Borinsky, juez y parte

El camarista asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la ex Presidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por Jorge Elbaum y Horacio Verbitsky

El camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la ex Presidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos, como jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue lo que el habla popular llama juez y parte.
Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplún, y su pro-tesorero, Daniel Belinki. Así lo narraron varios miembros de la Comisión Directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplún es socio de Ramiro Rubinska, casado con Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es la esposa de Borinsky.
Esa operación concebida en familia no conformó a todos los miembros de la Comisión Directiva de la DAIA, y por eso lo sucedido llegó a conocimiento del Cohete a la Luna. El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tenía relación con el abogado de la DAIA, desde hacía más de una década: Kaplún fue quien presentó directamente ante la Corte la causa Mendoza, en la que el tribunal ordenó a los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires la limpieza del Riachuelo. Desde entonces, el juez publicó libros y dictó conferencias sobre derecho ambiental. La última, esta semana, en la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Brasil, donde hace dos años expuso el juez Sergio Moro. El encuentro no es para gente modesta: se titula Grandes Juristas del Mundo (sic). Allí Lorenzetti hizo una llamativa autocrítica: «Es aconsejable que los tribunales tengan la sabiduría de limitar los procedimientos y dejar que los demás poderes del Estado cumplan su función», dijo.
En marzo de 2015, Lorenzetti publicó un video sobre la Justicia, que incluía la muerte de Nisman entre los crímenes impunes, cuando sólo habían transcurrido 45 días del hallazgo de su cuerpo y nada indicaba la intervención de terceros.

La dimisión.

Según los ex directivos de la DAIA consultados, el juez Borinsky brindó un asesoramiento clave y sugerencias varias para garantizar: que la DAIA fuera aceptada como querellante, pese a la oposición manifestada por el fiscal general de Casación, Javier De Luca, dado que la entidad no había presentado el poder especial que el código procesal señala como necesario para querellar, y que la presentación contuviera argumentos suficientes para motivar a sus colegas, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, a dar el consentimiento para la reapertura de una causa que ya constituía cosa juzgada.
Para ello se utilizó la grabación anónima de un diálogo telefónico entre el canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, el presidente de la AMIA, que compartía el edificio con la DAIA. Borger le recriminaba que se abriera una negociación con un «Estado mentiroso y negacionista como Irán» y Timerman le respondía: «Si fuera otro, no hubiese puesto la bomba, ¿tenés otro para negociar?».
Quienes interactuaron con Kaplún recuerdan su especial inquina contra Timerman. La DAIA y la AMIA habían saludado como un avance la firma del Memorándum, hasta que los gobiernos de Israel y de Estados Unidos lo condenaron. El giro de 180° fue inmediato. Días antes que la Cámara de Casación se pronunciara, Kaplún le garantizó al resto de los integrantes de la Comisión Directiva: «Hay acuerdo para que el expediente se reabra».
Creada en 1934, la DAIA se convirtió este siglo en una operadora política del PRO. Nunca antes se había involucrado de tal modo en cuestiones de política partidaria argentina, aunque ha sido tradicional su alineamiento con los partidos de la derecha de Israel.
El malestar en la DAIA llegó a tal punto, que Kaplún fue forzado a dimitir de su cargo. El entonces presidente interino Alberto Indij le exigió la renuncia «por llevar a cabo iniciativas inconsultas respecto al resto de la mesa ejecutiva, tomando decisiones a espaldas de las máximas autoridades de la institución».
-¿A qué iniciativas inconsultas se refiere? -le preguntó El Cohete.
-Entre otras, a la carta que presentó en la audiencia ante la Cámara de Casación, que no había sido autorizada por las autoridades -respondió Indij.
El matutino Clarín tituló su nota del 19 de diciembre de 2016: «Impactante y provocadora carta de la DAIA para pedir que se abra la denuncia de Nisman». Su texto, que Kaplún leyó ante la Cámara de Casación se preguntaba qué sucedería con esa causa si Daniel Scioli y Carlos Zannini hubieran sido electos Presidente y Vice un año antes, Aníbal Fernández gobernador de Buenos Aires y Luis D’Elía designado embajador en Teherán. Suponía que la comisión de la verdad contemplada en el Memorándum estaba trabajando en Irán y que sus miembros terminarían de leer el medio millón de fojas de la causa en 2026. Por último se congratulaba de que nada de eso hubiera ocurrido y que la reapertura de la causa trajera esperanza.
Indij presidió la DAIA entre mayo de 2017, cuando debió alejarse el titular Ariel Cohen Sabban luego de la denuncia de Esmeralda Mitre por juego de manos, y octubre de ese mismo año, cuando lo sucedió el actual presidente Jorge Knoblovits. La renuncia de Kaplún se produjo en julio de 2017, durante el interinato de Indij. En diciembre de ese año, cuando el doctor Glock procesó a Cristina, Timerman, Zannini y el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena, Kaplún ventiló su resentimiento ante un grupo de socios de Macabi, cuya comisión directiva integra: «Me van a tener que agradecer el trabajo que hice en 2016. No pudimos por ahora meter en cana a Cristina. Pero falta menos…». Uno de los asistentes lo transmitió.

