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Canale, Patucho y la doble instancia

Qué paradójico resulta el hecho de que dos causas penales tan diferentes hayan disparado similares objeciones al sistema judicial pampeano. La muerte del jornalero Carlos Canale y el enriquecimiento ilícito del exfuncionario Santiago «Patucho» Alvarez fueron investigados por los tribunales de la provincia y en ambos casos se omitió un paso que la Corte Suprema de Justicia indica como ineludible para garantizar la revisión posterior de la sentencia emitida en primera instancia.
Canale era un trabajador precario; sobrevivía haciendo changas tanto en el pueblo como en el campo. Le ocurrió lo que le suele suceder a los pobres: perdió la vida en un calabozo policial. Fue víctima, primero, de una denuncia cargada de prejuicios y, luego, de una golpiza brutal que terminó con su vida en la Alcaidía de General Acha. Alvarez, en cambio, fue un dirigente político de esos que en los años del menemismo presumían de «exitosos». Incrementó tanto su fortuna personal a su paso por el Estado que, cuando cambiaron los vientos, recibió una condena judicial.
Los fiscales y jueces que investigaron el homicidio de Canale se encarnizaron con los detenidos -también pobres- que compartían las celdas de la Alcaidía y sobre ellos descargaron severas condenas. En cambio, ningún policía fue siquiera amonestado. Fue tan escandalosa la «investigación» que hoy interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es casi seguro que el caso será elevado a la Corte IDH. En tanto ni jueces ni fiscales intervinientes sufrieron molestia alguna por un desempeño tan cargado de prejuicios de clase como carente de rigor jurídico. Lo único positivo de esa tragedia fue que, a instancias de la Corte Suprema, se creó el Tribunal de Impugnación Penal y, además, se implementó el sistema acusatorio en nuestra provincia.
La investigación que terminó con la condena a Alvarez demostró lo que era un secreto a voces. El polifuncionario estrella del marinismo había acumulado un capital imposible de alcanzar con los sueldos que se cobran, por derecha, en la administración pública pampeana. La validez de la denuncia que formuló en soledad un docente y dirigente gremial perteneciente al mismo partido de Alvarez, fue corroborada por los avances de las investigaciones judiciales. En las audiencias se demostró que el acusado poseía nutridos rodeos ganaderos y acciones, bonos, fondos de inversión y obligaciones negociables en varias entidades bancarias y empresas líderes que cotizaban en la Bolsa de Comercio porteña. Semejante acumulación de riqueza, más digna de un acaudalado hombre de negocios que de un dirigente político «popular», le valió una condena del tribunal a cuatro años y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Por estos días se conoció que la CSJ anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio ante la omisión de la segunda instancia. Siete años se tomó el máximo tribunal del país para emitir dictamen. Lo peor que podría suceder es que esa demora de sus señorías se traduzca en la prescripción de la causa. El Poder Judicial pampeano debería evitar un nuevo bochorno como el que cometió, en otras circunstancias, con el caso Canale.