¿Avance real o solo un cambio de imagen?

FRANCISCO AUTORIZA A PERDONAR MUJERES QUE HAYAN ABORTADO

La decisión del Papa, en relación a flexibilizar el otorgamiento del perdón a quienes hayan interrumpido un embarazo, no cambia la consideración de la Iglesia Católica hacia el aborto. Lo sigue considerando “pecado grave” y motivo de excomunión.
IRINA SANTESTEBAN
Desde su asunción como Papa, Jorge Bergoglio ha acostumbrado al mundo a gestos que acercaron a muchos feligreses desencantados. Su modo de vida humilde, su acercamiento con los desamparados, sus manifestaciones contra el capitalismo salvaje, a favor de los pueblos originarios y del cuidado del medioambiente, etcétera, han forjado una imagen suya casi revolucionaria. Su prédica lo muestra como un Pontífice decidido a cambiar a una institución milenaria, que tiene en su historia desde los crímenes de la Inquisición, hasta su complicidad con la conquista de América y más recientemente con dictaduras como en Argentina.
En cuanto a la relación a la familia y la sexualidad, el papel de la Iglesia ha sido siempre reaccionario, de oponerse al divorcio, al matrimonio igualitario, a los derechos para homosexuales o de sexualidad diferente a lo que la Iglesia considera “normal. Siempre ha considerado un “grave pecado” cualquier interrupción del embarazo, inclusive la permitida por riesgo para la vida de la madre, o cuando el embarazo es producto de una violación.

Mismo pero mejor presentado.
Por ello, cuando el 1 de septiembre pasado, se conoció la resolución de Francisco, permitiendo que los sacerdotes puedan conceder el “perdón” a aquellas mujeres que se hayan practicado un aborto, para muchos fue una señal de una “puerta abierta”, como lo expresó el teólogo brasileño Leonardo Boff.
Sin embargo, esta decisión papal no cambia la posición de la Iglesia respecto al aborto. En primer lugar, está limitada a un período, el Año del Jubileo que Francisco ha bautizado como Jubileo de la Misericordia: comienza el próximo 8 de diciembre y termina el 20 de noviembre de 2016. Segundo, que ese perdón ya se otorgaba, pero sólo podían darlo los obispos, que a su vez podían delegar tal facultad en los sacerdotes. Con esta resolución, todos los curas van a poder otorgar el perdón a las mujeres que hayan abortado, aún cuando su obispo no esté de acuerdo.
En tercer lugar, este perdón se otorga sólo a aquellas mujeres que se hayan “arrepentido”, con lo cual el aborto continúa siendo un “grave pecado” como lo ha manifestado Francisco. Y de esta forma, no es ninguna ayuda para quienes impulsan la despenalización del aborto en aquellos países en los cuales es considerado un delito.
Algunos estudiosos consideran que esta decisión del argentino tendría una intención secundaria, cual es la de promocionar la institución de la confesión, que está bastante en desuso, aún entre la feligresía católica. Es que sólo es posible otorgar el perdón, cuando se confiesa el pecado en la confesión.

“Avance corto”.
Para “Católicas por el Derecho a Decidir”, institución que forma parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la resolución del Papa constituye un “avance, pero corto”.
En un comunicado, CDD consideró que este perdón deja “afuera a aquellas mujeres que no lo viven como drama, sino como una elección, una decisión consciente y moralmente válida, en la cual pudieron reconciliar sus decisiones reproductivas, su proyecto de vida con sus creencias religiosas”.
Esa organización consideró positivo que por primera vez la Iglesia “muestre cierta consideración hacia las mujeres y sus decisiones en el terreno de derechos sexuales y reproductivos”. Ello porque en la carta del Papa hacia el Jubileo, éste se muestra compasivo en relación a los condicionantes que tienen que enfrentar a aquellas mujeres que interrumpen el embarazo.
Para Silvia Juliá, abogada de CDD, esta postura sí muestra un cambio, pues tradicionalmente la Iglesia ha considerado un “crimen” al aborto, y por ende, una “criminal” a la mujer que se lo practica. Que la máxima autoridad haga referencia a las condiciones que preceden y provocan la decisión de una mujer de recurrir al aborto, “por lo menos le ha bajado el nivel de estigmatización”.
Para Juliá, si el Papa perdona a las mujeres que abortan, ¿cuál sería el impedimento para que los legisladores eludan debatir “la inmoralidad de la criminalización penal que todavía subsiste en nuestra legislación?”.

