Ajuste, femicidios y aborto, en la agenda de las mujeres

ENCUENTRO NACIONAL EN ROSARIO

En medio de una situación social de creciente desocupación y aumento de la pobreza, se realizará el próximo fin de semana, el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres.
IRINA SANTESTEBAN
Los Encuentros de Mujeres se realizan todos los años, desde 1986, y el próximo será en la ciudad de Rosario, en su trigésimo primera ocasión.
De mil mujeres que se reunieron en el primer encuentro en Buenos Aires, a las 70.000 que se calculan participarán en éste, pasaron muchas cosas. Entre ellas, muchos avances en derechos y leyes que los consagran, más reclamos y exigencias para que se pongan en ejercicio, y la puesta en agenda de problemas de larga data, pero recientemente visibilizados: como la violencia contra las mujeres y los femicidios.

El ajuste tiene cara de mujer.
Así como el aumento de la pobreza afecta con mayor crudeza a los niños y jóvenes, las mujeres también son víctimas predilectas de las políticas de ajuste y precarización laboral. Esta problemática será uno de los ejes que atravesará varios de los 69 talleres que la Comisión Organizadora del Encuentro ha previsto, luego de la apertura en el Monumento a la Bandera.
La discriminación salarial, que consagra una brecha salarial significativa entre las remuneraciones de varones y mujeres, por el mismo trabajo; así como la evidente desigualdad existente en el acceso a determinados empleos, determinada por la condición de mujer (embarazos, niños a cargo, y hasta apariencia física), son temas recurrentes en los talleres de problemática laboral. En este caso, también la doble y triple jornada laboral que recae sobre la mujer, porque a pesar de los avances en asunción de responsabilidades, en la mayoría de las familias siguen siendo las mujeres las que soportan el mayor peso de las tareas domésticas, la atención de los hijos, enfermos, ancianos, etc.

La precariedad laboral.
El cese de contratos en el Estado, fue una de las formas de “cesantías encubiertas” que encaró el gobierno del PRO-Cambiemos, y los gobiernos provinciales y municipales.
A pesar de que durante los doce años de gobiernos kirchneristas se crearon cinco millones de nuevos empleos y se redujo notablemente el índice de desocupación (de 23% en 2001, se llegó a un 7% en 2015), la precariedad laboral fue una de las “asignaturas pendientes”. Siguió afectando al 34% de los trabajadores, incluyendo al Estado nacional, las provincias y municipios, en muchos casos cumpliendo tareas de planta permanente y con varios años en esa condición. Por ello, la tarea para el macrismo fue mucho más sencilla, pues en lugar de decretar cesantías, se limitó a “no renovar contratos”, con el mismo efecto negativo sobre él o la trabajadora víctima de esa decisión.
La precarización laboral es otro de los problemas de las mujeres, porque son las más afectadas por estas modalidades, como en el empleo doméstico (a pesar del avance que se produjo con la ley que sancionara la ex presidenta Cristina Fernández), en el campo y en muchas áreas del Estado, como salud y programas sociales.

Desempleo.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicados por “La Nación” (25/08/2016) el desempleo femenino fue del 10,5% en el segundo trimestre del año y superó así el nivel general, del 9,3%. El mismo estudio da cuenta que las mujeres no sólo tienen mayores dificultades que los hombres para acceder a un trabajo, sino que sus empleos son más precarios.
El estereotipo de género instalado durante años, que establece que las mujeres pueden “optar” por ser amas de casa, y dedicarse al cuidado de los hijos, lleva a que en las estadísticas no se contabiliza como “desocupada” a la mujer que no tiene empleo fuera de su casa, porque las vicisitudes de su vida la llevaron al rol de trabajadora “cama adentro”, sin salario y sin horario. Pareciera una opción cuando en realidad se trata de mandatos encubiertos, en particular, en los sectores más humildes, donde los embarazos adolescentes provocan deserción escolar y falta de oportunidades de empleo.
De hecho, aunque hoy se haya consagrado la jubilación para la Ama de Casa, el trabajo doméstico sigue siendo desdeñado. En partidas de matrimonio de hace no muchos años, no era infrecuente que el oficial del Registro Civil, en el lugar que indicaba el empleo de la contrayente, si ésta era ama de casa, escribiera “sus quehaceres”.
A pesar de estos datos, la perspectiva de género en los reclamos de aumento de salario, con “igual remuneración por igual tarea”, casi no figuran en las centrales obreras, donde las dirigentes sindicales mujeres brillan por su ausencia o son figuras decorativas.

