Atuel: ¿la Corte actúa bajo presión?

Las recientes declaraciones del gobernador de la provincia relativas al juicio del Atuel con Mendoza han refrendado lo que sospechaban quienes siguen el tema en sus varios aspectos: fracasados en buena parte los argumentos políticos, la provincia cuyana apuesta ahora a un diferimiento sin término del tema, apelando a planteos insólitos y que llegan hasta el absurdo. Ese proceder no es más que una antigua táctica mendocina que, a lo largo de los años, fue levantando diversos obstáculos, de distinta naturaleza, tratando de desgastar la posición pampeana, reforzando la concreción de los hechos consumados.
Al margen de estas estrategias en el orden técnico y legal, Mendoza no abandonó nunca la presión política. Ese proceder se deduce a poco de analizar la última decisión de la Corte Suprema de Justicia que, cuando se esperaban definiciones sobre el caudal, que respondieran a los requerimientos planteados por la Corte misma (fueran o no de acuerdo con lo que solicitaran las provincias), el máximo tribunal apareció estirando los plazos y proponiendo continuar con las negociaciones para determinar un plan de obras sobre el cauce fluvial.
Acierta el gobernador pampeano al calificar de “incoherente” la propuesta del tribunal ya que es imposible hablar de obras antes de conocer el volumen de agua al que estarían destinadas. Este absurdo parece evidenciar algún tipo de presión sobre la Corte, que tan claramente se había pronunciado en los inicios de este nuevo diferendo en cuanto a la restauración de las condiciones ambientales y los evidentes derechos de La Pampa sobre una parte del río. Con esta última recomendación la trama puede entrar en un atolladero técnico-jurídico que no hará sino favorecer los intereses mendocinos. En este sentido La Pampa debe tener siempre presente el ejemplo de la primera Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, que prolongó su presunto cometido por más de dos décadas sin lograr nunca materializar alguna iniciativa concreta.
Es posible que, en el fondo de todo este nuevo y confuso enfoque estén latiendo dos temas inquietantes para Mendoza; por un lado la aceptación de hecho de que las mediciones de escorrentías se extiendan hasta más allá de Algarrobo del Aguila, ya que un brazo importante del Atuel -el Butaló- se prolongaba hasta cercanías de Limay Mahuida. Por el otro el inesperado pedido de nuestra provincia de volver a considerar al río Diamante en su condición de afluente del Atuel (como lo fue hasta que se lo desviara en 1806) y el consiguiente aporte de caudales que pudiera realizar.
Un dato también inesperado pero valedero a las objeciones gubernamentales pampeanas ha sido la postura relativa a que algunos pobladores rurales del oeste pampeano rechazan la llegada de las aguas del Atuel en las actuales condiciones -sin información previa, en pulsos, sobre cauces imprevisibles, inundando praderas de pastoreo…- por los perjuicios que causan a sus haciendas. La objeción, no totalmente generalizada, refuerza la postura gubernamental en cuanto a que lo primero es conocer caudales y frecuencia que tendrán y a continuación proceder a las obras de encauzamiento y formación de eventuales bañados. Al respecto basta recordar que en los 70 años transcurridos desde el último corte del Atuel la erosión eólica ha hecho estragos en el área.
En todo este proceso -que visto en perspectiva evidencia la irrupción de nuevas derivaciones técnicas y jurídicas que contribuyen a la postergacíón de una definición- aparecen como muy representativas de la posición pampeana las palabras del procurador de la Provincia al referirse a la reunión de la CIAI que tendrá lugar en los próximos días: “La Pampa va a insistir en que la determinación y fijación de un caudal debe ser de manera inmediata y otorgado en tiempo, no sujeto a obras”.