Abogados denuncian a Macri en la ONU

Sostienen que el gobierno tiene un "plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial" que afecta el estado de derecho.
CARLA PELLIZA
La entidad Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó una denuncia ante la ONU en la que presentó casos que muestran el "riesgo que corre el estado de derecho y el propio sistema democrático". La presentación se hizo ante el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se actualizó con los ataques contra Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores que investiga la causa de una red de espionaje ilegal y que fue atacado por el Gobierno.
En su escrito, AJUS denunció un "plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial y que involucran a los poderes políticos y económicos, en connivencia con las empresas hegemónicas de medios de comunicación". Mediante este plan, se vio "vulnerada la estabilidad de los funcionarios judiciales y el equilibrio de la representación en las instituciones y órganos del Sistema Judicial".
Esta vulnerabilidad fue posible gracias a "amenazas explícitas, acciones mediáticas de desprestigio, utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias adversas a los intereses políticos y económicos, y la cobertura de cargos por mecanismos contrarios a la legislación entre otros", argumentó la organización.

Trece casos.
Para respaldar la denuncia desde AJUS abordaron trece casos -que ilustran las "injerencias del presidente Mauricio Macri y sus legisladores sobre el sistema judicial"- entre los que se destacan, además de amenazas y acciones mediáticas de desprestigio, "la utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias adversas a los intereses políticos y económicos dominantes, con un claro objetivo de persecución a opositores políticos":
1) La designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, en relación a Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti.
2) La cooptación política del Consejo de la Magistratura: "Se ha lesionado la independencia que debe tener la entidad encargada de la selección de jueces, toda vez que la intervención del Poder Ejecutivo ha torcido su natural equilibrio".
3) El ataque a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, una operación política de desgaste y desprestigio que logró su cometido al provocar su renuncia.
4) La manipulación de la jubilación de Helena Highton de Nolasco, la arbitrariedad de su mantenimiento y el cambio de su posición jurídica: "la decisión del Poder Ejecutivo de no apelar un fallo de primera instancia logró consolidarla en la Corte Suprema más allá del límite etario establecido por la Constitución. A partir de ese momento carece de la apariencia de ser libre al momento de emitir sus votos ante los ojos de un observador independiente, dado el elevado grado de politización que existió para su permanencia en el cargo".
5) La designación ilegal del juez Juan Manuel Culotta en la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires que vulneró "los estándares internacionales de independencia de los magistrados, dada la manifiesta politización de la subrogancia de Culotta a partir de la petición que realiza el Poder Ejecutivo".
6) La designación ilegal del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal "violentando las garantías de juez imparcial, sin realizar el proceso de selección para la designación y nombramiento de magistrados".
7) La designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal "con la sola voluntad e intervención del partido político a cargo del Poder Ejecutivo Nacional" generando "un indeseable estado de presión y parcialidad a la hora de dictar resoluciones".
8) El ataque a los abogados y jueces laboralistas por parte de Mauricio Macri y sus legisladores: "El Poder Ejecutivo, mediante sus declaraciones públicas, más el pedido de enjuiciamiento realizado por el Ministro de Trabajo a los magistrados que dictaron sentencias contrarias a los intereses gubernamentales marcan a las claras tal indebida injerencia del poder político buscando el disciplinamiento de los magistrados y abogados".
9) El ataque por parte de Mauricio Macri y sus legisladores al juez Daniel Eduardo Rafecas y su sanción mediante la "utilización del sistema de control judicial para disciplinar magistrados que no concuerdan con los intereses gubernamentales".
10) El ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah por parte de Mauricio Macri y sus legisladores: "Injerencias y amenazas utilizadas por el gobierno para lograr el sometimiento de la Cámara Federal de Apelaciones Penal de la Capital Federal".
11) El ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla mediante "amenazas públicas y sometimiento a un jury de enjuiciamiento, en busca de manipular la investigación que desnuda complicidades entre la Agencia Federal de Inteligencia, periodistas y sectores del Ministerio Público Fiscal".
12) La manipulación de fiscales en la causa del Correo Argentino: "El viscoso entramado empresarial del Presidente de la República, como accionista y directivo de un holding de empresas contratistas del Estado, es un claro conflicto de intereses, y cómo a partir de ello se han ejecutado diversas tácticas tendientes a romper la independencia de los operadores judiciales y lograr una mejor situación económica y judicial de la empresa familiar".
13) Las presiones a la jueza María Romilda Servini de Cubria a través de "injerencias que la propia jueza denuncia públicamente, mediante las presiones recibidas por el Poder Ejecutivo, como las recibidas por su núcleo familiar, que dan como resultado la renuncia a la subrogancia del juzgado electoral".

Decisión.
Una vez recibida la denuncia, el Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá si se violaron derechos y garantías. De ocurrir así, le pedirá al gobierno argentino que proporcione, en seis meses, información sobre los temas denunciados y podrá efectuar recomendaciones para hacer el seguimiento y fortalecer la independencia de los poderes del Estado. (El Destape).