Viernes 29 de marzo 2024

Acuerdos con EEUU e Israel para reforzar aparato represivo

Redacción 24/12/2016 - 01.04.hs

Fin de año presenta un panorama económico-social desolador para buena parte de los argentinos. La recesión golpea duro el trabajo y el ingreso. El gobierno nacional firma acuerdos con países poco democráticos para mejor reprimir la protesta social.
EMILIO MARÍN
Puede haber diferencias no sustanciales entre los estudios del Indec oficialista de Jorge Todesca, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el instituto CIFRA de la CTA de los Trabajadores, el Centro de Economía Política Argentina y consultoras privadas, pero en lo troncal los números van muy parejos, siempre en aplazo de la gestión gubernamental.
Por ejemplo, el PBI terminará con un 2,4 por ciento negativo en el 2016. La UCA asevera que el desempleo ya llegó al 10 por ciento, los temidos dos dígitos, luego que la última medición del Indec arrojara un 9,3 por ciento. Para CEPA de Hernán Letcher eso supone más de 213.000 despedidos en la economía formal, a lo que debería agregarse más del doble de pérdida para los trabajadores "negro". Según la UCA el número de pobres había aumentado en 1.4 millón de personas, con lo que más del 32 por ciento de los argentinos está en esa triste condición. Y no es que en el gobierno anterior la cifra correcta fuera del 5 o 6 por ciento, como macaneaba el Indec de Guillermo Moreno, pero era sensiblemente menor. Los sindicatos se quejaron por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de quienes han podido mantener el empleo, porque la inflación cerrará el año en 42 por ciento; los salarios perdieron alrededor del 10 por ciento y las jubilaciones un poco más.
Y no se trata solamente de protestas de los asalariados y jubilados, que han estado a la cabeza de los conflictos laborales. También hay reclamos de Pymes y cooperativas, como se vio meses atrás en la resistencia a los tarifazos en la energía dictados por Macri y el ex CEO de Shell, Juan J. Aranguren.
La insatisfacción social y gremial es tal que en la ciudad de Buenos Aires hay piquetes y marchas todos los días, caotizando el tránsito. Son protestas legítimas, no siempre bien conducidas, pero con muchas razones de ser. Y en los hechos pulverizan la "cláusula de paz social" firmada un mes atrás por los dirigentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y CCC con los ministros Jorge Triaca y Carolina Stanley. La pobreza y el hambre no respetan treguas cupulares.

 

Recetas represivas.
No vaya a creerse que el conflicto social es sólo de los sectores muy humildes. Centenares de jóvenes profesionales están ocupando hace casi una semana el ministerio de Ciencia y Técnica conducido por el ubicuo Lino Barañao (hombre del agrobusiness como se alertó aquí desde que fue promovido a ministro por CFK). Esos científicos claman contra los recortes presupuestarios y pérdida de puestos de trabajo en el Conicet, decididos por Macri y Prat-Gay en contraste con tantas medidas favorables al agro, la banca, la exportación y la minería.
No hace falta ser adivino para pensar que si esta protesta social sigue in crescendo, al margen de una pausa posible en tiempos de Fiestas y vacaciones, en algún momento van a producirse picos altos de confrontación política entre el gobierno (el nacional y algunos gobiernos de provincia) y los sectores afectados por el ajuste.
¿Cuál puede ser en ese caso la actitud del PRO-Cambiemos?
En principio insistirá en su política, mezcla de unas pocas zanahorias y unos cuantos garrotes. Prometerá ampliar los fondos previstos de 10.000 millones de pesos para atender la emergencia social, por ejemplo, o puede negociar otra vez con la CGT algún parche como el bono de fin de año, que será pagado por una minoría de empresas privadas y con cantidad pequeña de efectivo por el Estado y algunos gobernadores.
Agotadas esas instancias, saldrá a relucir el "palito de abollar ideologías", diría Quino por medio de la inolvidable Mafalda. La policía y Gendarmería ya lo hicieron en este 2016, comenzando por las balas de goma y palos a los despedidos en la Municipalidad de La Plata y los obreros de Cresta Roja, y siguiendo con otros casos donde se llevó a la práctica el nunca aplicado completamente "protocolo anti piquetes".
De esa represión policial no se salvan siquiera legisladores que concurren solidarios por determinadas causas, como se vio esta semana con la diputada Mayra Mendoza, del Frente por la Victoria, tomada violentamente del cuello y arrojada al suelo por la policía de Jujuy cuando sólo quería ingresar al juicio de Milagro Sala. El caso de Sala es también paradigmático por estar presa casi un año, siendo legisladora del Parlasur y a pesar de los pronunciamientos habidos por su libertad del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Frente al recrudecimiento de las protestas callejeras, por un lado, y mayores robos y delitos comunes, por el otro, salen a flote otra vez las corrientes punitivas, de orientación derechista, que claman para que se ponga orden con más represión y endurecimiento de penas. Esta película de terror ya se vio en tiempos del seudo ingeniero Juan Carlos Blumberg.
Ese endurecimiento de penas y mayores facultades a la policía agravaron el problema y encima dejaron un saldo muy doloroso de presos y muertos. El último informe de la Correpi, presentado este mes, indicó que el gobierno de Macri es responsable de 259 muertes por violencia institucional, entre casos de "gatillo fácil", muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas.

