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Apagón informativo

Una investigación del periodista Horacio Verbitsky -publicada por El Cohete a la Luna y este diario el domingo último- mereció, por el momento, el más estricto silencio entre los medios de comunicación del país. Semejante apagón informativo resulta a la vez sospechoso y decepcionante en tiempos en que las noticias vuelan por internet a la velocidad de la luz y son compartidas por el periodismo en todos sus formatos.
Lo cierto es que Verbitsky reveló un hecho muy grave que involucra al Poder Ejecutivo Nacional: la firma de un acuerdo secreto con las empresas Edenor y Edesur por el cual el Estado reconoce una deuda multimillonaria obviando los estudios y las consultas técnicas que deberían justificar semejante admisión de responsabilidad.
Con ese acto celosamente ocultado a la ciudadanía se abre las puertas a un reclamo judicial por el cual ambas distribuidoras eléctricas podrían llegar a embolsar hasta 100 mil millones de pesos en base a un reconocimiento de deuda que graciosamente concede el Estado sin el respaldo de un análisis riguroso.
Este atentado contra el interés público es perpetrado por una serie de funcionarios que hoy ocupan lugares estratégicos en varios organismos de la administración nacional y de la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos desempeñaron altos cargos gerenciales en las dos empresas beneficiarias hasta el día anterior a su incorporación al Estado. Cualquier parecido con el caso del CEO de la Shell que desembarcó en el Ministerio de Energía en diciembre de 2015 no es mera coincidencia; es, a esta altura, una especialidad del macrismo: una política de «participación público-privado» con ganancias y pérdidas aseguradas según el lado del mostrador. En síntesis: los contratistas del Estado cuidando el Tesoro.
Que esta información de alto impacto fuera ignorada por la prensa porteña oficialista no debería causar extrañeza. El blindaje de estos guardaespaldas mediáticos forma parte de la asociación de intereses que se fraguó aún antes de la llegada del macrismo a la Casa Rosada. En cambio cuesta entender el silencio que se escucha desde la otra vereda del periodismo. No son pocos los medios que han logrado mantener, en estos tiempos difíciles de pauta oficial selectiva, una saludable independencia del poder político e incluso del económico. Son muchos los apuros que toda empresa periodística debe sortear para sobrevivir, especialmente si -además de la pauta oficial escasa o ausente- no figura en el menú de los grandes anunciantes privados del país. La delicada situación que atraviesan diarios, radios, canales de TV o portales web que no cedieron a la tentación del aplauso fácil es una muestra elocuente de ese panorama crítico.
Pero además las asociaciones más conocidas que nuclean a periodistas y a medios de comunicación no hacen oir sus voces con la energía que la cuestión amerita, y omiten señalar que la tan meneada libertad de expresión está lejos de ser saludable en un país con tan alto deterioro de los índices sociales y de consumo y con tan marcado nivel de discriminación en materia de publicidad oficial.
Otros casos de «conflictos de intereses» -como elegantemente se menciona hoy a la corrupción gubernamental- fueron conocidos gracias al trabajo de los medios no oficialistas. Por eso desconcierta este silencio que -por el momento, se reitera- viene cubriendo este nuevo caso. Con medios temerosos por su subsistencia no se defiende el estado de derecho, se lo degrada.
La denuncia -que no ha sido desmentida por ningún vocero oficial- es verdaderamente preocupante pues habla de un daño muy severo -otro más- a los intereses del Estado nacional. Si, encima, no alcanza un nivel de divulgación acorde a su importancia habrá un doble perjuicio pues, como es sabido, en democracia, el silencio no es salud.