Catalanes la pasan mal, muchos líderes independentistas presos

El presidente Mariano Rajoy ordena más represión a los catalanes. La policía en las calles reprime manifestaciones y el tribunal desde Madrid ordena más detenciones de soberanistas. La derechizada UE es parte del problema.
EMILIO MARIN
El panorama ya era delicado el 21 de diciembre pasado, cuando Cataluña volvió a las urnas para elegir sus miembros del parlamento y el jefe de gobierno de la Generalitat, luego que desde Madrid el derechista Partido Popular interviniera la autonomía de Cataluña invocando el artículo 155 de la Constitución.
En aquel momento los nuevos comicios quisieron impedir el que se había celebrado el 1 de octubre, cuando la victoria de los soberanistas dio lugar a la proclamación de una república independizada de España, con Carles Puigdemont como presidente.
Rajoy había sido impotente para impedir ese gran avance independentista pues su Guardia Civil y Policía Nacional no lograron disuadir el voto hacia Juntos por Cataluña y otras fuerzas aliadas de Puigdemont pese a arrestar y golpear electores, secuestrar urnas y demás violaciones cometidas contra la democracia y los derechos humanos.
En cuanto el Parlamento catalán proclamó su independencia, Madrid arreció para impedirla. Fueron ordenadas muchas detenciones de dirigentes, entre ellos el entonces vicepresidente Oriol Junqueras y muchos consejeros, en tanto Puigdemont y otros consejeros debieron exiliarse en Bruselas.
En esas condiciones, de unos dirigentes presos y otros en el exilio, se realizaron las siguientes elecciones de diciembre pasado. Y el resultado básico fue el mismo de octubre, con la suma de votos y diputados para la Asamblea mayoritariamente favoreciendo a los independentistas de Juntos por Cataluña (JuntsxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y aliados anticapitalistas de izquierda como Candidatura de Unidad Popular (CUP).
La novedad, también desagradable para Rajoy, fue que la fuerza individual más votada fue la derechista y liberal Ciudadanos, que tiene en Barcelona como líder a Inés Arrimadas y a nivel nacional a Albert Rivera. Esta fue la representación de la España borbónica y conservadora por sobre el PP, que llegó último "cola de perro" entre los seis participantes.

Máquina de impedir.
Rajoy ya era una máquina de impedir la independencia de Cataluña, pero desde el 21 de diciembre a la fecha aumentó su productividad y cantidad de maldades.
Primero, la mantuvo intervenida, por lo que ya lleva cinco meses sin gobierno propio ni autonómico, a pesar de haberse celebrado esa segunda elección bajo su imposición, con un alto grado de participación del 82 por ciento del padrón.
Segundo, ante la perspectiva cierta que Puigdemont, como el más votado, pudiera asumir como presidente, reactivó todos los procesos judiciales en su contra para mantenerlo fuera del país e impedido de jurar esa investidura. En principio lo logró, porque el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo Constitucional de Madrid, puso otra vez en marcha los procesos contra 25 líderes independentistas, trece de los cuales fueron acusados de rebelión y otros gravísimos cargos penados con hasta 30 años de prisión.
Como los soberanistas vieron que momentáneamente no podrían concretar la asunción de Puigdemont, nominaron a un segundo, Jordi Turull. Este tuvo muchos votos en una primera instancia en el Parlamento catalán, pero le faltó uno solo para ser nominado en ese momento. Y antes que el 24 de marzo se pudiera concretar la segunda votación, entre la fiscalía y el juez Llarena lo impidieron, al decretar el 23 la prisión preventiva de Turull y cuatro líderes catalanes: Carme Forcadell, anterior titular de la Mesa del Parlamento, los diputados Raúl Romeva y Josep Rull y la ex diputada Dolors Bassa.
En total el magistrado procesó a trece políticos por el delito de rebelión: a los cinco nombrados más Puigdemont, Junqueras y una lista que incluye a líderes sociales no partidarios como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, respectivamente.
Para descerrajar todas esas órdenes de captura y prisiones preventivas se quiso justificar con el caso de la diputada de ERC, Marta Rovira, citada por Llarena a audiencia y que optó por salir del país rumbo a Suiza. Entonces el argumento persecutorio para el resto fue: ustedes van presos porque hay riesgo de fuga.
El "plan B" para ungir a Turull en vez de Puigdemont podía concretarse el sábado 24, pues el titular del parlamento catalán, Roger Torrent, había citado a una segunda votación del pleno y aquél tenía todas las de ganar. No pudo ser porque el día anterior, como quedó dicho, el candidato sufrió la prisión preventiva igual que otros dirigentes soberanistas.