Los deportistas.

Belinki se alejó en solidaridad con Kaplún y se sumó como asesor a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que presidía Waldo Wolff, aunque ambos carecían de competencia alguna en temas de seguridad. Los dos presidieron la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, Faccma, donde Borinsky desarrolló las capacidades tenísticas que luego desplegó en el Polideportivo de Olivos. Wolff fue arquero profesional de fútbol, en equipos de la Argentina e Israel y Knoblovits secretario de deportes de Hacoaj.
El vínculo entre Kaplun, Wolff y Borinsky era tan estrecho que, también a fines de 2016, incluyó un ataque concertado contra el entonces presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, a quien el legislador del PRO acusó de «obstaculizar la continuación de la causa que llevaba el fiscal [Natalio Alberto Nisman] contra Cristina Fernández de Kirchner», en un escrito que las fuentes afirman fue redactado con letra que suministró. Wolff también denunció al juez Daniel Rafecas, por su negativa a darle curso a la investigación de las denuncias de Nisman, imputación que fue desestimada por el Consejo de la Magistratura.
Pocos días después de la presentación de Wolff contra Slokar, el entonces presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, le dijo a Marcelo Longobardi: «Estamos esperanzados que Borinsky y Hornos van a saber tomar una decisión». Más que esperanza era certeza.
Otro ex directivo de la DAIA, Claudio Avruj, fue secretario de derechos humanos de Macrì, primero en la Ciudad Autónoma y luego de la Nación, y actuó como puente con el gobierno israelí de Biniamin Netanyhahu y con su financista, el magnate de los casinos de Las Vegas Sheldon Adelson, asociado con Paul Singer en la Fuerza de Tareas Argentina. Avruj acompañó a Macrì en su primera visita a Tel Aviv, en 2014, donde prometió que de llegar al gobierno pagaría a los buitres sin chistar, tal como hizo.

La extorsión y sus frutos.

En junio de 2020, el ex agente del Mosad Uzi Shaya, empleado de Paul Singer, declaró ante la televisión israelí que Nisman fue parte de una operación para extorsionar a CFK con el objetivo de que pagara los casi 10.000 millones de dólares que reclamaban los buitres. Uzi dejó claro que no hubo forma de torcerle el brazo, pero que pudieron imponer a Macri como sucesor.
Después de la muerte de Nisman, se supo -por informes del Banco Central del Uruguay a la Justicia argentina- que el fiscal, su madre y su hermana registraban actividades financieras no declaradas. En abril de 2015 se supo, además, que Nisman había recibido alrededor de 280.000 dólares en una cuenta en el Banco Hapoalím, con sede en Colonia del Sacramento, provenientes de una empresa periodística cuyo propietario era Sheldon Adelson. La Dirección General de Registros de Uruguay informó que Sara Garfunkel figuraba como dueña de tres unidades de propiedad horizontal, en la localidad uruguaya de Manantiales, tasadas en 300.000 dólares, suma similar a la depositada en cuentas de Nisman en la sede del Banco Hapoalím. Luego se conoció una cuenta en el Meryl Lynch de Nueva York, por un monto de 660.000 dólares, tampoco declarados ante la AFIP.
La excusa.

