Atentado contra la causa AMIA

¿EL ENCUBRIMIENTO DEL ENCUBRIMIENTO?

Luciana Bertoia* – Familiares de víctimas de la AMIA temen que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta contra la procuradora Gils Carbó, afecte la causa.
Parteaguas de la política nacional durante las últimas dos décadas, el atentado a la AMIA y la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman fueron elementos importantes de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. Sin embargo, el gobierno ni siquiera mencionó a la Unidad Fiscal encargada de investigar el ataque de 1994 en el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que obtuvo dictamen favorable días atrás y que apunta a reducir al mínimo el margen de maniobra de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Entre los querellantes crece el temor por el futuro de los fiscales a cargo de la investigación mientras sobrevuela el fantasma de un nuevo juicio malogrado. “El proyecto del gobierno es una aberración. Vamos hacia el encubrimiento del encubrimiento”, dijo Sergio Burstein, querellante en la causa AMIA. Para Diana Malamud de Memoria Activa, cualquier cambio a la actual UFI-AMIA sería una “gran retroceso”.

Contra Gils Carbó.
El miércoles próximo, la Cámara de Diputados tratará la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que tiene nombre y apellido, Alejandra Gils Carbó, a quien Macri quiere afuera de la Procuración desde el minuto cero de su mandato. Pero más allá de recortar las facultades de la procuradora o de quien pueda sucederla en un futuro, el proyecto deja en un limbo a la UFI-AMIA, la unidad creada en 2004 y que estuvo en manos del fiscal Alberto Nisman hasta su muerte en enero del año pasado.
El gobierno propone crear una Procuraduría de Terrorismo, pero no aparece mencionada la Unidad Fiscal encargada de investigar el mayor atentado terrorista ocurrido en el país. “Dos atentados terroristas en nuestro país bastan para hacer una procuraduría”, dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli mientras el proyecto se discutía en comisión, sugiriendo también que la UFI-AMIA podía ser subsumida dentro de esa procuraduría. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia le dijeron a Nuestras Voces que ésa no era la voluntad del proyecto.
El argumento del doble atentado para justificar la creación de una procuraduría es, al menos, endeble. El Ministerio Público sólo tiene en sus manos la investigación acerca del ataque a la AMIA. La causa por el atentado en la embajada de Israel de 1992 tramita -sin mucho vértigo- ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no deja de ser cierto que el terrorismo es uno de los ejes con los que la administración de Macri busca zambullirse en la agenda internacional. Como sostuvo el profesor Juan Gabriel Tokatlian durante la presentación del informe “La riesgosa política del gobierno para las fuerzas armadas”, los dos términos que el presidente pronuncia con mayor frecuencia son inversiones y terrorismo.
“Realmente estamos muy preocupados porque la nueva ley no hace ninguna mención al tema de la UFI AMIA”, dijo Malamud. Sin embargo, la omisión no es la única fuente de preocupación, sino otros elementos que sí figuran en el proyecto.

El futuro de los fiscales.
Un mes después de la muerte de Nisman, Gils Carbó designó a un grupo de tres fiscales y a un secretario para hacerse cargo de la UFI-AMIA. Así Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini y Juan Murray llegaron a la oficina con vista a la Plaza de Mayo. Sabadini se fue antes de cumplir un año en el cargo y en marzo de este año fue reemplazado por Leonardo Filippini.
Según los requisitos que establece la ley, ni Salum ni Filippini estarían en condiciones de permanecer en la UFI-AMIA, mientras que Namer está pronta a dejarla para asumir como jueza en el Tribunal Oral Federal 8. Según la reforma propuesta por el macrismo con apoyo del massismo, del GEN de Margarita Stolbizer y el bloque de Diego Bossio, los titulares de las procuradurías y de las unidades deben tener como mínimo cinco años como fiscal general. En diciembre, se cumplen los cinco años desde que Salum juró como fiscal federal de Reconquista. Filippini, por su parte, juró como fiscal federal de Moreno en agosto del año pasado. Los dos concursaron sus cargos, pero el requisito de los cinco años de antigüedad es percibido como un espaldarazo para los que vienen de otras gestiones y que tuvieron menos escollos académicos para llegar a hacerse cargo de una fiscalía.
“Después de 22 años es la primera vez que tenemos una fiscalía que está trabajando seriamente”, dijo Malamud, quien desde Memoria Activa mantuvo una posición de denuncia del accionar de Nisman al frente de la UFI-AMIA, llegando a sostener que el fiscal viajaba mucho y trabajaba poco. “Esperemos que no toquen a la fiscalía”.
Burstein fue a verlo a Nisman para pedirle que identificara al muerto 85 del atentado. Le dijo que había hecho todo lo posible, pero que no se podía hacer nada más, recuerda el querellante. El fiscal le confió que pensaba que se trataba de un obrero boliviano. “Me mintió en la cara”, se amarga. En agosto de este año, la UFI-AMIA logró lo que para Nisman parecía imposible: devolverle 22 años después la identidad al muerto 85 gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Era Augusto Jesús, que el día del atentado concurrió junto a su madre a la AMIA para hacer un curso. Tenía 20 años y la familia lo buscó. Los tíos fueron al juzgado después del atentado, pero la justicia estaba muy ocupada para asociar la ausencia del muchacho de 20 años con el cadáver sin nombre. “Lo que están haciendo los fiscales no es magia, es trabajo. Esta ley busca sepultar la verdad”, dice Burstein.

Verdad y justicia.
Namer y Salum vienen actuando como los fiscales en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que tiene en el banquillo al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia y al dirigente comunitario Rubén Beraja, entre otros. También está sentado en el banquillo Jorge “Fino” Palacios, a quien Macri había designado al frente de la Metropolitana y que deberá afrontar un nuevo juicio oral por las escuchas ilegales que se realizaban desde el Gobierno de la Ciudad, caso por el que el juez Sebastián Casanello decidió sobreseer al presidente poco después de su llegada a la Casa Rosada. Burstein, víctima de ese espionaje, también es querellante en esa causa.
Para Burstein, lo que se busca desde el Ejecutivo es dejar sin efecto el juicio. ¿Podría un fiscal nuevo leer toda la causa si Salum, Namer y Filippini debieran dejar la UFI-AMIA y volver a sus cargos de origen en 48 horas? “Nos vamos a quedar sin un fiscal que conozca la causa”, dice. Los familiares de los muertos en la AMIA ya conocieron de cerca la desazón en 2004, cuando el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados por los que hoy están en el banquillo.
“Quieren tapar la verdad para sostener la historia de Stiuso y Nisman. Están en camino a cerrar la causa en línea con los pedidos de la dirigencia comunitaria,” sostiene Burstein. “Es el encubrimiento del encubrimiento. Acá nadie quiere devolver la dignidad a los muertos”.
*Nuestras Voces.

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