 

Peligrosos acuerdos.
Cuando MM era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y debió dar explicaciones de haber designado a Jorge "Fino" Palacios al frente de la Metropolitana, estando imputado en el atentado a la AMIA, adujo que se los habían recomendado las embajadas de Israel y EE UU.
Esa dependencia suya en materia de seguridad se mantiene inalterable. Su ministra de Seguridad y autora del referido "Protocolo anti piquetes", Patricia Bullrich, estuvo en noviembre en Israel con una amplia comitiva. Allí se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, y participó de la 4ª Conferencia Internacional Israel HLS & Cyber 2016, en Tel Aviv.
Ese evento sirve al estado sionista para promover su imagen de escudo de seguridad y vender equipos y armamentos. Participan funcionarios del gobierno de Benjamin Netanyahu y gobiernos amigos, empresas, consultores, distribuidores y firmas privadas de seguridad.
Bullrich y su secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, fueron a aprender de un Estado que oprime, bloquea e invade en forma genocida al pueblo palestino. Y con ese aliado tan admirado la ministra firmó acuerdos para enfrentar la inseguridad, el narcotráfico y el terrorismo, y adquirió drones, cámaras y radares. También habrá validado nuevos acuerdos para que las fuerzas de seguridad continúen cursos de perfeccionamiento con los efectivos israelitas y el Mossad.
Además el gobierno nacional firmó con EE UU un acuerdo para que las FF AA argentinas se unan con la Guardia Nacional de Georgia. El compromiso recién fue dado a conocer oficialmente en Buenos Aires el 14 de diciembre en un acto donde habló el ministro de Defensa, Julio Martínez, con presencia de los embajadores Noah Mamet y Martín Lousteau.
El Centro de Militares por la Democracia (Cemida), con las firmas del Coronel (r) José L. García y Elsa Bruzzone, alertó que ese acuerdo ubica a los militares argentinos como dependientes de la Guardia Nacional de Georgia, dentro de un Programa de Asociación Estatal (SPP por su sigla en inglés), bajo la órbita del Comando Sur del Ejército norteamericano.
El disfraz de ese intervencionismo es prestar colaboración humanitaria en casos de catástrofes naturales, pero también añade "la seguridad fronteriza y la cooperación en Operaciones de Paz y su preparación". Según el comunicado norteamericano, "la Guardia Nacional llevará a cabo acciones militares entre los dos grupos, no sólo en apoyo de los objetivos de seguridad y defensa sino que también hará uso de las relaciones de toda la sociedad y recursos para facilitar las acciones interinstitucionales y de respuesta, no sólo con los medios militares sino también con el gobierno, y los sectores sociales y económicos".
Esto abre una puerta peligrosísima a la intervención militar yanqui en seguridad interna que las fuerzas argentinas tienen vedado realizar por ser diferente a la seguridad nacional. Se le permitirá hacer al Comando Sur hacer lo que está prohibido por ley de Seguridad Interior a los uniformados argentinos.
El ministro Martínez informó que la presidencia había autorizado un plan de compra de 40.000 millones de pesos para aviones, blindados, patrulleras oceánicas, fusiles y pistolas, a empresas norteamericanas, italianas e israelíes. ¿Acaso para reforzar una hipótesis de conflicto por Malvinas? No. Nada que ver, con el Reino Unido y con participación ilegal de los kelpers, el vicecanciller argentino acaba de firmar en Londres un vergonzoso acuerdo para poner la soberanía bajo la sombrilla menemo-cavallista y hacer negocios con quienes usurpan esa parte del territorio nacional.
Las armas actuales y las nuevas por comprar, así como las hipótesis de conflicto, no apuntan al Atlántico Sur contra la potencia colonialista. La mira de Macri está puesta en el frente interno.

 

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