Campaña judicial y mediática contra el gobierno

Primero fueron las afirmaciones mentirosas de una jueza respecto a la supuesta «liberación masiva de presos», replicadas por los medios hegemónicos. Mañana un nuevo cacerolazo contra el gobierno. ¿Es o no una ofensiva destituyente?
En medio de una crisis sanitaria y económica, y a pesar de la buena imagen de Alberto Fernández, su gobierno está siendo atacado por una parte de la corporación judicial y los medios de comunicación monopólicos. Son las dos armas utilizadas por la derecha regional para atacar a gobiernos elegidos por la voluntad popular, y así forzarlos a tomar políticas más favorables a los grupos concentrados. Es la acción combinada del «lawfare» (guerra judicial) y las «fakenews» (noticias falsas) que provoca un peligroso círculo de desinformación.
Para los que descreen de su acción destructiva, allí está el ejemplo de Bolivia, donde fue derrocado el presidente Evo Morales por la acción golpista de grupos de derecha, una parte del ejército y la policía, con la difusión – avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA) -, de que en las elecciones se había cometido fraude. Esto fue luego fue desmentido por un estudio del Instituto Técnico de Massachusetts (MIT), que avaló la elección y el triunfo de Evo. Pero ya era tarde y el presidente boliviano se encuentra desterrado en nuestro país.

Mentiras judiciales.
Una jueza de Ejecución Penal bonaerense, Julia Márquez, afirmó la semana pasada que se habían liberado más de 1.000 presos en esa provincia, entre ellos, 176 violadores y abusadores. En Página/12 del domingo pasado, Irina Hauser se encargó de desmentir, con fuentes irrefutables, los dichos de Márquez, con cifras de la Cámara de Casación. Según Hauser, con datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, fueron 38 condenados por esos delitos los liberados entre el 17 de marzo y el 17 de abril (período de aislamiento), cuando el año pasado en el mismo período habían sido 44. En cuanto a homicidas, fueron 42 liberaciones en el mismo lapso de este año frente a 103 del año pasado. Y no fueron liberados por el coronavirus sino por cumplimiento de penas.
Las declaraciones de la jueza fueron difundidas hasta el hartazgo por el programa de Feinman en América, por Radio Mitre y Leuco y otros periodistas en programas televisivos del grupo Clarín. Así se armó el cacerolazo del jueves 30, que tuvo eco más que nada en la ciudad de Buenos Aires, y en menor medida en algunas otras ciudades.
Toda esa movida, a la que el gobierno respondió tibiamente, se basó en una gran mentira, datos falsos y cifras que no tienen nada que ver con la realidad.
Pero ni el gobierno y menos el Poder Judicial, han tomado medida alguna para sancionar a la jueza que tan livianamente hizo afirmaciones falsas, en un tema tan delicado y tan sensible.

Miente, miente…
El 29/04 Infobae informaba: «Violini concedió el habeas corpus que liberó a más de 2.300 presos en la provincia de Buenos Aires». Fue una información absolutamente falsa, porque ese juez, integrante de la Cámara de Casación bonaerense, había dado curso al habeas corpus presentado por 19 defensores oficiales, que pedían la prisión domiciliaria para sus defendidos. En la resolución de Violini se dice que puede otorgarse ese beneficio a los presos que fueran considerados «de riesgo», o sea mayores de 60 años o con afecciones como diabetes, tuberculosis, etcétera; mujeres embarazadas o con niños pequeños; detenidos por delitos leves o que estén a punto de cumplir su condena. Para los delitos graves, se estableció que el juez de cada caso debía resolver en base a los elementos que tuviera.
Así, la jueza Márquez otorgó el 3 de abril la prisión domiciliaria a un homicida, a pesar que el fiscal se había opuesto, y sin haber dado aviso a la víctima. O sea, quien cuestionaba la actitud del gobierno por una supuesta (y falsa) «liberación masiva» de presos, había hecho lo mismo que criticaba.
Y lo que no se dice es que la presentación de los defensores oficiales la hicieron siguiendo las directivas del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, designado por María Eugenia Vidal en ese cargo, es decir, un funcionario judicial del macrismo. Mentir no es sólo faltar a la verdad, sino no decir toda la verdad.

Usinas golpistas.
La asociación Justicia Legítima, nacida a fines de 2012 para apoyar las reformas que propiciaba la entonces presidenta Cristina Fernández, fue demonizada por el periodismo corporativo, tal como lo ha sido el prestigioso académico y jurista Eugenio Zaffaroni. Cualquier juez o jueza que perteneciera a esa asociación, era inmediatamente descalificado por eso.
Sin embargo, esos mismos medios citan con frecuencia a otra asociación, «Usina de Justicia», nacida al calor de la gestión macrista, como si fuera una autoridad en materia judicial. Presidida por Diana Cohen Agrest, es una verdadera usina de la más rancia derecha; considera que el sistema penal debe recuperar su carácter de «vindicta» (venganza) que tenía antes de la aparición del Estado moderno. Cohen repite como Patricia Bullrich y otros referentes del PRO, que el kirchnerismo busca la liberación de detenidos, sin explicar cuál sería la finalidad, en una especie de «plan ideológico» diseñado en base a «una doctrina Zaffaronista».
Cohen falsea que en la Argentina «no tenemos presos por delitos leves», sino que todos lo están por «delitos graves o gravísimos» y por ello se opone a la liberación de los detenidos. Sin embargo, ésta es una recomendación de los organismos internacionales (CIDH, ONU, OMS, etcétera) aceptada por países que tienen una mayor población carcelaria que Argentina, como EEUU o Turquía, por ejemplo.
Para Cohen, el «contrato social» que los ciudadanos hacen le da al Estado el «poder de la venganza», y se queja porque la sociedad argentina se ha quedado «sin poder de retaliación (ley de talión)». Su ideología reivindica la «justicia por mano propia» y la necesidad de comprar armas para defenderse, por parte de los ciudadanos. Su modelo es EEUU, donde no se tomaron medidas a tiempo para combatir la pandemia, con casi 70.000 muertos, y una parte de la población salió a armarse para defenderse de supuestos asaltos.
Como corolario de esta campaña mediático-judicial, mañana habrá otro cacerolazo con consignas más claramente destituyentes: «basta de dejarle el poder absoluto al gobierno» y un delirante «no queremos comunismo».
Lo más preocupante no es la histeria de esta derecha desembozadamente golpista, sino la pasividad del gobierno para desarticular estas maniobras. AF dijo en su asunción que sería el presidente del «diálogo» con los que pensaban distinto, pero los que difunden mentiras son destituyentes y están cerrados al diálogo.

Por IRINA SANTESTEBAN