Algo de cordura en el sistema bancario

Un extendido reclamo tuvo finalmente respuesta desde el Banco Central de la República Argentina. Lo que desde el sentido común parecía tan simple recién ahora cuenta con una normativa oficial. De este modo, miles de clientes estafados podrán percibir que desde el Estado se los vuelve a cuidar. Solo queda por ver de qué modo las entidades financieras se hacen cargo en forma retroactiva de lo que perdieron los trabajadores y los jubilados a través de los engaños que contaron con escaso control de los bancos argentinos.
Las modalidades de las estafas bancarias ya venían ganando lugar dentro de las variantes del «cuento del tío» que cuentan con una larga historia a nivel local e internacional, pero la pandemia potenció esta forma de hacerse con los ahorros de los demás con el mínimo esfuerzo. Y cuando este «modus operandi» se fue extendiendo a lo largo y a lo ancho del país, comenzó a surgir un reclamo generalizado. Es que a todas luces era visible que, junto con la ingenuidad del engañado, también aparecía la falta de los correspondientes controles de la entidad otorgante del dinero. La situación estaba clara para casi todos, menos para las autoridades bancarias, que se hacían las distraídas.
El tema no es nuevo para este articulista, y obviamente tampoco para los lectores de esta columna, que ya han percibido cierta obsesión por esta cuestión y por otras que escapan al sentido común.
En este punto en particular, como se sabe, primero empezaron a aparecer las voces de los damnificados, contando sus penurias en los medios y reclamando soluciones. Después aparecieron abogados, fiscales y jueces, pidiendo más controles y a la vez interponiendo recursos de amparo para frenar injustos cobros y descuentos. Y finalmente llegaron las iniciativas legislativas, proponiendo nuevas disposiciones legales para evitar las estafas. En el medio, algunos bancos mostraron cierta reacción, optando por la difusión de alertas para prevenir a sus clientes.

La esperada resolución.

Finalmente, durante esta semana apareció la esperada resolución del Banco Central que obliga a las entidades públicas y privadas a tomar medidas antes de otorgar créditos por la vía electrónica. De ahora en más, tal como se reclamaba, debe mediar una doble confirmación, con fehaciente consulta al cliente sobre sus movimientos vinculados a la solicitud de los denominados «préstamos exprés».
De acuerdo con lo dispuesto, las entidades financieras tendrán que verificar la identidad de las personas que solicitan la acreditación de créditos pre-aprobados a través de los canales electrónicos, con el objetivo de reforzar las normas de seguridad. Además, tendrán que hacer un monitoreo y control, como mínimo, de los puntos de contacto indicados por el usuario y comprobar que no hayan sido modificados recientemente.
«La verificación deberá hacerse mediante técnicas de identificación positiva, lo que refuerza la obligación que ya tiene la entidad financiera de la responsabilidad de detectar la posibilidad de engaños de ingeniería social», indica la nueva disposición. Recién después de la verificación, la entidad deberá comunicarle -a través de todos los puntos de contacto disponibles- que el crédito se encuentra aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes. En ese caso, el plazo de acreditación podrá ser reducido solo si se recibe la conformidad del usuario de servicios financieros de manera fehaciente.

Decisiones alentadoras.

Obviamente, la disposición fue saludada con beneplácito desde todos los sectores. Falta ahora por resolver la cuestión de los afectados con anterioridad. Con el mismo sentido común, tal lo planteado tiempo atrás desde este mismo espacio, se debería pensar que las entidades bancarias asuman ese costo. Se supone que cuentan con seguros de riesgo y fondos para asumir la situación de forma más aliviada que para un trabajador o un jubilado que depende de esa suma para vivir y llegar a fin de mes.
Como sea, la medida es bienvenida, dentro de otra semana con decisiones alentadoras, que incluyeron el pase del manejo de la hidrovía y de los trenes de carga a manos del Estado, dos temas que seguramente serán motivo de análisis más profundo en futuras columnas. De todos modos, resoluciones como las del BCRA dan la esperanza de pensar en que los argentinos volvemos a vivir en un país que tiene un poco más de cordura y que cuenta con autoridades que piensan más en el pueblo trabajador que en los estafadores.

DANIEL ESPOSITO