Brasil y Paraguay no quieren a Venezuela presidiendo el Mercosur

GOBIERNOS SURGIDOS DE GOLPES DE ESTADO PRETENDEN DICTAR CÁTEDRA

Al cabo de 6 meses de presidencia pro-témpore de Uruguay, corresponde que Venezuela ocupe ese lugar. Los gobiernos surgidos de golpes de Estado en Brasil y Paraguay se oponen a ese legítimo derecho. El gobierno de Macri coincide en el veto.
EMILIO MARÍN
El Mercosur surgió en 1991 con cuatro socios fundadores: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela pidió su admisión en 2006 y recién fue admitido en una cumbre en Mendoza en 2012, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Pepe Mujica. Entró Caracas y salió Asunción, porque en junio de ese año había habido un golpe de estado “institucional” contra Fernando Lugo.
Ese golpe facilitó el ingreso del gobierno bolivariano porque la derecha paraguaya, atrincherada en el Senado, era la que más se oponía, junto con un sector ultra del senado brasileño. Los tres mandatarios del Mercosur suspendieron la participación guaraní, en defensa de la democracia, y le dieron membresía a la Venezuela de Hugo Chávez.
También Bolivia llenó todos los formularios pero aún aguarda que le den entrada. Y una vez que el gobierno paraguayo surgido del golpe convocó a elecciones y las ganó el tradicional Partido Colorado, de origen stronista, con Horacio Cartes, pudo volver al club.
El Estatuto de esa entidad dice que cada uno de los presidentes será titular pro-témpore por seis meses, dejando ese lugar al que siga en orden alfabético. Hasta el 30 de junio estaba en ese cargo Tabaré Vázquez, de Uruguay, y le tocaba el turno a Nicolás Maduro, de Venezuela.
Más aún, en un acto realizado en Montevideo el 24 de junio pasado asumió la presidencia de la rama social del Mercosur el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza. Lo hizo con el compromiso de “fomentar y potenciar el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, cuyo objetivo es el combate de las desigualdades sociales y garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, en especial de la población más vulnerable”.
Los avances en inclusión social, viviendas, educación y salud -en estos dos últimos tópicos con notable ayuda de Cuba-, fueron el fuerte del socialismo del siglo XXI. De allí que con su titularidad el bloque de cinco países tendrá buenos ejemplos, en lo que a Venezuela y Uruguay se refiere. Por el lado de los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer y el mencionado Cartés no se puede esperar buenas políticas sociales porque son administraciones neoliberales y ocupadas en realizar brutales ajustes contra los sectores más desprotegidos.

Que sí, que no.
No puede extrañar que esos gobiernos ubicados en el extremo derecho del arco político se opusieran a que Caracas ocupara el lugar que le corresponde.
En junio pasado hubo un fuerte operativo para sancionar a Venezuela en la OEA. El motor fue el Departamento de Estado norteamericano, que hace muchos años viene demonizando a ese país con acusaciones de violaciones a las libertades democráticas. El Senado de EE UU votó una ley con sanciones contra Venezuela y Barack Obama la respaldó con una orden ejecutiva donde manifestaba que aquélla representaba un peligro para la seguridad nacional estadounidense. La firmó entonces y la prorrogó este año, como si esa amenaza continuara.
Además de Washington, y obedeciendo a sus designios, operó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien propuso a la 46° Asamblea General aplicar a Venezuela el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y sancionarla, por aquellas presuntas faltas de democracia. Almagro entregó un escrito de 132 páginas donde refritaba las burdas acusaciones de las autoridades de EE UU y de la oposición derechista venezolana, en particular del titular de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup.
Afortunadamente un número amplio de representaciones bloqueó aquel plan y la asamblea fomentó un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, por medio del titular de la Unasur, Ernesto Samper, y los ex presidentes de España (José Luis Rodríguez Zapatero), Panamá (Martín Torrijos) y Leonel Fernández (República Dominicana).
En esos conciliábulos de la OEA, junto con Almagro el canciller que más fogoneó la campaña fue el paraguayo Eladio Loizaga. Derrotadas esas posiciones de máxima, el representante de Asunción volvió a la carga al interior del Mercosur con los mismos argumentos de que en Caracas no había democracia.
En el Mercosur, Loizaga contó con el acompañamiento activo del canciller de Brasil, José Serra, quien realizó en mayo una gira presentándose ante sus colegas, tras el golpe que suspendió a Rousseff. Estuvo en Buenos Aires con la canciller Susana Malcorra y el mismo Macri.
Así lograron bloquear hasta hoy la efectiva asunción de Venezuela en la presidencia pro-témpore del Mercosur, que debió haberse efectivizado el 1 de julio.
Como reclamó la canciller bolivariana Delcy Rodríguez, la entrega de aquella titularidad es un acto normal cada 6 meses sin otro prerrequisito que la sucesión por orden alfabético.

