Amparo contra la AFI por los fondos reservados sin control

POR LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A DAR INFORMACION

Ari Lijalad – Para los que impulsan la medida, la negativa del gobierno a dar información “sólo puede ser comprendida en un contexto de fuerte regresión en las políticas de inteligencia”. Tampoco se informa de las escuchas.
Varias organizaciones presentaron un amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, por negarse a brindar información sobre el uso de fondos reservados, los intercambios con servicios de inteligencia de otros países, las regulaciones sobre clasificación y desclasificación de información y los controles sobre las escuchas telefónicas que aún hoy realiza “la Casa”, como se conoce al organismo que nuclea a los espías. La falta de transparencia sobre las actividades de los servicios de inteligencia la promovió el presidente Mauricio Macri, que apenas asumido eliminó por decreto sus controles y se niega a brindar información sobre cómo operan hoy. Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña firmaron el decreto 656 el 6 de mayo de 2016 y le restauraron, en la ley y en la práctica, el secretismo y la opacidad a la AFI.
La presentación judicial se hizo desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), “un espacio -según su web- destinado al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control sobre el sistema de inteligencia”. Allí se agrupan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derecho Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La decisión quedó en manos de la jueza Liliana María Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10.

Agujero negro.
El 13 de junio de 2017 estas organizaciones hicieron un pedido de acceso a información pública con cuatro puntos: qué acuerdos de intercambio de información de inteligencia había con otros países; cómo se administran los fondos reservados de la ex SIDE; cuál es la regulación sobre procesos de declaración de secreto y desclasificación; y cuáles son los mecanismo de control de la AFI sobre el sistema de escuchas telefónicas. No hubo respuesta. El 10 de agosto insistieron.
Desde ICCSI relatan que el “28 de agosto de 2017, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) remitió una nota en la que de manera arbitraria e ilegal se nos deniega la totalidad de la información requerida, según señalan, por ser de carácter reservado”. Para estas organizaciones, esta negativa del gobierno a dar información “sólo puede ser comprendida en un contexto de fuerte regresión en las políticas de inteligencia”. Ante esto, presentaron esta “acción de amparo contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyo domicilio legal desconocemos y que presumimos en la Calle 25 de mayo 11”, dice el escrito. Esa dirección, en la esquina de la Casa Rosada, es la sede visible de la ex SIDE.
No piden datos sensibles sobre las actividades de inteligencia, sino “información respecto de procedimientos, mecanismos, reglamentos, regulaciones y datos globales (sino estadísticos), que permiten hacer efectivo los mecanismos de control a la actividad de inteligencia”. Un gran agujero negro que el kirchnerismo buscó trasparentar tardíamente y que el macrismo devolvió a la oscuridad.

Oscurantismo.
“El control de los órganos y actividades de inteligencia, y la exigencia de legitimidad y de eficacia, es una consecuencia necesaria del carácter republicano y democrático del Estado. Y si bien se trata de una actividad caracterizada por el secreto, que protege sus fuentes, métodos, identidades y operaciones, ese secreto no puede derivar en el oscurantismo de sus todas sus prácticas, ya que esto contradice uno de los principios fundamentales del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno. Poner en conocimiento la información requerida no representa peligro alguno para la Seguridad de la Nación y no compromete ninguna de sus capacidades operativas”, sostiene la presentación judicial.
El amparo recalca que incluso la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública 27.275, impulsada y sancionada por el actual gobierno y que entrará en vigencia el próximo 29 de septiembre, habilita expresamente a que la AFI entregue los datos que le solicitaron. La nueva ley establece algunas limitaciones al acceso de información sensible, pero, destacan en la denuncia, la misma ley dice que “la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación”. Los denunciantes solo piden información sobre cómo se implementan las políticas de inteligencia y cuáles son las normas que la regulan.

Fondos reservados.
El destino del dinero que manejó históricamente en secreto la ex SIDE, hoy AFI, muestra que su uso fue en operaciones que nada tenían que ver con inteligencia. Este escrito presentado por la ICCSI recuerda los casos de los fondos de la ex SIDE utilizados para el pago de coimas a senadores para la aprobación de las leyes de flexibilización laboral en el 2000, así como los miles de dólares que recibió Carlos Telleldín para desviar la investigación por el atentado a la AMIA. “Ambos dejaron en evidencia que los fondos derivados del presupuesto nacional hacia los servicios de inteligencia nacional, por carecer de controles adecuados, podrían ser utilizados incluso para actividades ilegales”, señalan desde ICCSI.
En 2016, el primer año presidencial de Macri, los fondos de la AFI crecieron un 81%. Según el presupuesto, manejó casi 1.500 millones de pesos. En 2017 aumentaron un 24,4%, alcanzando los 1.800 millones. Para 2018, el presupuesto enviado por el gobierno le asigna 2.178 millones de pesos, un 20% más que este año.

Desclasificación.
Desde estas organizaciones también piden que se conozcan las regulaciones sobre los materiales que son secretos y su desclasificación. En la reforma que encaró CFK la clasificación de la información se dividía en secreta, confidencial y pública. Cada una tenía un plazo de desclasificación. “Vale decir -explican en escrito- a mayor nivel de seguridad, es esperable que el plazo mínimo para la desclasificación sea mayor. Pero, nunca ese plazo podría quedar sin determinar, librado a la interpretación de la autoridad, porque la desclasificación, con la nueva ley, se volvió una obligación de los organismos de inteligencia”. Macri derogó el decreto de CFK y no hizo pública la nueva reglamentación para clasificar y desclasificar información.
“La negativa a informar por parte de la AFI presume altos niveles de arbitrariedad que rigen su actividad. Como en la ley no existen reglas concretas sobre quién y cómo se dispone la clasificación de seguridad de determinada documentación, ni qué instancia institucional revisa tales decisiones, la declasificación, como instrumento que permite una forma de control, aún ex post, y garantiza el ejercicio del control democrático que debe alcanzar a todas las actividades del Estado en un sistema republicano, incluyendo también a las actividades de inteligencia, se torna lisa y llanamente en ilusorio”, insisten los denunciantes, que brindan ejemplos de cómo funcionan, a diferencia del caso argentino, las reglas de desclasificación en Estados Unidos, Brasil y Uruguay.

Las escuchas.
El gobierno tampoco quiso responder sobre los mecanismos de control que implementa la AFI sobre el sistema de interceptaciones o captaciones telefónicas, comúnmente llamadas escuchas. Vale recordar que CFK transfirió las escuchas telefónicas del Sistema de Observaciones Judiciales (más conocido como Ojota) a la Procuración General de la Nación, pero Macri revirtió esa decisión y se las entregó a la Corte Suprema, que en estos meses trabaja en el armado de un organismo que se parece demasiado a una mini-SIDE paralela. (Extractado de Nuestras Voces).