Aquel secretario

I. Los cuarenta años de existencia cumplidos en 2016 por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado constituyeron, ciertamente todo un acontecimiento, tanto en lo individual como por la representatividad de haber sido el primer organismo de ese tipo creado en el país. Se justifica entonces que el Coirco haya editado como parte de la conmemoración de la fecha un libro que, al margen de historiar el desarrollo de la entidad por parte de los actores originales de su concreción -uno por cada provincia- incluya un prólogo a cargo de la máxima autoridad en la materia dentro del gobierno nacional al momento de la edición: el secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa.
Pese a que su fecha de impresión es de noviembre del año pasado, la edición del impreso corresponde a fines de 2016, por lo que sus contenidos están en sintonía con la mendacidad que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri, cuyo gabinete integró Bereciartúa. De ahí que no sorprenda que semejante comienzo sirva de introducción a una publicación tan emblemática y de distribución masiva

II. Memoria mediante, se comprueba que el prologuista es el mismo funcionario que, tras dirigir el relevamiento integral de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó (que también forma parte del sistema del río Colorado) demoró sine die la creación del comité de cuenca correspondiente, restándole importancia. Por lo demás la presa El Tambolar (en San Juan), que fuera impulsada por Bereciartúa, afectará negativamente a la cuenca del Desaguadero.
Oportunamente el exgobernador Carlos Verna acusó a este funcionario por su parcialidad manifiesta en favor de la provincia de Mendoza en los conflictos que ambas provincias mantienen por el uso del río Atuel y también por el impulso a la realización de Portezuelo del Viento. A pesar de que la provincia de La Pampa argumentó con sólidas razones que la presa afectará la cuenca aguas abajo, el por entonces secretario se mostró a favor de realizarla.
Se trata del mismo funcionario que durante la audiencia de conciliación entre La Pampa y Mendoza en torno a la cuestión del río Atuel, cuando fue llamado a declarar se escabulló del recinto y debió asumir su representación una funcionaria de rango menor desairando a la Corte Suprema de la Nación. Semejante actitud (en la que siempre se sospechó una motivación política) le generó no pocos problemas.

III. En lo que respecta al prólogo del libro en cuestión, más allá de algunas obviedades de orden geográfico e histórico-administrativo, resultan sorprendentes las deducciones respecto a la función del comité de cuenca, especialmente tratándose de un funcionario ad hoc en el tema río Colorado. Al respecto el punto que determina «realizar estudios sobre ecosistemas naturales o inducidos en la cuenca, evaluando, determinando e informando públicamente con antelación el impacto ambiental de los programas a ejecutar», es un ejemplo de incongruencia con la realidad, muy especialmente si se lo mira desde la perspectiva de los ribereños no mendocinos quienes se enteraron hace muy poco tiempo de las posibles consecuencias de Portezuelo del Viento, y ello porque la información les fue suministrada por La Pampa. Ese punto se complementa con otros -como el que habla sobre el control de los proyectos en la cuenca, especialmente en cuanto a caudal y salinidad- que exigen adecuación al Programa único.
Tan singular y controvertida presentación tiene un sospechoso aroma a inducción política como cuando señala que «un ejemplo de un proyecto multipropósito es Portezuelo del Viento, pero sobre todo dicha seguridad posibilita el desarrollo actual y futuro de proyectos que beneficien al país». En lo que concierne a la problemática hídrica regional afirma que la provincia de Mendoza «debe sumar más embalses» y califica todo debate sobre Portezuelo del Viento como «poco inteligente».
Un funcionario mendocino no lo hubiera expresado mejor.