Despenalización del aborto.
Este es uno de los grandes temas que ha atravesado todos los Encuentros de Mujeres, con duros enfrentamientos entre militantes católicas y las que propician el histórico reclamo feminista de la despenalización del aborto.
En la Argentina, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia “F.A.L.”, se avanzó sobre la interpretación de los abortos no punibles, previstos en el art. 86 del Código Civil, que permiten la interrupción del embarazo en caso de violación, y de peligro para la vida o la salud de la madre.
La CSJN optó por una interpretación amplia de la norma, sin la exigencia de denuncia penal cuando se trata de un embarazo proveniente de una violación; y también en cuanto a lo que debe considerarse como “peligro para la salud” de la madre, entendiendo de manera integral el término, e incluyendo el concepto de “salud psicofísica”. Así, el trastorno emocional que un embarazo no querido puede provocar en la mujer, luego de entrevistas con profesionales, puede ser considerado como causal para la realización de un aborto no punible.
Sin embargo, en muchas provincias el fallo no se aplica por medidas cautelares ordenadas por jueces que han hecho lugar a amparos de organizaciones antiabortistas. Romper la alianza entre el sector más conservador de la Iglesia y sus pares del Poder Judicial, es una de las tareas más urgentes que tiene hoy el movimiento de mujeres. Muchas vidas de mujeres pobres dependen de la vigencia de esos protocolos, que no pocas autoridades sanitarias les niegan aduciendo “objeciones de conciencia”.

Ni una menos.
El femicidio, definido como el asesinato de una mujer por su condición de tal y en un contexto de violencia de género, también es otro de los debates fuertes. Los crímenes contra las mujeres no disminuyen; en muchos casos por la negligencia, o la falta de atención a tiempo, por parte del Poder Judicial y el Estado.
La ley 26485, de Protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las Mujeres, fue un gran paso de avance, y fue sancionada en 2010 por CFK. Pero el gran límite de ese gobierno fue que no puso en marcha el Plan Integral que la ley preveía. El gobierno de Macri designó al frente del Consejo Nacional de las Mujeres a Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro, una organización no gubernamental que desde el 2008 elaboró las estadísticas sobre femicidios, una tarea pendiente del Estado.
En julio de este año, el CNM anunció un Plan contra la Violencia de Género, que incluye 69 medidas para prevenir y asistir a las víctimas, y 137 acciones, entre ellas, la construcción de 36 nuevos hogares para la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.
Según datos de la Corte Suprema de Justicia, en 2015 en nuestro país fue asesinada una mujer cada 37 horas. El plan prevé acciones para la prevención, atención integral, monitoreo y evaluación, formación y fortalecimiento institucional.
Sin embargo, esta área no se salvó del “recorte” que el Presupuesto 2017 del ministro de Haciendo Prat Gay prevé sobre temas sensibles de las políticas públicas. Las acciones pueden quedar en formulaciones si no hay recursos para la protección de las mujeres en esos casos.

Milagro Sala, presa política.
Milagro Sala, como antes sucedió con la también jujeña Romina Tejerina, será seguramente motivo de debate en varios de los talleres que abordan la temática de los derechos humanos, cárceles y condiciones de detención.
Y también, como en otros temas, habrá confrontación respecto a quiénes defienden a la dirigente de la Tupac Amaru y quiénes consideran que debe estar presa. Sin embargo, a nueve meses de su detención, y con infinidad de irregularidades en las causas por las que es acusada, sin condena y con su organización perseguida, Milagro se yergue hoy como una víctima del poder político y judicial, racista y machista.
Rectores y decanos de diferentes universidades del país, la visitaron el 1 de octubre en la cárcel de Alto Comedero. El decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, Diego Tatián, le entregó el Premio José María Aricó 2016 al Compromiso Social y Político. Por ese hecho, Tatián había sido muy maltratado por los medios cordobeses.
Militantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala de Córdoba también visitaron a la dirigente tupaquera y recorrieron las obras de esa organización social, que incluye viviendas dignas para la gente más humilde, escuelas, centros culturales, bibliotecas, parques acuáticos, canchas y clubes de fútbol. Mucho más de lo que la clase política jujeña construyó en los últimos años.
Con Milagro, se encuentran varias mujeres más detenidas, también dirigentes de la Tupac Amaru. Algunas de ellas tienen varios hijos, que sólo las visitan algunos días a la semana, en una clara violación a los derechos y garantías constitucionales. La prisión preventiva es un instituto de excepción que sólo puede aplicarse cuando existe peligro de fuga o de destrucción de pruebas.

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