Bajar imputabilidad no es solución para prevenir delincuencia

Irina Santesteban - A pesar que tanto Unicef como especialistas en criminología y minoridad, rechazan la iniciativa, desde el ministerio de Justicia se anunció que Mauricio Macri impulsará una reforma para reducir la edad de imputabilidad penal, de los 16 a los 14 años.
La costumbre de anunciar medidas rimbombantes, pero poco efectivas, cada vez que un hecho policial conmueve a la sociedad, no es nueva. Cuando en 2004 el joven Axel Blumberg fue asesinado en un caso de secuestro, su padre, Juan Carlos Blumberg encabezó una cruzada para modificar el Código Penal, en un sentido de mayor severidad en las penas.

 

Las leyes Blumberg.
En abril de aquel año, Blumberg convocó a masivas movilizaciones, y hasta fue recibido por el entonces presidente Néstor Kirchner. Cuando se trataron esas reformas del sistema penal en el Congreso, se ubicó en el palco, desde donde se lo dejó hablar como si fuera un diputado más. En medio del debate parlamentario, el falso ingeniero señalaba con el dedo, y anotaba a los legisladores que no acordaban con su propuesta, como si fuera un fiscal.
Se confeccionó un petitorio que fue firmado en todo el país, con siete puntos que incluyeron la sumatoria de penas hasta los 50 años de cárcel, aumento de penas mínimas y máximas por la sola portación de armas y los robos cometidos con ellas, para los secuestros extorsivos seguidos de muerte y para los delitos sexuales, entre otras medidas.
Ese petitorio había sido elaborado por Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla. Blumberg luego se vinculó con el Instituto Manhattan, el centro de estudios estadounidense que era el soporte del entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, promotor de la "tolerancia cero". En ocasión de una visita a Córdoba, Blumberg se refirió a los pibes que limpian vidrios de los autos en las esquinas y semáforos, como los "nuevos terroristas urbanos".
En un artículo publicado en Página/12 (1°/04/2014), a 10 años de la sanción de las "leyes Blumberg", la periodista Irina Hauser entrevistó a diversos especialistas en derecho penal y en criminología, y todos coincidieron en que esas normas no sirvieron para dar mayor seguridad, sino más bien para aumentar la población carcelaria.

 

A partir de los 14.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad suena bien a los oídos de una parte de la sociedad, aquella que promueve los linchamientos y la "justicia por mano propia", que se pone muy violenta cuando los delitos son cometidos por jóvenes de sectores pobres.
Esas posiciones son promovidas por la prensa hegemónica, cuando se afirma, sin sostenerlo con datos, que los delincuentes son "cada vez más jóvenes" y que por ser menores "entran por una puerta y salen por la otra", en una suerte de inexistente "puerta giratoria". Lo que no dicen esos periodistas y medios de prensa, es que los delitos cometidos por menores de 18 años, son una ínfima minoría en el mapa de la criminalidad. La mayor parte de los delitos cometidos por los menores, son contra la propiedad, siendo muy excepcionales los crímenes graves, como el asesinato del niño Brian Aguinaco, de 14 años, en un asalto protagonizado presuntamente por un joven de 15 años.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, en declaraciones al diario Clarín (4/01/2017) afirmó que "la realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes". Las estadísticas lo contradicen: de los delitos que se cometen anualmente en el país, no más del 3,5% tienen como protagonistas a chicos menores de 18 años, y de ese porcentaje, un 1% es por delitos graves.
Marisel Segovia, del Colectivo Nacional de Infancia y el Colectivo Cordobés por los Derechos del Niño, afirma enfáticamente que "bajar la edad de imputabilidad no resuelve en absoluto el nivel de violencia y de inseguridad que hay en la comunidad" (Comercio y Justicia, 9/01/2017).

 

Régimen penal juvenil.
Garavano afirma que es necesario contar con un nuevo régimen penal para los menores, pues la ley que actualmente se encuentra en vigencia, la 22.278, fue sancionada bajo la dictadura militar. Esta norma contiene un sistema de tutelaje, que en realidad desprotege a los menores y no les garantiza el derecho a la defensa que sí tienen los mayores, cuando son acusados de delitos.
En ese marco, Segovia coincide con el ministro de Justicia, sobre la necesidad de sancionar un nuevo régimen penal juvenil, pero rechaza que esa modificación deba incluir la baja en la edad de imputabilidad.
El tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal, debe ser abordado con una visión protectoria y eso no se logra encarcelando a esos jóvenes sino brindándoles las oportunidades de educación y contención familiar que en la mayoría de los casos no tuvieron.
Garavano afirma también que "nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen, y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica". Pero todos los especialistas en materia de minoridad coinciden en que no es con mayor punitividad como se aleja a los jóvenes del delito.

 

Compromiso para proteger a los jóvenes.
Luego de las declaraciones de Garavano, y frente a los rechazos generados en diversos ámbitos, incluida la oficina local de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el gobierno aclaró que el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, será llevado al Congreso luego de las elecciones legislativas de octubre del presente año. Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, explicó que así se evitará que el tema "se cuele" en la campaña electoral. De ese modo, se intenta quitarle intenciones electoralistas a la mencionada reforma, pero que se vote después de los comicios no significa que durante la campaña electoral el oficialismo no vaya a promocionar sus recetas de "mano dura" contra la inseguridad.
En una mesa de diálogo convocada por el ministerio de Justicia de la Nación, en agosto de 2016, que contó con el apoyo del Unicef, se debatió la necesidad de "pensar en una nueva ley penal juvenil". En las conclusiones de ese diálogo "surgió la idea de que hay que fortalecer el sistema de protección de derechos del niño y aplicar la privación de la libertad como la última medida", y por consenso se estableció "que no había que bajar la edad de imputabilidad".
Marisel Segovia, quien participó de esa mesa, se mostró "sorprendida" que, después del consenso logrado en ese ámbito, el Ministerio de Justicia, que era convocante, "salga diciendo ahora algo totalmente diferente" (CyJ, 9/01/2017).
Segovia agrega en la entrevista al diario cordobés, que "el 22 julio de 2015, el Consejo Federal de Niñez firmó un acta-compromiso por la que las provincias se comprometían a ir promoviendo un sistema penal juvenil más adecuado a los estándares internacionales y a no promover la baja de la edad de imputabilidad". Y que en noviembre del año pasado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, entregó a las provincias un proyecto que habían elaborado, en el cual no se baja la edad de imputabilidad.

 

Rechazo de Unicef y la Iglesia.
La oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Ángeles Misuraca, declaró que bajar la edad de imputabilidad de los menores es "dar un paso atrás".
Misuraca se pronunció a favor de rediscutir el régimen penal de menores (ley 22.278) pero en contra de bajar la edad de imputabilidad, medida a la que consideró un retroceso en materia de protección de los derechos de los niños y jóvenes. También advirtió que, si prospera el proyecto, "no se estarían respetando los estándares internacionales".
La funcionaria de Unicef, organismo que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dejó claro que la posición del organismo internacional es "no bajar la edad de imputabilidad de los menores", y se pronunció para que "se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad".
Por su parte, a través de un documento difundido el pasado sábado 6 de enero, la Iglesia católica también criticó el proyecto de Macri-Garavano.
"Cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional", dice el documento de la iglesia.
Es que, aunque se lleve la edad de imputabilidad a los 5 años, si las condiciones materiales, educaciones y sociales no son las adecuadas para la mayoría de la población, ese techo tan bajo no será ninguna garantía de seguridad. El Estado argentino, por mandato de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes nacionales, tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas, en especial, a los niños, niñas y adolescentes.