Más progre que obispos.
En junio de este año, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por José María Arancedo, difundió un documento contra el Protocolo de Aborto No Punible, del Ministerio de Salud de la Nación, ratificando la tradicional posición de la Iglesia.
Pero los casos de abortos no punibles, previstos en el artículo 86 del Código Penal, están permitidos, mucho más luego del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de marzo de 2012. Esa sentencia ratificó la vigencia de esa norma, y la obligatoriedad del sistema de salud pública, de practicar un aborto si una mujer se encuentra en cualquiera de los dos supuestos: cuando el embarazo es fruto de una violación, o cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida o la salud psicofísica de la madre.
En este caso, la jerarquía de la iglesia argentina se ubicaría a la derecha del Papa, ya que éste escribió en el documento hacia el Jubileo: “Pienso en las mujeres que han tenido que recurrir al aborto. Conozco bien los condicionantes que han tenido que enfrentar y sé que es un drama existencial y moral”.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal Argentina, al continuar su férrea oposición hacia los protocolos para los abortos no punibles, no está reconociendo ninguna condición por la cual una mujer toma la decisión del realizarse un aborto, ni la violación, ni el riesgo para la salud o la vida.

Un freno para el debate.
Dentro de la misma organización -CCD-, el abogado Juan Marco Vaggione, sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, expresa que no todas las católicas viven la interrupción voluntaria del embarazo como un drama ni con culpa.
Ello es así porque el aborto está criminalizado en muchos países latinoamericanos, y en esta región la mayoría de la población profesa la religión católica. Sin embargo, los abortos se practican, en la clandestinidad, con riesgo para la vida de las mujeres.
Vaggione dice que, aún cuando el Papa resuelva flexibilizar el otorgamiento del perdón a las mujeres, esta práctica seguirá siendo para la Iglesia un “pecado grave”. En su consideración como figura delictual, en el Derecho, la jerarquía eclesiástica continuará con su histórica oposición a cualquier debate legislativo, como el que impulsa la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Las militantes de este espacio coinciden en que el impulso al proyecto de ley, que llevaba la firma de más de 60 diputados y diputadas nacionales, para su debate en el recinto legislativo, se vio frenado luego de la designación de Bergoglio como Papa, en marzo de 2013.
Más allá de su aparente apertura, la traba a una legislación que despenalice el aborto, está claramente en el Vaticano.

Contra los abortos no punibles.
La prueba más clara son los abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal, cuya vigencia fue ratificada por el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los protocolos para la aplicación de esa norma se encuentran paralizados por presentaciones de abogados de organizaciones ligadas a la curia. En Córdoba las hizo Aurelio García Elorrio, del Portal de Belén, y que prohíbe que ese protocolo se aplique en los hospitales públicos que dependen de la provincia.
En Santa Fe, la diputada provincial electa Silvia Augsburger, integrante de la Campaña Nacional, ha pedido que el protocolo para la atención de los abortos no punibles sea aprobado mediante una ley. Es para evitar que fallos judiciales dictados por jueces afines a la Iglesia, obstaculicen su aplicación.
Augsburger denuncia que, a pesar que en Santa Fe se llevan adelante políticas públicas que garantizan la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto legal, en los últimos meses ha habido oposición de algunos profesionales para esas interrupciones. Uno de esos casos fue en el Hospital Iturraspe, el mismo que en 2006 se negó a practicarle un aborto a la joven Ana María Acevedo, de 20 años, afectada de un cáncer en el maxilar y embarazada, y a la que no se le aplicó quimioterapia por su embarazo. A pesar que Ana María y sus padres pidieron la aplicación del artículo 86, porque corría riesgo su vida, para practicarse un aborto, los médicos se opusieron. El bebé de Ana María nació a los 7 meses de gestación y murió a las pocas horas, mientras que la joven sobrevivió unos 20 días hasta que murió, dejando huérfanos a sus otros tres hijos. Por eso fueron denunciados las autoridades y médicos del Iturraspe.

Es un derecho, no un pecado.
La decisión sobre continuar o no con un embarazo, es un derecho de las mujeres, y aunque la Iglesia lo siga definiendo como “pecado grave”, la legislación de un país debe reconocer ese derecho, despenalizándolo.
El aborto no es un crimen, sí lo es que todos los años mueran mujeres como consecuencia de prácticas clandestinas. En Argentina se realizan anualmente entre 400.000 y 500.000 abortos clandestinos. Obviamente las mujeres que mueren o quedan con graves secuelas, son aquellas de los sectores más pobres, que no pueden acceder a una intervención segura, sometiéndose muchas veces a prácticas en muy malas condiciones sanitarias.
Las muertes maternas como consecuencia de abortos disminuyeron notablemente pues en 2009 hubo 87 muertes y en 2012 esta cifra bajó a 33, pero en 2012 volvió a aumentar, llegando a 50 muertes.
No obstante, las propias autoridades de Salud, son conscientes que estas cifras no son reales, y que existe un subregistro, pues muchas de las muertes por insuficiencias renales u otras causas obstétricas, son en realidad por un aborto y no se registran como tales.
El Papa puede otorgar todos los perdones que desee, pero la despenalización del aborto es una cuestión de salud pública, que debe tomar en cuenta el cuidado de la salud y de la vida de las mujeres. Y debe estar a cargo del Estado, a través de sus legisladores y sus autoridades, para que se pueda hacer realidad el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Educación Sexual para prevenir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir”.