«Anticuarentenas» y «derramadores»

I – Como se temía, y a solo tres días de la marcha «anticuarentena», el gobernador anunció el regreso de Santa Rosa y General Pico a la fase de aislamiento voluntario. La medida se adoptó por el pronunciado crecimiento de los contagios ocurridos, casi todos, en los relajados ambientes de los llamados «encuentros sociales».
El anuncio incluyó también la suspensión del proceso de regreso a las aulas que había comenzado ya su segunda fase con el llamado a unos diez mil nuevos alumnos luego de una primera etapa en la que retornaron a las clases presenciales unos doce mil niños y adolescentes pampeanos.
La decisión, que se tomó en principio por diez días, dejó a salvo el «Día de la Madre», una concesión que tuvo en cuenta, seguramente, no sólo la trascendencia de ese día para las familias pampeanas, sino también que luego de siete meses de pandemia y cuarentena, ha quedado claro que la mayoría de los habitantes de la provincia han cumplido con las medidas y lo seguirán haciendo.

II – Luego de diez meses de debates, de idas y vueltas y de caprichos políticos llevados adelante por una parte de la dirigencia oficialista de Toay, el Concejo Deliberante de esa ciudad puso una necesaria cuota de razonabilidad a la esquizofrenia de la Avenida Perón, y terminó con la distinta normativa vial en sus tramos santarroseño y toayense. La medida del Concejo estableció que la velocidad máxima serán los prudentes 60 kilómetros por hora y que, como lo es en todo el mundo menos hasta ahora en Toay, la prioridad de paso será del vehículo que esté en la rotonda y no del que circula por la avenida. Se trata de un viejo reclamo de los habituales usuarios de esa transitada vía de comunicación entre la capital provincial y la tercera ciudad de la provincia que experimentaban día a día los riesgos de circular por un avenida que tenía semejante contradicción en una norma de tránsito tan crítica como lo es la prioridad de paso.

III – Justo la semana que se conoció la triste noticia de la muerte del actor Hugo Arana, una prueba de su recordada argumentación en contra de la teoría del «derrame» tuvo comprobación empírica. Este diario informó que no hubo «derrame» privado en el fondo solidario creado para contribuir a la lucha contra los efectos económicos y sociales de la pandemia. Todo el aporte lo hizo el Estado en base, claro está, a los impuestos que los ciudadanos pagan y que se cobran en esta provincia o se coparticipan de los impuestos cobrados por la Nación. El caso sirvió para desenmascarar el origen de la teoría, que no es ni más ni menos que un ataque a la potestad estatal de cobrar impuestos. La teoría del derrame, que el neoliberalismo impuso en el mundo, asegura que los ricos, cuando ganan mucho «derraman», como la migas que caen al piso en una mesa con comensales, y que los de «abajo» se benefician de estas migajas, como el chico pobre de comer las miguitas en la irónica comparación que el genial Hugo Arana expresó en el recordado programa ante la mirada lela del ministro de Economía macrista que la sostenía (y que es el responsable del descomunal endeudamiento que padecemos).

IV – La semana larga también sirvió para ponerle cifras a la crisis del coronavirus en la provincia. El más atroz lo fue el número de niños que el Estado pampeano tuvo que rescatar de padres y familias violentas que reveló LA ARENA. Esos 28 niños son el eslabón más débil de una cadena que baja desde las esferas del poder real, apropiador, a las clases más bajas de la sociedad que padecen la desarticulación de los lazos familiares como síndrome a la desarticulación de su mecanismo de sustento. No es que sólo las clases bajas padezcan la violencia hacia la niñez, pero es allí donde esa violencia se muestra con su cara más atroz, porque acompaña la sumersión de las familias más allá de los límites de la subsistencia.

V – La presencia estatal en la provincia sosteniendo el entramado económico se registró claramente en las 800 empresas que reciben ayuda para casi cinco mil trabajadores. Mientras, la apertura nuevamente de un horizonte de apoyo estatal a la construcción de viviendas sociales elevó a 19.000 el número de familias postulantes en los registros del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. Es ése el costado más brutal del ajuste que el macrismo impuso a una clase trabajadora que, más allá de su poder adquisitivo, está imposibilitada de adquirir siquiera un terreno para levantar su casa. El número histórico de postulantes era casi la mitad en la provincia pero el nulo número de nuevas viviendas en ese oscuro período de atraso que fue el macrismo, llevó a esta oscura realidad que, como en otras muchas, el Estado se da a la tarea de reconstrucción. (LVS)