Bajo el yugo del Fondo Monetario

EL "SOCIO" DEL GOBIERNO PARA PROFUNDIZAR EL AJUSTE

Estar bajo el yugo del FMI constituye una pérdida absoluta de soberanía para el país. Pero esto es lo
que el gobierno parece haber ido a buscar.
CARLOS HELLER*
Según se afirma en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF), dicho documento “describe los objetivos económicos y las políticas del gobierno de Argentina para 2018 y hacia adelante”. El texto expresa: “El gobierno argentino solicita el apoyo del FMI a este plan económico. El plan ha sido diseñado por el gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual.”
Sin embargo, a lo largo de las 33 páginas del memorándum la palabra “compromete” (en alusión al gobierno) aparece en diez ocasiones. Y la palabra “consulta” unas 14 veces. Un vocabulario que refleja una total subordinación al organismo de crédito internacional. También al Banco Mundial, el BID o la CAF, que harán su aporte, por unos 6000 millones de dólares. Así podrán opinar sobre temas más estructurales, como el futuro del sistema de salud o de la educación.

Los compromisos.
Si bien ya aparecieron los primeros 15 mil millones de dólares del FMI, para acceder a los 35 mil millones restantes se deberá cumplir con las estrictas pautas y aprobar las revisiones trimestrales. Con la llegada del FMI no sólo se implementa un doloroso ajuste; también se agrega una fuerte dosis de tensión mediática e incertidumbre de corto plazo. Recordemos lo que ocurría en los noventa ante cada desembarco de los auditores del Fondo Monetario Internacional. El calendario marca ahora el mes de septiembre de 2018, momento en que se realizará la primera revisión del programa.
Las condicionalidades abarcan fundamentalmente los planos fiscal y monetario. En cuanto al primero, el compromiso es alcanzar un “déficit cero” del Estado nacional en 2020. Se espera que las provincias pasen de un déficit del 0,4% en 2017 a un superávit del 0,25% hacia mediados de 2021. Además, el documento precisa que “si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019”.

Achicar el Estado.
En materia de subsidios se respetará el compromiso de “continuar avanzando en su reducción de modo de llegar a que los usuarios afronten el 90% del costo de producción de los servicios de gas y electricidad en 2020”. La suba de tarifas continuará sin pausa como dijo el flamante ministro Javier Iguacel.
Otro objetivo impuesto es el achicamiento del Estado. Se apunta a reducir el gasto en personal desde el 3,2% al 2,7% del PBI. Se logrará a partir de la no renovación de cargos en puestos “no prioritarios” y del congelamiento de nuevas contrataciones por dos años. Son sólo algunas de las tantas medidas fiscales que aparecen en el texto, que también incluyen la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
En lo monetario, se elimina el financiamiento del BCRA al Tesoro, lo que augura una menor liquidez en la economía y altas tasas de interés, todo en línea con la idea de tener la inflación bajo control. Las autoridades argentinas se comprometen a reformar la Carta Orgánica, satisfaciendo la máxima neoliberal de la independencia del BCRA. Además, el tipo de cambio flotará según lo determine el mercado, una postura que parece entrar en contradicción con el objetivo de tener una baja inflación.
Responsabilidad política.
Estar bajo el yugo del FMI constituye una pérdida absoluta de soberanía para el país. Pero esto es lo que el gobierno parece haber ido a buscar. Lo dio a entender Luis Caputo, presidente del BCRA: “No hay mal que por bien no venga. Es lo mejor que nos pudo haber pasado (la crisis cambiaria). Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al FMI”.
La columna de Carlos Pagni en el diario La Nación del 21 de junio aporta una mirada interesante: “La situación actual es muy distinta de la que se había previsto el año pasado, cuando Cambiemos arrasó en las elecciones. También difiere de la que imaginó el gobierno en diciembre, al modificar las metas de inflación. Ni siquiera es la que se pronosticaba cuando se recurrió al Fondo Monetario Internacional. El dólar cotiza a 28 pesos y la tasa de interés es del 47 por ciento. Al Fondo se fue para evitar este resultado”. No obstante, desde mi perspectiva, al FMI se fue para aplicar un brutal ajuste que el gobierno no se animaba por sí solo a realizar. Ahora ya ni siquiera se trata de una gestión de CEOs sino que es de los burócratas del Fondo Monetario Internacional. No obstante, la responsabilidad política de haber dado este paso atrás pertenece íntegramente al gobierno de Cambiemos.

Pagar un costo.
Los efectos económicos y sociales negativos del programa no tardarán en llegar. Entre los que afirman esto se encuentra el representante del FMI, Roberto Cardarelli, presentado en su momento por La Nación como “el italiano amante del buen vino que ya revisa las cuentas de la Argentina” (11/5/2018), tratando de generar alguna imagen de sensibilidad.
Según el funcionario: “Las políticas que forman parte del programa contienen aceleración en la reducción del déficit fiscal; y la política monetaria deberá ser coherente. Obviamente esto va a tener efecto en el crecimiento (que según el FMI será del 0,4%)”. “La volatilidad va a tener un efecto; la estabilización tendrá efecto sobre el crecimiento, pero pensamos que esto sentará base para el del año próximo y los siguientes. No se puede tener estabilización macro sin pagar un costo”. (Extractado de Tiempo Argentino).

*Presidente del Partido Solidario.