Argentina mantiene su muy buena nota en derechos humanos

Con el juicio finalizado en La Plata a 21 represores de La Cacha, prosigue la buena cosecha democrática. Otros doce juicios se sustancian en el país. Ya hay 559 condenados. Es interesante la comparación con el retraso de Brasil en este tema.
EMILIO MARÍN
El 24 de octubre concluyó el juicio contra 21 represores que actuaron en el centro clandestino de exterminio de "La Cacha", en La Plata, cercana a la cárcel de Olmos y dependiente del Regimiento 7 de la ciudad, en particular del Destacamento de Inteligencia 101.
El juicio fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los doctores Pablo Vega, Pablo Jantus y Carlos Rozanski, con la presidencia del último. Por eso en aquella jornada le tocó leer el largo veredicto, muy festejado en la sala -entre otras personalidades estaba Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo- y en la calle. Afuera hubo dos actos diferentes: en uno los partidos del FIT y aliados, y en otro HIJOS, organismos de DD HH, La Cámpora, Movimiento Evita, PL, CTA de Yasky y lista Azul de ATE.
Los festejos fueron porque el lote enjuiciado se volvió a la cárcel con pesadas condenas, acorde a las acusaciones de torturas, secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, retención de menores y desapariciones de 128 víctimas. Entre los crímenes se juzgaba el cometido contra Laura Carlotto, hija de Estela y militante de Montoneros. Hubo 15 perpetuas, cuatro condenas de entre 12 y 13 años de prisión y resultó absuelto el militar retirado Luis Perea.
Si bien los fundamentos de la sentencia serán difundidos el 12 de diciembre, hubo aspectos de este juicio que merecen ser subrayados. Algunos son novedosos. Rozanski y sus colegas del TOF 1, en cada pena, imputaron el delito de "un genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar". A los condenados les reprocharon "la matanza de un grupo nacional en la lesión grave a su integridad, acarreando su destrucción parcial o total". El titular del tribunal explicó al periodismo que "la figura de genocidio da al proceso un contexto adecuado de donde deben ser entendidos los hechos" (Télam 26/10).
Algunos de los represores ya venían condenados en otros juicios, caso del comisario Miguel Etchecolatz, arrastraba una perpetua desde 2006 por los crímenes cometidos en el circuito Camps (en ese juicio testimonió Jorge Julio López, que desapareció el día de la sentencia).
Otros represores están en simultáneo sentados en el banquillo de los acusados en otros juicios, como el militar Gustavo Adolfo Cacivio (alias "el Francés"), que tuvo perpetua aquí y seguramente la misma pena le corresponderá en diciembre, cuando concluyan las audiencias de "Vesubio II" en la Capital Federal. Cacivio fue en 1978 transferido como jefe a ese CCD, siendo el responsable de las desapariciones de Roberto L. Cristina, Elías Semán, Jorge Montero y el resto de la dirección política de Vanguardia Comunista (actual PL).

Civiles y empresarios.
Las condenas en La Plata trajeron otro aspecto muy interesante: tuvo perpetua el abogado Jaime Smart, uno de los civiles más encumbrados en la dictadura. Fue el ministro de Gobierno del general Ibérico Saint Jean en la provincia de Buenos Aires. Pese a los varios editoriales de "La Nación", que lo defendieron a capa y espada, Smart también volvió al presidio con su pena de reclusión perpetua.
Con la cosecha de veinte condenas decididas por el tribunal platense, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, dirigida por el tucumano Jorge Auat, actualizó la estadística nacional. Informó que hay 559 condenados por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, luego de 145 juicios. La mayoría se sustanció a partir de 2006, o sea luego que el Congreso anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la Corte Suprema confirmara esas anulaciones.
De ese total de condenados, está alojados en unidades penitenciarios el 59 por ciento, en tanto 39 por ciento está con detención domiciliaria y el pequeño resto en dependencias de fuerzas de seguridad u hospitales.
En esta buena cosecha democrática hay que mencionar dos puntos negativos: sólo una pequeña parte de las condenas está en firme luego de chicanas, apelaciones y demoras, lo que denota que cierta complicidad judicial, venida bastante a menos, aún perdura.
El otro tema es que 54 represores siguen prófugos de la justicia en episodios que revelan complicidad de las fuerzas de seguridad.
El día anterior al fallo de "La Cacha" hubo otra noticia que pegó sobre los socios civiles del genocidio. El juez federal de Salta Fernando Poviña dictó el procesamiento del ex titular de un juzgado federal en esa ciudad, Ricardo Lona, por complicidad en la Masacre de Palomitas. En julio de 1976 once presos políticos fueron sacados de la cárcel salteña y fusilados en el paraje de Palomitas, simulando un enfrentamiento con guerrilleros. Lona tiene otra causa abierta por encubrimiento y prevaricato en el secuestro y desaparición del gobernador de Salta, Miguel Ragone, otra víctima de la dictadura.
Todo parece indicar que como a Romano, Miret y otros camaristas juzgados en Mendoza por complicidad en delitos de lesa humanidad, a la runfla de civiles y miembros de aquella justicia nada independiente del "Proceso", se le están terminando casi cuatro décadas de impunidad.

