Almagro usa a Nicaragua para no hablar de Perú

Cabe preguntarse si era tan urgente convocar al Consejo Permanente de lo OEA para discutir la situación en Nicaragua mientras Perú está al borde del abismo.
PEDRO BRIEGER
Casi dos semanas después de la segunda vuelta electoral y la victoria de José Pedro Castillo ante Keiko Fujimori, diversos sectores de la derecha peruana están empeñados en evitar que Castillo asuma la presidencia. La estrategia es clara: impulsar numerosas impugnaciones legales que impidan la proclamación de Castillo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 28 de julio -que es cuando debería asumir- para que se deba convocar a nuevas elecciones. De hecho, ya hay numerosas voces que proponen anular el proceso actual y convocar a nuevas elecciones con monitoreo internacional.
Ocho días después de la segunda vuelta del 6 de junio em la OEA se convocó una reunión para analizar la situación en… Nicaragua! Es por lo menos llamativo que frente a las maniobras contra Castillo la OEA impulse un debate general sobre Nicaragua. De esta manera, Nicaragua pasó a ocupar el centro de la escena internacional y relegó a un segundo plano la situación en Perú.
En esta maniobra claramente se ve la mano de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro comunica sus ideas profusamente por las redes sociales, especialmente por twitter, y en junio no dijo ni una palabra sobre el proceso electoral en Perú mientras que publicó más de 10 tuits sobre Nicaragua. ¿Casualidad? El 9 de junio Almagro solicitó una reunión de urgencia del Consejo Permanente de la OEA para aplicarle a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspenderla del organismo. El día 14 se concretó la reunión, donde no se suspendió a Nicaragua, pero se aprobó una resolución que critica con dureza al gobierno de Daniel Ortega aunque no difiere de otras del mismo tenor aprobadas en el pasado. Cabe preguntarse si era tan urgente convocar al Consejo Permanente para discutir la situación en Nicaragua mientras Perú está al borde del abismo.
Es imposible olvidar la intervención de Almagro y la OEA en las elecciones de Bolivia en 2019 denunciando rápidamente «irregularidades» para luego plantear que era Evo Morales quién había realizado un golpe de Estado a través de un fraude electoral, lo que Almagro definió como un «autogolpe».
¿Qué tienen en común las dos situaciones? Que en ambas triunfaron candidatos de izquierda y que está claro que Almagro utiliza su cargo como secretario general de la OEA para marcar una agenda regional y sostener a cualquier precio los gobiernos conservadores de derecha en América Latina. Por eso, instalar el tema de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua como asunto central de agenda, con amplia cobertura mediática en los principales medios de comunicación, tiene como objetivo invisibilizar las maniobras que intentan arrebatarle el triunfo a Castillo. Nos dimos cuenta. (Nodal).

¿Armas de Ecuador para reprimir?
El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, anunció que el gobierno del presidente Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional en contra del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y la expresidenta interina Jeanine Añez por delitos de «lesa humanidad» vinculados a un supuesto préstamo en noviembre de 2019 de gases lacrimógenos para controlar las protestas que sacudían a Bolivia tras la dimisión del expresidente Evo Morales.
Lima no especificó el tribunal internacional al que Bolivia acudirá, pero sí nombró a la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, refiere El País.

Denuncia.
El presunto préstamo de Moreno a Añez ya desencadenó una denuncia en Ecuador presentada por el legislador Fausto Jarrín, del movimiento Unión por la Esperanza, ante la Fiscalía del Estado contra el expresidente. Jarrín, afín al expresidente Rafael Correa, aseguró que esta causa se coordinará con las acciones judiciales que también se han generado en Bolivia y Estados Unidos.
La acción fiscal contra Moreno es solicitada «por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas y municiones al gobierno de Añez en noviembre de 2019», remarcó Jarrín en declaraciones a periodistas tras depositar su denuncia ante el ministerio público. Según Jarrín, ese material se entregó cuando «el gobierno de facto» de Bolivia reprimía a la ciudadanía, por lo que el caso se trabajará «conjuntamente con las denuncias que se han presentado» ante la justicia boliviana.

Investigación.
El pasado jueves, el gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Añez. El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el gobierno interino de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca se hizo pública» y que se manejó con «perfil bajo».
Jarrín reiteró su exigencia de que la Fiscalía ecuatoriana «actúe con la diligencia que requieren» este tipo de casos e hizo un llamado al gobierno del presidente Guillermo Lasso, sucesor de Moreno, para que se abran las dependencias públicas a las investigaciones. Este es un caso «tan grave», porque se considera la «entrega de pertrechos militares a otro país», lo que configuraría delitos como disposición arbitraria de bienes públicos y hasta malversación o peculado, entre otros, que deberá determinar la investigación fiscal, añadió el asambleísta.
En este caso, según el legislador, podrían estar involucrados el expresidente Moreno, su ministra de Gobierno en ese momento, María Paula Romo, así como mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía ecuatorianas. «Estamos solicitando que se inicien los procedimientos para la asistencia penal internacional», ya que en Bolivia y en Estados Unidos han sido encausados exintegrantes del gabinete del gobierno de Añez, añadió. (El Universo. Nodal).