La excusa de Borinsky para sus 15 visitas al entonces Presidente Maurizio Macrì en el Polideportivo de Olivos, mientras se sustanciaban en su tribunal esa y otras causas de especial interés para el Poder Ejecutivo, fue que presidía la comisión encargada de la reforma del Código Penal, creada por Macrì en enero de 2017. Lo acompañaron en la comisión el director nacional de Política Criminal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Carlos Alberto Mahiques y Patricia Llerena; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta (quien renunció luego de la primera reunión y no fue reemplazado); el juez de la Cámara del Crimen de Córdoba, Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Ziffer. Participaron también los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache. El plazo fijado fue de un año, pero se extendió por un semestre más, hasta agosto de 2018. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto al Congreso, el 25 de marzo de 2019, donde fue analizado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero nunca llegó a tener dictamen.

Ni una palabra.

Consultados para esta nota, varios integrantes de la Comisión dijeron que Borinsky nunca les informó de sus visitas al Polideportivo de Olivos. Según Mahiques, la comisión realizó reuniones semanales, cada miércoles por la tarde, siempre en el Ministerio de Justicia. «Eran de carácter técnico y con poco espacio para lo coloquial porque el tiempo apremiaba y algunos comisionados no nos conocíamos de antes. Borinsky fue muy eficiente y riguroso en su rol de coordinador, y no recuerdo que hiciera referencia pública a reuniones con el entonces Presidente, pero sí comentó que algunas veces este lo había consultado (sin mencionar el ámbito en donde ocurrió) sobre temas vinculados con la tarea de la comisión».
El camarista penal cordobés Víctor María Vélez acaba de escribir en la publicación provincial Comercio y Justicia que una condición de la independencia judicial es la abstención absoluta de cualquier contacto con el Poder Ejecutivo. Vélez citó a Carmen Argibay, para quien el primer deber de un buen juez es ser desagradecido con quien lo nombró; «estrecharle la mano con educación, agradecerle el cargo y no volver a verlo nunca más».
Es obvio que esta abstención se extiende a quienes lo sucedan en el gobierno.
Borinsky, que nació tres días después de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973, fue nombrado fiscal por Néstor Kirchner y juez de Casación por Cristina, pero su mayor afinidad fue con Macrì, a través de los contactos con los propietarios del edificio de la calle Pasteur destruido por el atentado de 1994.

Al horno

Cuando se conocieron las visitas de Gustavo Hornos a Macrì en la Casa Rosada, sus colegas de Casación Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Ana María Figueroa le solicitaron la renuncia a la presidencia del tribunal, mencionando los principios de Bangalore sobre independencia y ética judicial. No obtuvieron respuesta y también fracasaron en el intento de una autoconvocatoria. Sólo asistieron ellos tres.
Bangalore es la ciudad de la India donde sesionó en 2002 la comisión de expertos convocada por las Naciones Unidas. El principio 1.3 sostiene que «un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable». El principio 4.4 señala que «un juez no participará en la resolución de un caso en que un miembro de su familia represente a un litigante o esté asociado de cualquier forma con el caso». El principio 5 prescribe «garantizar la igualdad de tratamiento de todos ante un tribunal».
Dos años después, la Acordada 7/2004 de la Corte Suprema, dictada a iniciativa de su presidente, Enrique Santiago Petracchi, agregó al artículo 72 del Reglamento para la Justicia Nacional un segundo párrafo según el cual «cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate».
En 2014, el artículo 15 del Código Iberoamericano de Ética Judicial afirmó que el juez «debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas». Los redactores de ese Código, que fue adoptado por las Cortes Supremas de España, Portugal y veinte países americanos fueron el español Manuel Atienza y el argentino Rodolfo Vigo, ex ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y ex presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, entre muchas otras membresías. Profesor de las universidades Pontificia Católica Argentina y Austral, Vigo fulminó a Borinsky y Hornos por su promiscua relación con Macrì, en una entrevista con el también profesor de filosofía del derecho Guillermo Munné. Según Vigo, ambos jueces deberán dar explicaciones y acreditarlas. Munné le preguntó si Borinsky podía invocar el derecho de la mayoría de los ciudadanos de practicar deportes con quien quiera.
-No. La esfera personal, la privacidad de un funcionario público está restringida. Porque asumió esa responsabilidad de manera voluntaria.

