Atuel: pasó un año y todo sigue igual

Desde los mismos comienzos de la controversia judicial por el río Atuel muchos pampeanos presumieron que la provincia de Mendoza continuaría obrando de mala fe. El tiempo no hizo más que confirmar la validez de aquella desconfianza.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba la reconstitución del ecosistema en el valle inferior del Atuel va quedando como meramente declarativa ante las dilaciones del gobierno mendocino, que no son casuales, y la indiferencia de la Nación, muy parecida a una actitud de complicidad. La presunción se ve confirmada por el reciente cumplimiento de un año, desde el plazo otorgado por el organismo judicial para que se fijara un caudal ecológico e hidrológico acorde con la situación y el reclamo pampeano; se trataba de un “caudal hídrico apto”, en palabras del tribunal.
El caudal establecido por Mendoza fue irrisorio y hasta agraviante desde su primer ofrecimiento: el 3,9 por ciento de la media del río o, dicho más llanamente, menos de 4 litros de cada 100 que escurren por el Atuel. Tan ridícula cifra recuerda aquel derrame cuatrimestral que prescribiera la Nación ante los reclamos pampeanos en 1948 y que -vale la pena recordarlo- Mendoza tampoco cumplió. Asimismo los cálculos, ilógicos y arbitrarios, provistos por la Secretaría de Recursos Hídricos nacional también dieron una cifra inaceptable, apenas un poco mayor que la mendocina. Demás está decir que esos caudales dejan de lado completamente el concepto de reconstrucción ecológica subrayado por la Corte.
La situación, que implica ignorar o menoscabar el fallo del tribunal, ha llegado así a un punto muerto, vieja aspiración política de los cuyanos que, cuando aceptaron algún tipo de discusión, lo hicieron siempre referido un brumoso futuro, impreciso y potencial. En esa postura continúa actuando y parece que ni la misma Corte Suprema la detiene. De paso conviene hacer notar que las sustracciones de caudales al Atuel llevan ya más de un siglo.
Ante semejante estado de cosas vuelve a plantearse la posibilidad de una alternativa que desde esta columna se ha considerado reiteradamente: ¿no será tiempo ya de adoptar una postura que responda a la cuyana en iguales términos? Agotada ya, o poco menos, la vía jurídica ¿no debería La Pampa intentar acciones en donde haga sentir, al igual que lo hizo siempre Mendoza, su peso económico y político? En este sentido -hay que reconocerlo- se dejó pasar una oportunidad única al no concretar la visita de la relatora en materia de alimentación de las Naciones Unidas, quien había manifestado un claro interés por visitar la provincia y apreciar el desastre ambiental por sí misma.
Mientras tanto Mendoza, con el consentimiento del gobierno nacional, sigue desarrollando la promoción turística sobre el río y, procediendo en función de los hechos consumados, ofrece caudales de perforaciones que se saben potencialmente salinizados, en parte por el inadecuado riego que llevan a cabo los cuyanos aunque en la materia se hagan los distraídos.
La situación fue bien resumida por el procurador general de la provincia: “cuando dos no quieren, tres no pueden”.