Aborto: avances del conocimiento

Nuestra provincia no ha estado ajena al debate sobre la despenalización del aborto ni mucho menos. La reciente movilización de mujeres hacia la Legislatura provincial, que quedó registrada en una impactante “fotaza verde”, como las reuniones con senadores nacionales mantenidas por dirigentes del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito muestran en La Pampa una activa militancia que procura no solo fomentar la discusión pública sobre el tema sino comprometer a los representantes pampeanos ante el Congreso Nacional para que el Senado haga realidad la ley en favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en sintonía con lo que ya resolvió la Cámara de Diputados.
Además la reciente divulgación en este diario de un trabajo estadístico realizado por una ONG vinculada a la problemática de género y las declaraciones del subsecretario de Salud pusieron de manifiesto que la práctica del aborto no punible es una realidad evidente en el ámbito provincial. Las cifras que expusieron ambas partes muestran que el acceso a esta práctica alcanza niveles considerables. El funcionario habló de 300 casos el año pasado y un número similar solo para el primer semestre de este año, lo cual indica a las claras que la sola instalación del debate en la sociedad está fomentando la caída de barreras culturales muy poderosas y liberando a muchas mujeres de las pesadas cargas de prejuicios que siempre pesaron sobre ellas.
También fueron oportunas las palabras del funcionario cuando aclaró que la inmensa mayoría de esas prácticas no se lleva a cabo por vía quirúrgica sino química, a través de medicamentos, lo cual contribuye a restarle dramatismo a un tema que ha sido objeto de discursos truculentos por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Otro dato que muestra un aspecto muy poco visitado por las arengas de quienes se oponen a una legislación en favor de la IVE es la alta proporción, en La Pampa y en todo el país, de embarazos no deseados entre los adolescentes. No es un problema menor, y conocer su verdadera magnitud contribuye a otorgarle la verdadera dimensión que el problema tiene.
En síntesis: estamos ante una cuestión que involucra básicamente la salud pública y los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La estigmatización y la persecución penal que todavía persiste en nuestra legislación obliga a muchas mujeres -especialmente a las que no cuentan con recursos económicos- a acudir al aborto clandestino bajo condiciones de extrema precariedad sanitaria, de ahí el alto índice de muertes que reflejan las estadísticas de nuestro país.
El profundo debate que está iluminando a la sociedad por estos días ha permitido saber que en los países más desarrollados del mundo, hace tiempo que las leyes permiten la IVE sin riesgo judicial para las mujeres. Ello se ha traducido en una reducción drástica del riesgo de muerte y hasta en una disminución de estas prácticas, un doble beneficio que se niegan a ver los círculos oscurantistas que pretenden seguir relegando a la mujer en aras de un mandato patriarcal que las destina a cumplir prioritariamente un rol biológico en la reproducción de la especie.