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Cacería de jueces

I. La primera que se decidió a hablar fue la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa. Días atrás, entrevistada por un periodista, denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri un alto funcionario, «que estaba por debajo del ministro de Justicia», entró a su despacho para presionarla por la causa sobre el memorándum con Irán. Además dijo que no fue esa la única metodología empleada, ya que las presiones también llegaban a través de «títulos de diarios».
Horas después la jueza federal de San Martín, Martina Fons, consultada sobre la denuncia de su colega, afirmó que durante el macrismo las presiones formaban parte de «un plan sistemático» y que en su caso las recibía de Esteban Conte Grand y Graciela Ocaña. Además recordó que su marido fue despedido del Ministerio de Justicia acusado de «socialista».
Por su parte, el juez de la Cámara del Trabajo, Luis Rafaghelli, sumó su voz para recordar que bajo el gobierno anterior «no se respetaba la independencia judicial» y que los jueces laborales fueron víctimas de infinidad de operaciones del Poder Ejecutivo, especialmente aquellos que fallaban en contra de los despidos masivos que se producían en el Estado.
El último -hasta ahora- en hablar del tema fue el juez de la Cámara de Casación Penal, Alejandro Slokar, quien en una entrevista no dudó en afirmar que «existió persecución ideológica y hubo intento de disciplinamiento de muchos jueces» durante los años del macrismo.

II. Esta seguidilla de declaraciones parece estar indicando que no pocos magistrados del Poder Judicial se han decidido a hablar del clima opresivo que sufrieron por no allanarse a dictar fallos a gusto del paladar macrista. En tal sentido resulta oportuno recordar otros casos que forman parte de una lista mucho más extensa y que pueden servir para estimular el debate público ante el anuncio presidencial de enviar al Congreso el proyecto de reforma judicial.
El ejemplo más obsceno fue, sin dudas, el del juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, sobre quien el gobierno de Macri ejercía fuertes presiones para que meta preso al sindicalista Pablo Moyano. A ese magistrado lo visitaron dos espías de la AFI para entregarle un escrito con la orden de detención del dirigente gremial. El juez rechazó la ofensiva pero pagó cara su osadía: terminó suspendido por una causa amañada en el Consejo de la Magistratura.
El de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah de la Cámara Federal de Apelaciones fue uno de los casos más resonantes. Ambos tuvieron que abandonar el tribunal apremiados por el Consejo de la Magistratura luego de haber cometido el «pecado» de dejar libres a Cristóbal López y Fabián De Souza. Los empresarios eran objeto de una furiosa persecución, y estuvieron más de dos años detenidos con prisión preventiva, porque se negaron a poner el canal C5N al servicio de la ofensiva macrista contra la figura de Cristina Kirchner.
Por esos tiempos, María Romilda Servini, la jueza más antigua del fuero federal porteño, afirmaba, con relación a las presiones que llegaban a su juzgado, que «esto yo no le he vivido con ningún gobierno en 42 años de justicia».

III. La lista es enorme y excede por lejos el espacio de esta columna; por eso finalizamos con el pedido de informes que el año pasado presentó Diego García Sayán, Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, por los «actos de intimidación y presión» que el Poder Ejecutivo llevó a cabo sistemáticamente contra el Judicial durante la gestión de Mauricio Macri.
El único exfuncionario macrista que habló del tema fue Federico Pinedo. Dijo que «es totalmente normal que un gobierno vaya a ver a un juez para advertirle el daño que puede hacer con un fallo». A confesión de parte, relevo de pruebas, diría un abogado. Mayor desprecio por la división republicana de poderes del Estado, imposible. Y así fue su gobierno, el mismo que hoy tantos jueces empiezan a denunciar.