Mejor que Brasil.
Las buenas notas de Argentina en el juzgamiento de los crímenes tampoco fueron instantáneas con el retorno de la democracia en 1983. Hubo en ese momento juicios muy importantes, como el de las ex Juntas de Comandantes y otros, que luego se paralizaron por las dos leyes arriba mencionadas y el indulto menemista.
No todo estuvo bien hecho. A partir del empuje de los organismos, recién a partir de 2003-2005 empezó otra historia, mucho mejor, sin negar que el "gatillo fácil" policial siguió haciendo de las suyas.
Con todo, el balance es positivo. Y sirve el cotejo con Brasil, donde recién en 2012 se formó una Comisión Nacional de la Verdad, una suerte de Conadep. La CNV reveló este jueves 13 que el gobierno militar brasileño (1964-1985) "causó 421 asesinatos y desapariciones de carácter político". La agencia RÍA-Novosti dijo que la Comisión entregará un informe a Dilma Rousseff el próximo 10 de diciembre, día de los DD HH.
De allí a juzgar y condenar a esos genocidas mediará un largo camino, si es que el gobierno brasileño se decidiera a recorrerlo, pues "la Ley de Amnistía de 1979 garantiza seguridad jurídica a los militares y funcionarios brasileños acusados de violar los derechos humanos durante el período dictatorial".

Dos novedades.
Una novedad fue la aprobación en dos comisiones de Diputados de un dictamen a favor de la iniciativa de Héctor Recalde (FPV), creando una Comisión Bicameral de investigación de la responsabilidad de empresarios en la represión ilegal durante la dictadura militar-cívica. La idea es que tenga media sanción antes de fin de año, formando una comisión presidida por alguien designado por el PEN, y con cuatro diputados y cuatro senadores. Tendrá facultades para investigar y deberá emitir un informe dentro de los 180 días de aprobada por el Congreso, "pudiendo formular las correspondientes denuncias ante la justicia" (LA ARENA, 9/11).
Acindar, Ford, Ledesma, La Veloz del Norte, Renault, Techint, Roggio, Mercedes Benz, Loma Negra, Clarín (por Papel Prensa) y varias tienen las barbas en remojo; algunas ya están imputadas.
La otra novedad fue que la jueza María R. Servini de Cubría pidió a Interpol la detención de veinte ex funcionarios del franquismo, para que comparezcan en la causa abierta en abril de 2010 en Buenos Aires por iniciativa del abogado argentino Carlos Slepoy. Entre ellos están los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
A la inversa, mientras la justicia argentina se allana a la búsqueda de verdad de víctimas españolas, un diario madrileño (Público) reveló que en su investigación "Los Archivos Secretos" que en 1977 la España de la "transición", con el rey borbón y su lánguida reina, más el jefe de gobierno Adolfo Suárez, habían ayudado política, comercial y financieramente a la dictadura. Además de los monarcas y autoridades, uno de los banqueros que agasajó a José A. Martínez de Hoz fue Emilio Botín, del Santander (Río entre nosotros), a quien la dictadura le devolvió las sucursales de Córdoba y Rosario expropiadas en 1973. A los borbones y sus banqueros no les importó que en 1977 arreciaban las denuncias de desapariciones de personas en Argentina, entre ellos varios ciudadanos españoles.
La causa iniciada por el abogado Slepoy está dentro de las conocidas como de "justicia universal" y fue citada como antecedente por los ciudadanos cordobeses que el 29 de agosto pasado radicaron una denuncia contra cinco autoridades del Estado de Israel por sus crímenes en el marco del genocidio contra los palestinos en Gaza. La misma fue presentada ante la fiscalía federal de Enrique Senestrari. Visto el trámite positivo que viene tomando la causa de los crímenes del franquismo (1939-1975) en el juzgado porteño de Servini de Cubría, es de esperar que en el expediente contra Benjamin Netanyahu y otros cuatro genocidas haya también una declaración de competencia del fiscal cordobés y se adopten las primeras medidas solicitadas.