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A qué se debe tanto enojo

El informe que publicó ayer este diario sobre las colosales ganancias que obtienen las compañías que prestan los servicios de telefonía celular, internet y televisión paga del mayor holding comunicacional del país, es por demás elocuente. Las cifras de seis y más ceros marean al hombre o la mujer de la calle pero dan cuenta de las fortunas que embolsican todos los años los dueños de estos poderosos oligopolios.
El enojo que mostraron contra el gobierno por declarar esas actividades como servicios públicos obedece, desde luego, a un afán de lucro desmedido que no acepta ningún límite por parte del Estado para equilibrar un poco las cosas. Los altos valores que cobran por sus prestaciones se nota directamente en los bolsillos de los usuarios quienes tienen muy pocas herramientas para reaccionar pues son muy pocas las empresas que prestan esos servicios y, en muchas provincias, existen situaciones de monopolio.
El Grupo Clarín logró edificar un gigantesco entramado societario desde la década de los noventa del siglo pasado cuando bajo el menemismo se quedó con Canal 13 y buena parte de la TV por cable de todo el país gracias al manejo del negocio del fútbol televisado. Entrado este siglo fusionó bajo su puño Cablevisión y Multicanal, más tarde adquirió una empresa de telefonía celular con un «regalo» adicional del macrismo que le otorgó a precio vil las frecuencias para operar; la frutilla del postre llegaría después con la mega-asociación con Telecom. A todo ello hay que sumarle el diario de mayor circulación del país y la radio porteña de AM de mayor audiencia.
No existe en otro país del planeta una concentración tan desmesurada de poder comunicacional. Hasta en las economías más liberales -como la norteamericana y la británica- poseen una legislación antimonopólica que impide tamaña aglomeración. Aquí la Ley de Medios Audiovisuales sancionada durante el kirchnerismo intentó un proceso de desmonopolización pero entre los muchos jueces aliados del Grupo y el gobierno de Macri desbarataron ese intento que hubiera permitido abrir el juego a muchas otras empresas, tanto de capital como cooperativas.
Los ataques a la medida presidencial por parte de todos los medios que pertenecen al Grupo Clarín y a otras empresas -América TV, La Nación, Infobae y otras menores- obedecen a un claro intento de mantener una situación de privilegio. Ahora las compañías no podrán castigar las economías familiares con aumentos de precios a su antojo como lo hicieron hasta ahora.
Los santarroseños recordamos muy bien cómo eran las cosas con el monopolio de la televisión por cable antes de que entrara en funcionamiento el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. La calidad del servicio, la atención a los usuarios y, sobre todo, los precios fueron tan diferentes que en muy poco tiempo el número de abonados superó holgadamente a los del Grupo Clarín. Solo cuando era inminente la entrada en funcionamiento de CPE-TV, la compañía se acordó de ofrecer tarifas más razonables. Pero ya era tarde.
Al evaluar esta decisión del gobierno nacional, un reconocido dirigente cooperativista santarroseño no dudó en calificarla como «un salto adelante».