Agitando banderas

La derecha mediática, política y empresarial se ha propuesto ponerle palos en la rueda al gobierno nacional en toda iniciativa que tienda a hacer un poco menos injusta a la sociedad argentina. Y en favor de ese objetivo decidió no ahorrar esfuerzos: la maquinaria periodística funciona 24 horas al día, siete días a la semana, con ese norte. El reciente «banderazo» no fue otra cosa que el producto de la agitación mediática que aprovechó un punto débil del frente gobernante en el Congreso a la hora de encarar la definición sobre Vicentin.
Toda piedra que puedan arrojar los sectores reaccionarios contra el gobierno, será arrojada. De nada valen, ni valdrán, los gestos componedores, moderados del presidente de la Nación. Es que en el fondo, lo que no acepta el poder económico es un cambio en las reglas de juego que imperaron en los cuatro años de macrismo. No es novedad, la clase propietaria siempre aceptó el juego democrático a regañadientes y cuando tuvo la garantía de que sus privilegios no serían tocados. Por eso su odio visceral al kirchnerismo, la única fuerza política que logró plantarse y desafiar su poder.
Ahora armaron una furiosa campaña alrededor de una palabra: expropiación. Como si se tratara de un mecanismo diabólico, ajeno a la Constitución y a las leyes. Y llegaron al extremo de vociferar que «está en juego la propiedad privada» o, peor aún, que el gobierno implementa medidas «comunistas». Semejante nivel de extravío solo cabe en las mentalidades más retrógradas, que son, precisamente, las que hoy comandan los ataques más furiosos contra el gobierno.
Los grupos de medios más concentrados no paran de envenenar a las audiencias con arengas que buscan cualquier cosa menos informar. Es que la información es la primera víctima del «periodismo de guerra» que practican, al ser degradada a mero instrumento de manipulación. Lo que menos importa a esos llamados periodistas es el rigor o el respeto a los hechos. Cualquier especulación es presentada como un dato, y los datos más significativos son ocultados. Ninguno de esos medios habla de los aportes de Vicentin a la campaña electoral del macrismo; tampoco mencionan -o lo hacen en cuentagotas- los descomunales créditos que les otorgó el Banco Nación; sus oscuras maniobras económicas y financieras ni siquiera se esbozan, como tampoco sus operaciones de triangulación con el exterior para evadir impuestos. El grupo empresario es embellecido con historias falaces, que omiten los múltiples obsequios que recibió del Estado, sus turbios vínculos con la represión de la última dictadura y, como frutilla del postre, lo presentan ahora como «víctima» de la «voracidad» del fisco. ¿Quién no saldría a golpear cacerolas y a enarbolar banderas en defensa de semejantes benefactores de la humanidad?
Ante la ofensiva el gobierno cedió. El proceso de quiebra corre el riesgo de empantanarse en un interminable enredo judicial parecido al del Correo. El objetivo principal: salvar la empresa, evitar su desguace o su extranjerización, no será sencillo. Es probable que el gobierno haya retrocedido un paso para darle una oportunidad al plan del gobernador santafesino y, de no prosperar, reservarse la posibilidad de ir por la expropiación. Lo único seguro es que la derecha hará lo imposible para evitar que el Estado pueda participar de una empresa testigo en un negocio crucial como el agroexportador.