 15, a 20 años. Para hacer coro con los medios, que han vuelto a propagar en sus editoriales que lo único que pueden hacer es apresar a Lula. Caso contrario él va a incendiar el país, con su odiosa comparación entre lo que él ha hecho, cuando ha presidido el país, y lo que hacen ellos.
Rápido, más rápido, antes que Lula vaya al norte del país, a la Amazonia, que ellos quieren entregar a los gringos. Antes que vaya al sur, bastión de la derecha, conquistar el apoyo popular, antes que Lula, con sus Caravanas, desarticule lo que hasta recién era el reinado de la derecha.
Pero las cosas no son tan fáciles. Si no hay unanimidad en la decisión, en esa instancia misma hay recursos. Caso contrario, habrá recursos en el Supremo Tribunal Federal. Y, sobre todo, como se puede hacer todo con las bayonetas y las condenas, salvo sentarse sobre ellas, hay el pueblo en las calles. Ya se verá quien tiene más fuerza. Lula está muy tranquilo. Como siempre dice: ha probado su inocencia, ahora los chacales tienen que probar su culpa. (Alai).

*Sociólogo, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro.