domingo, 22 septiembre 2019
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Ahora importamos basura por decreto

Los negociados, especialmente los de gran volumen económico y ligados a los amigos, han sido una constante del gobierno macrista, el mismo que había venido a salvar a la república de la corrupción y que ahora se va agobiado de fracasos pero también de fuertes sospechas. Fiel a las concepciones económicas complementarias a sus intereses políticos, a tres meses de su final vuelve a sorprender a los desprevenidos con un muy singular decreto «de necesidad y urgencia», esa herramienta política y administrativa que puede ser provechosa para los intereses del Estado como también para los privados cuando se subordina el interés general al particular como se pudo ver con el recordado caso del blanqueo de capitales para familiares y amigos presidenciales.
En esta oportunidad la inquietud pública se centra en la norma que flexibiliza las condiciones para importar basura de otros países. Aunque en principio se trate de un asunto un tanto desconcertante, a poco que se lo analice se hace evidente su importancia. La producción de desechos en forma indiscriminada es una de las características del hiperconsumo que estimula el sistema capitalista contemporáneo, característica que poco a poco ha ido transformando en un serio problema ambiental.
Atrás quedaron los tiempos en que una depresión del terreno más o menos extensa servía de depósito para quemar lo que fuera combustible y cubrir luego con tierra dejando que el tiempo obrara como reelaborador de materiales. En la actualidad la propia composición de los desechos, aparte de la enorme durabilidad de algunos, es frecuente que conlleve posibilidad ciertas de riesgos, a menudo proyectados en el tiempo. Pero el ser humano, gran productor de basura biológica e industrial, apenas si armoniza una pequeña parte de ese producido, volcando el resto al medio ambiente, los mares especialmente, sin cuidado alguno.
Sin embargo buena parte de esa basura vuelve a la condición de negocio vía reciclado y, aunque nuestro país no es de los más adelantados en la materia, ha sido capaz de elaborar una legislación preventiva que resguarda al territorio nacional de riesgos potenciales a partir de la manipulación de desechos que eventualmente puedan ser importados.
Pero ahora nos enteramos que un polémico DNU del gobierno nacional modificó las condiciones para «la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en el país», una circunstancia expresamente prohibida desde la sanción de la ley respectiva, en 1991. La modificación -sin intervención del Congreso- de la norma deja abierta la entrada al país de desechos variados. El articulado original de la ley prohibía en forma terminante la introducción de materiales sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente. Nos deja -en el decir de algunos ambientalistas que la cuestionan muy severamente- prácticamente en la condición de algunos países africanos que obran en la actualidad como vertederos del llamado Primer Mundo, con las consecuencias que son de imaginar. También en lo inmediato la disposición tendrá efectos negativos sobre las sufridas agrupaciones de «cartoneros», ya que esa importación indiscriminada reducirá el volumen de su tarea y, consecuentemente, de sus ingresos.
Además las condiciones de aparición del decreto, que se presenta sin aviso previo entre gallos y medianoche, hecho público en momentos políticos y económicos muy complicados para el país, obliga a pensar si detrás de la letra no se mueven intereses que buscan permanecer ocultos como ocurriera en otras ocasiones. Por si no bastara con tantas irregularidades, este DNU constituye otro avance del Poder Ejecutivo en materia legislativa pues, por voluntad expresa del presidente y sus colaboradores, se permite modificar una ley. Una vez más los defensores de la república vuelven a tropezar con sus propias palabras.