Elena Highton.

Luego de la aprobación de los Principios de Bangalore, las Naciones Unidas convocaron a nuevas reuniones para profundizar acerca de su aplicación. En una de ellas, celebrada en 2006 por el Grupo Intergubernamental de Expertos participó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, Elena Highton de Nolasco. Al concluir esa tarea, decidieron publicar un Comentario sobre los Principios de Bangalore, que se difundió en 2013.
Estas son algunas de sus conclusiones:
– «La independencia respecto del Poder Ejecutivo es básica».
– La «más obvia es, por supuesto, independencia frente al gobierno».
– «Un juez debe tener cuidado de evitar el desarrollo de relaciones excesivamente estrechas con litigantes frecuentes – como ministros del gobierno o sus colaboradores».
– Sobre las invitaciones sociales, debe tenerse en cuenta si «la reunión es amplia o íntima, es espontánea o ha sido planificada, tiene alguno de los asistentes un juicio pendiente sometido al conocimiento del juez».
– Entre las actividades extrajudiciales que un juez puede realizar figuran las deportivas, salvo que «en el contexto social concreto y a los ojos de un observador razonable, el juez participa en una actividad que podría comprometer objetivamente su independencia o imparcialidad o que podría dar la impresión de que la compromete».

Porcentajes.

Durante los 18 meses que duró la tarea de la Comisión se produjeron sólo cuatro de las quince visitas de Borinsky a RPO, como llama la custodia de la Policía Federal al Polideportivo de Olivos. Seis ocurrieron antes de la encomienda presidencial al campeonísimo de Hacoaj y cinco después de concluido el trabajo. Con lo cual, la coartada de Borinsky resulta endeble: aun si sus excusas se toman a su valor nominal, sólo cubren el 26,6% de los encuentros, que se extiende al 40% si se cuentan también las dos citas producidas entre la finalización del trabajo y el envío del proyecto al Senado.
En cambio, las fechas de cada encuentro preceden o suceden a decisiones fundamentales en causas por las que Macrì había mostrado público interés: las inversiones de Lázaro Báez (que Clarín bautizó Ruta del dinero K); la confirmación del Doctor Glock en lugar de Daniel Rafecas a cargo de la causa del dólar futuro y del camarista Martín Irurzun como alzada, en lugar de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler; la reapertura de la causa por la denuncia de Nisman contra CFK, según la estrategia diseñada por el propio Borinsky; la confirmación de una condena contra Milagro Sala; un embargo por 10.000 millones de pesos contra CFK; la detención y prisión preventiva de Amado Boudou; la negativa a que declare el ex director de Interpol, Ronald Noble, quien públicamente dijo que ni Cristina ni su ministro Héctor Timerman habían pedido el levantamiento de las alertas rojas, sino todo lo contrario; el rechazo de peritajes pedidos por las defensas en las causa por la Obra Pública de Santa Cruz y Oil Combustibles.
La palabra de Borinsky cotiza por debajo de los bonos reestructurados de la deuda externa argentina.

Caro, pero el mejor propagandista.

Quien ya comenzó a organizar su defensa fue Gustavo Hornos. Ante la citación del Consejo de la Magistratura, para que explique sus ocho visitas a Macrì (seis en la Casa Rosada y dos en RPO), designó como defensor a Marcelo Sancinetti, cuya esposa, la letrada de la Corte Suprema Patricia Ziffer, integró la Comisión Borinsky. Sancinetti es un especialista en casos imposibles. Antes que Hornos se encargó de Gregorio Ríos, el jefe de custodia de Alfredo Yabrán, y del cura Julio César Grassi. Ambos fueron condenados, Ríos a prisión perpetua como instigador del asesinato de José Luis Cabezas; Grassi, a 15 años por abuso y corrupción de chicos.
Según los diarios de registro los honorarios de Sancinetti no bajaron de un millón de dólares. Con prestigio como penalista liberal, convirtió esos empleos en causas de interés público, con libracos de más de mil páginas, cuyo garantismo hace parecer severo a Zaffaroni, pero de los cuales sólo se imprimen pocos centenares de copias, que se distribuyen sobre influencers periodísticos y judiciales. Para El caso Cabezas, análisis crítico de las imputaciones contra Gregorio Ríos y Alfredo Yabrán, fue contratado por Héctor Colella. Estudios sobre el caso Grassi fue encomendado por Jorge Bergoglio cuando era presidente de la Iglesia Católica argentina, pero los fondos para ello también los puso Colella, a quien Bergoglio abrazó durante su primer recorrida por la plaza de San Pedro. Ordenó detener el papamóvil y caminó siete pasos hacia su amigo, quien dijo que se conocieron en su época de estudiante en Córdoba.

