Absurdo tarifazo contra la CPE

La justificada queja de la Cooperativa Popular de Electricidad ante el desmesurado “tarifazo” que le aplicaron por la tasa de espacio aéreo debería hacer reflexionar a las autoridades municipales. El aumento es cuestionado por el concejo de administración de la entidad solidaria a causa de que su magnitud escapa a toda razonabilidad al superar holgadamente el mil por ciento.
Las dificultades económicas que atraviesa la comuna reconocen un origen lejano y no pueden atribuirse a estas autoridades, como ya se ha reiterado en esta columna. Pero esa situación no debería obrar como justificativo para aplicar a la CPE semejante castigo. Tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante no pueden dejar de considerar que esa desmesura recaerá indefectiblemente sobre los asociados, y que éstos son los propios vecinos y contribuyentes de la municipalidad. Por lo tanto aparece como descabellada esta medida que descarga sobre los santarroseños, en su doble condición de contribuyentes de la comuna y socios de la CPE, semejante ataque a sus economías domésticas.
Esa situación de injusticia es todavía más grave si se considera que la cooperativa es la única institución que hace uso del espacio aéreo y paga por ello. La otra gran empresa, Cablevisión, se niega a hacerlo y obligó a la comuna a llevar el caso a los tribunales para terminar con ese privilegio irritante. Lo cierto es que una resolución judicial no llegará en el corto plazo porque es bien sabido cómo juega esa compañía sus fichas en el terreno judicial. (La obstinada resistencia del Grupo Clarín a acatar la Ley de Medios Audiovisuales es el mejor ejemplo para ilustrar esta realidad).
La explicación que brindó el intendente para justificar la medida aparece a todas luces como insuficiente: cubrir una erogación a la cual, en razón de mecanismos administrativos internos, la comuna le destina la totalidad del ingreso que le aporta la cooperativa. Los vínculos privilegiados que deberían existir entre municipio y CPE no pueden estar subordinados, o verse alterados por disposiciones burocráticas internas. Es una relación política de primer orden porque, como se dijo, son los entes más importantes de la ciudad y los vecinos forman parte de ambos.
Es de esperar que este desencuentro no se convierta en una confrontación y para ello tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante deben encontrar la mejor forma de no llegar a ese extremo De lo contrario la comuna abrirá un nuevo frente de conflicto a los que ya tiene y que no son pocos: con los trabajadores por las demandas salariales insatisfechas; con el gobierno provincial por la falta de apoyo económico que había sido prometida cuando asumieron las nuevas autoridades; y con el gobierno nacional por su sordera y lentitud para atender las necesidades de un municipio de su mismo signo político y acuciado por tantas dificultades económicas. Este último es francamente incomprensible cuando a diario se conocen los auxilios económicos que Nación le concede a otras provincias y ciudades del país con una diligencia y generosidad que están ausentes con relación a la capital pampeana.

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