Atuel: la Corte y otra dilación

¿Cuál es el impedimento para que Mendoza, La Pampa y Nación discutan el plan de obras hidráulicas que requiere el río Atuel en tanto un caudal de agua empiece a correr por el lecho seco de nuestra provincia? Esa es la pregunta simple, elemental que se formulan hoy los pampeanos sin encontrar respuestas. Es que con su decisión de postergar por 90 días hábiles, casi medio año, un dictamen sobre lo más importante del juicio: el regreso de un caudal permanente a La Pampa, la Corte Suprema defrauda las ansias de justicia de los habitantes de esta provincia.
No es que las obras no sean relevantes, pero su relevancia es secundaria con respecto a la cuestión principal: el regreso del agua en forma permanente para que cese el daño humano y ambiental que el corte del río viene provocando desde hace siete décadas. Esa circunstancia no debería entorpecer en absoluto las negociaciones tendientes a lograr un acuerdo sobre las obras. Uno y otro aspecto discurren por vías paralelas; no deberían interferir entre sí.
Estos interrogantes son los que hoy desvelan a los pampeanos, y con renovada desilusión. Porque este primer round del nuevo capítulo judicial ante el máximo tribunal del país lo ganó, otra vez, Mendoza. Incluso con su marca registrada: el aplazamiento de la efectivización de un cupo de agua permanente que corra por el cauce sediento del Atuel en tierras pampeanas.
Decepciona reconocerlo, pero no se puede cerrar los ojos ante la evidencia: esta postergación de la Corte está en sintonía con la estrategia cuyana de siempre. Los pampeanos lo sabemos muy bien; los mendocinos pueden sentarse a conversar, a discutir, a proponer proyectos, pero a la hora de hablar sobre el hecho concreto e irrefutable de que vuelva a correr el río -la exigencia innegociable de los pampeanos- se acaban los gestos amables, las sonrisas diplomáticas y aparecen las apelaciones a un futuro siempre incierto.
Muy lejos estuvo la CIAI de lograr un acuerdo. Media un abismo entre el caudal que propuso La Pampa y el que ofreció Mendoza. Hasta en el método: los pampeanos basaron su exigencia en un completo estudio realizado por su Universidad; los mendocinos replicaron con un insólito plan de perforaciones que aportarían un volumen de agua mucho más mezquino y sin una investigación respaldatoria de su justificación.
Ese decepcionante resultado, sumado a las muchas décadas de negociaciones infructuosas entre las partes, debería alcanzar para convencer a los jueces de la Corte de que nunca llegará la solución por esa vía. La larga historia de desencuentros es elocuente. Si hoy el caso volvió al tribunal es porque, precisamente, se agotó esa alternativa. Por esa razón este nuevo aplazamiento constituye otro trago muy amargo que deben beber los pampeanos.
Con un resto optimismo cabe aguardar que el nuevo plazo otorgado por la CSJ tiene su origen en una prevención: evitar el reproche de haber actuado en forma apresurada cuando el tribunal determine que el agua debe volver a correr por territorio pampeano, tal como lo hacía hasta los años cuarenta del siglo pasado cuando fue apropiada en forma unilateral por la provincia vecina.