Legítima defensa por la espalda.

El 8 de diciembre de 2017 el policía municipal de Avellaneda Luis Chocobar mató de dos tiros por la espalda a Juan Pablo Kucoc, quien huía sin armas de fuego luego de haber robado una cámara fotográfica y herido con un arma blanca a un turista estadounidense en el barrio de La Boca. El juez de menores Enrique Velázquez lo procesó por exceso en la legítima defensa. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sostuvo que «no hay legítima defensa, hay cumplimiento del deber de funcionario público». Agregó que «el juez haga lo que quiera, nosotros vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales».
Macrì recibió en su despacho a Chocobar, lo presentó como modelo de policía, cuestionó al juez y lo amenazó con la destitución por el Consejo de la Magistratura, ante el que fue denunciado por un abogado de origen radical. Macrì y Bullrich esbozaron una supuesta nueva doctrina en la que el policía nunca puede ser considerado victimario porque cumple con su deber y tiene el beneficio de la duda. Algo similar habían dicho Bullrich y la Vicepresidenta Gabriela Michetti el año anterior cuando la Prefectura mató a Rafael Nahuel, también por la espalda.
Borinsky incluyó esta aberración en el proyecto de reforma. Usó para ello el Título VI del Código, sobre imputabilidad. Su artículo 34 establecía ocho supuestos en los cuales los autores de delitos no serían punibles. Bullrich y Borinsky agregaron un párrafo al inciso 4 que exculpa al «miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte». Es uno de los puntos en los que la Comisión no logró unanimidad. Entre quienes disintieron figuran Patricia Ziffer, Fernando Córdoba y Mahiques, quien hasta tuvo un entredicho con el representante de Bullrich, Soares Gache. «Es una norma peligrosa y sobreabundante, dado que el Código vigente ya incluye el «legítimo ejercicio de un deber», sostiene Mahiques.

Sin jueces ni fiscales.

Desde Washington, donde anunció la creación de una fuerza de tareas argentino-estadounidense contra el narcotráfico y otras plagas a las que aludió en forma genérica, Bullrich fue mucho más allá. Dijo que se proponía modificar la legislación para que las propias fuerzas de seguridad evalúen el desempeño de sus integrantes y que no intervengan fiscales y jueces porque eso paraliza a las tropas. También sostuvo que su política de mano libre a la policía bajó la tasa de homicidios de 7 a 5,2 por 100.000 en dos años. Esto sólo ocurrió en su fantasía, método infantil pero infalible de ganar cualquier discusión. Llegó a postular que, para la doctrina y la jurisprudencia tradicionales que el gobierno se proponía cambiar, «las fuerzas de seguridad son culpables por definición». La verdad se aprecia en el minúsculo número de miembros de esas fuerzas que resultan condenados por uso irracional de la fuerza. Doce años después del horrendo incendio en la cárcel de Magdalena, donde murieron quemadas 33 personas, el 95% sin condena y algunos con la pena ya cumplida, fueron absueltos catorce de los imputados. Sólo fueron condenados el director del penal, el jefe de la represión y un agente penitenciario.

Por teléfono.

Un ex dirigente de la DAIA que habló bajo condición de anonimato fue contundente al afirmar que «un potencial relevamiento de los celulares de Kaplún, Belinki, Wolff y Borinsky durante diciembre de 2016 brindaría más sorpresas que las que pueden aparecer en los cruces que está llevando a cabo la jueza María Romilda Servini de Cubría respecto a la mesa judicial del macrismo».