Bomba de tiempo para el contagio

La sobrepoblación en las cárceles argentinas es de vieja data. Hoy se ha agravado a causa de la pandemia de Covid-19, provocando motines y reclamos de los detenidos y sus familiares.
IRINA SANTESTEBAN
El problema de base en los establecimientos penitenciarios es la excesiva cantidad de detenidos en establecimientos viejos, colapsados, en condiciones de habitabilidad que están muy lejos de la disposición constitucional de que «las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos». Sin embargo, el discurso político y mediático de derecha insiste con su idea de que «cuanto más presos hay, mejor», como si la seguridad que tanto reclaman (para ellos) dependiera de ese paradigma represivo.
Así como la pandemia desnudó el estado de la salud pública, destruida especialmente luego del gobierno de Cambiemos (2015-2019), el Covid19 también puso de nuevo en la agenda la situación de las personas en situación de encierro, que se agravó a partir de 2017 cuando hubo un incremento del 35% en la población carcelaria.

Cárceles riesgosas.
Como bien lo aclaró Alberto Fernández, no es un problema sólo de Argentina sino de todo el mundo, porque la situación carcelaria es dramática en la mayoría de los países.
Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han recomendado a los Estados que, en la tarea de prevención y combate contra el coronavirus, presten una atención especial a la población carcelaria, porque pueden generarse allí contagios masivos. No sólo entre los detenidos, sino -como ya ocurrió – para el personal de guardia de esos establecimientos penitenciarios y sus familias.
Es por esa situación de riesgo que un gobierno nada progresista, como el de Sebastián Piñera en Chile, dispuso la liberación mediante indulto de 1.300 presos. Hasta en los EEUU, que tiene una enorme cantidad de presos, se tomaron medidas similares por la pandemia.

Recomendaciones.
Esos organismos internacionales aconsejaron que se descompriman las cárceles con excarcelaciones y prisiones domiciliarias. Estas medidas deben ser aplicadas a detenidos sin condena firme, o sea con prisiones preventivas, y también a condenados por delitos no violentos, considerados personas de riesgo: mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con niños pequeños, los que padezcan enfermedades como diabetes o afecciones cardíacas, etc.
Ante fallos que siguieron esos lineamientos por parte del juez de Casación bonaerense Víctor Violini y las Cámaras de Casación Penal Nacional y Federal, se generaron los esperables repudios de los defensores de la «mano dura», como la ex ministra de Seguridad del anterior gobierno, Patricia Bullrich, quien acusó al gobierno de «liberar presos para garantizar la impunidad». Los infaltables periodistas y opinólogos de los medios hegemónicos también están machacando con esta idea, promoviendo que algunos sectores populares se opongan, con el conocido discurso de la «seguridad».
Esa visión represiva no es exclusiva de Cambiemos, el secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni, afirmó que, si fuera por él, «ningún preso saldría de la cárcel». El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también aportó su opinión contraria a la revisión de las situaciones de detención: advirtió que el juez que ordene liberaciones sin respetar la ley de víctimas, sería pasible de un «juicio político».

Genocidas.
Más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad, que por ser violatorios de los Derechos Humanos son imprescriptibles, se encuentran en este momento cumpliendo sus largas condenas en prisión domiciliaria. Ninguno de estos personajes de la política y de los medios de comunicación, ha hecho campaña en contra de esta situación. Y eso que se trata de condenados por delitos aberrantes, como secuestros, desaparición de personas, homicidios, torturas, apropiación de bebés recién nacidos y supresión de su identidad, violaciones, etc. Sin embargo, algunos periodistas de Clarín los llaman «ancianos», mientras que a los detenidos que se amotinaron reclamando por sus condiciones de encierro, los califican de «delincuentes».
En una situación excepcional como la pandemia mundial de Covid-19, en la que la humanidad se enfrenta a un virus altamente contagioso, hay que tomar medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Así como el aislamiento social obligatorio es una medida dura, pero es la más efectiva para evitar el contagio masivo, la liberación de una cantidad de detenidos constituye otra medida que debe tomarse (en realidad, ya se lo está haciendo), siempre con los recaudos mencionados, como el análisis de los casos, y que se trate de personas que están cumpliendo condenas por hechos no violentos.

Intervención humanitaria.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde hace mucho tiempo vienen advirtiendo sobre la situación explosiva en las cárceles argentinas, en particular en la provincia de Buenos Aires. Por la pandemia, los motines se han extendido a otros establecimientos carcelarios de CABA, Mendoza, Corrientes y Santa Fe. Para el CELS «la situación de las cárceles requiere una intervención humanitaria de todos los poderes del Estado». Destaca que la pandemia afecta a toda la sociedad de manera desigual y mucho peor se vive en los lugares de encierro, donde la sobrepoblación supone que hay detenidos que duermen en el suelo porque no tienen camas, ni alimentación suficiente, ni atención médica. Ahora están además privados de visitas. Si a eso se le suman las prácticas violentas del servicio penitenciario tanto federal como de las provincias, con malos tratos a los detenidos y sus familiares, se entiende mejor el origen de los motines.

Condiciones dignas.
Antes que oponerse a la liberación de los detenidos, la sociedad debería preocuparse más por la violación a las normas constitucionales y a los pactos internacionales, en cuanto a las condiciones de habitabilidad mínimas, que no existen en ninguna cárcel argentina. Hoy eso adquiere una gravedad inusitada por la emergencia sanitaria decretada ante la pandemia del Covid19. Las medidas preventivas que son obligatorias para toda la población no se pueden cumplir en los establecimientos penitenciarios y eso configura un peligro no sólo para los que allí se encuentran detenidos, sino para la sociedad toda, por la posibilidad de contagio.