¿Vestales de la democracia?
La canciller venezolana protestó que “canciller de facto José Serra se suma a la conjura de la derecha internacional contra Venezuela y vulnera principios básicos que rigen las relaciones internacionales”. De ese modo ponía el dedo en la llaga. ¿Qué autoridad política y moral tiene un gobierno de facto para dictar cátedra de democracia a un país soberano y alterar las relaciones de pares?
Serra es canciller de Temer, vicepresidente que se hizo del poder mediante un putsch parlamentario contra la elegida por el voto de 54 millones de brasileños a fines de 2014.
El 12 de mayo pasado una mayoría artificiosa de senadores, muchos de ellos con graves cargos por delitos de corrupción, votaron la suspensión de la mandataria por “delitos de responsabilidad” que no fueron tales. Una corrupta clase política, y otra no menos corrupta elite empresarial, mediática y judicial, determinó el impeachment de Dilma y un trámite que la tendrá suspendida por 180 días, con el riesgo de que la echen definitivamente.
Ese fue un golpe muy parecido al que sufrió Lugo en Asunción, hace cuatro años, cuando fue reemplazado por su vice, Federico Franco. Ahora en Brasilia el vice organizó la conjura contra Dilma y se adueñó del palacio del Planalto. Su elenco de aliados está repleto de corruptos y a poco de andar ya perdió al artífice del juicio político, Eduardo Cunha, ex titular de Diputados. También debieron renunciar el ministro de Transparencia, Supervisión y Control, Fabiano Silveira; el de Planificación, Presupuesto y Gestión, Romero Jucá, y el de Turismo, Henrique Eduardo Lyra Alves.
Pregunta elemental. ¿Un gobierno surgido de un golpe y con figuras tan corruptas puede arrojar la primera piedra contra el Palacio de Miraflores? Respuesta obvia.

¿Quién defiende los DDHH?
Entre las injustas acusaciones contra Maduro se le enrostra que mantiene detenido al opositor Leopoldo López, en el penal de Rama Verde. Pero se silencian dos cosas. Una, fundamental, que en 2014, López, Corina Machado y otros opositores acérrimos, encabezaron una desestabilización violenta del gobierno que ellos llamaron “La salida”. Esas guarimbas o hechos de violencia callejera provocaron 43 muertos y centenares de heridos.
El segundo elemento que se omite en aquellas críticas es que López está detenido porque así lo determinó la justicia, que pidió su detención y realizó el juicio, con todas las garantías de la defensa.
Si se justicia se trata, ahora se pondrá un ejemplo que puede aportar claridad sobre cuál es más justa y democrática, si la venezolana o la paraguaya.
En junio de 2012 campesinos sin tierra paraguayos ocuparon un latifundio perteneciente al Estado y destinado en principio a fraccionarse para moderar en algo el peso de aquél cáncer: el 2,5 por ciento de los propietarios tiene el 85 por ciento de la tierra.
En vez de acceder a esas demandas, sobrevino una cruel represión policial, ante campesinos que se defendieron. Hubo 11 ocupantes asesinados y 6 policías muertos, algunos por “fuego amigo”. Y los arrestos, por supuesto, cayeron sobre los labriegos, que al cabo de cuatro años presos fueron juzgados por la “justicia independiente”. El 11 de julio pasado los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero, Beníto González condenaron a penas de entre 18 y 35 años de cárcel a Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramón Ramírez, María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Agüero. Sin ninguna prueba, los encontraron culpables de las muertes de los 6 policías, pero no se investigó ni castigó a nadie por los 11 sin tierra asesinados.
Entre otros organismos de DD HH que protestaron contra ese fallo estuvo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, quien ayer emitió un comunicado desde Ginebra donde afirmó expresó: “resulta en extremo perturbadora la condena a los 11 campesinos por los hechos de Curuguaty, tras un juicio denunciado por no respetar las garantías judiciales”.
Ese gobierno paraguayo, que viola los DDHH de sus masas de campesinos, es el que se pone en implacable fiscal de Venezuela, a la que hoy sólo defiende Uruguay para que asuma en el Mercosur. Macri, ya se sabe, también está en contra aunque ahora no lo diga.

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