Aquellos sillones que tanto dieron que hablar

En estos días los pampeanos nos enteramos, en medio de la crisis de la pandemia por Covid-19, que sólo el sistema de salud pública provincial está realizando las diálisis a los pacientes renales críticos afectados por el coronavirus. Entre el volumen de informaciones que la pandemia y sus consecuencias produce, la noticia puede pasar inadvertida para quien no recuerde todo el proceso que vivió la sociedad pampeana cuando, hace más de quince años, se propuso la instalación de ese servicio en los principales puntos de la provincia geográficamente distribuidos.
La instalación de los sillones de diálisis fue una idea paralela a la instalación de la planta de oxígeno y, como ésta, una decisión que fue resistida por quienes, ante la omisión hasta ese momento del Estado, habían hallado allí su nicho médico-comercial. Hasta tal punto fue esa oposición y la presión que se hizo sentir sobre el poder político, que luego del cambio de gestión, la nueva administración, pese a conservar el color político y hasta la misma orientación interna de la que había tenido la idea original de brindar un servicio de diálisis en los hospitales públicos, cajoneó la iniciativa.
Durante años, los sillones, que ya se habían comprado, durmieron en sus embalajes. En varias de las localizaciones que se habían previsto, sólo faltaba para su funcionamiento que se construyeran o refaccionaran lugares adecuados. Una inversión pequeña y fácil de realizar con los recursos del Estado. Pero la decisión política de ese gobierno, lejos de continuar como una política de Estado el avance de la salud pública en un área tan necesaria, fue no confrontar con los intereses de los privados y la idea de sumar la diálisis pública a los servicios privados pagó el precio de demorarse años.
Fue recién después que volviera al gobierno la gestión que tuvo la iniciativa de instalarlos que esos sillones finalmente se ubicaron y comenzaron a realizar la tarea para la que habían sido comprados.
A partir de ese momento, cientos de pacientes renales críticos, muchos ellos de edad avanzada, comenzaron a tener una mayor calidad de vida. Ya no fue necesario que los trasladaran cientos de kilómetros varias veces a la semana para esa tarea de limpieza de sangre que deben cumplir los que tienen sus riñones afectados.
La incorporación demostró que era necesario que el Estado también estuviera presente pues la mayor cantidad de plazas para dializar facilitó turnos y, al contrario de lo que se afirmaba, no significó quebranto para ningún prestador privado.
Por eso, ante la realidad de una pandemia donde los enfermos renales son dializados únicamente en los hospitales públicos de la provincia, vale la pena preguntarse qué hubiera pasado en La Pampa si aquélla decisión política de ampliar el servicio de hemodiálisis en la Salud Pública hubiera sido finalmente cajoneada.
La pregunta es necesaria porque las políticas de salud que desde el Estado se instrumentan suelen ser atacadas como una «injerencia» cuando se trata de nichos lucrativos. Pero la pandemia demostró aquí y en todo el mundo, que es la Salud Pública y los recursos volcados a ella, la única capaz de hacer frente a semejante amenaza global.