A la caza de Carles.
A la cacería dispuesta por el gobierno de Madrid y su interventora en Barcelona, Soraya Sáenz de Santamaría, le faltaba cazar a Puigdemont, su trofeo mayor. Y lo consiguieron el 25 de marzo, previa reactivación de una euro-orden de detención, para todo el ámbito de la Unión Europea.
La jugada policial y judicial fue precisa porque aprovechó que el independentista había salido de Bélgica rumbo a una conferencia en Finlandia. Al emprender el regreso a Bruselas pasó en auto por Dinamarca y al traspasar la frontera con Alemania fue aprehendido y quedó detenido en Schleswig-Holstein. En la consideración de Rajoy, sus pedidos de extradición tienen en el país de Angela Merkel mejores chances de prosperar y más rápido que en Bruselas, sede de la Unión Europea.
El Tribunal Administrativo de Schleswig-Holstein decidió la prisión preventiva para el ex presidente catalán. Luego se verá si en los próximos días éste sigue detenido o si recupera la libertad pero con medidas cautelares y entrega de su pasaporte, a la espera de novedades judiciales, que en rigor son políticas. Su defensa insiste en que no necesariamente será extraditado y que dará una dura pelea legal.
Como sea, si el catalán queda preso o si es extraditado desde Alemania, es un golpe político y anímico adverso para el movimiento por la independencia. El es un político capitalista y de orientación centrista, que centró todas sus expectativas en que la rica Cataluña sería acogida de buen grado y como socio confiable por la también rica Unión Europea. Pero al margen de esta condición burguesa limitada, para la mayoría de los catalanes es su presidente del último gobierno autonómico, fue al tope de la lista soberanista individualmente más votada el 21 de diciembre y es la figura más representativa, a la que se le negó la asunción del cargo ganado en las urnas mediante la fuerza bruta de la España autoritaria, centralista y monárquica.

Una Europa derechizada.
Era previsible que la detención de Puigdemont fuera festejada por el gobierno central. Sáenz de Santamaría, vicepresidenta española e interventora en Cataluña, dijo que era "una buena noticia" porque se demostraba que todos eran iguales ante la ley y que las instituciones funcionan.
Del lado catalán en cambio menudearon las declaraciones de repudio de los dirigentes, que valoraron lo ocurrido como un nuevo atropello a sus derechos soberanos. Incluso quienes en esta grieta intentaron pararse con un pie en cada lado, como Pablo Iglesias, del centro izquierdista Podemos, se quejó de las soluciones represivas y carcelarias.
Mucho más importante, el sábado 24, ante las detenciones de Turull y otros, y el 25, con la producida en Alemania, miles de catalanes ganaron las calles y se manifestaron a favor de la libertad de los presos políticos. La represión de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil provocó un centenar de heridos leves, pero es de prever que tales protestas continuarán. Quizás más centradas en el reclamo de aquellas libertades y contra estas represiones, más que en el reintento de proclamar la soberanía, al menos en lo inmediato.
Uno de los factores para que así sea es la visible y aparentemente unificada posición de la Unión Europea, de aval a lo actuado por Rajoy y el Tribunal Supremo español en la persecución a líderes catalanes. La detención producida en Schleswig-Holstein fue la amarga frutilla de la desmerengada torta de la independencia. Con ese hecho concreto Merkel dejó claro de qué lado está.
Otros datos corroboran el giro más a la derecha de esa Unión Europea de por sí de derecha, rostro político de la OTAN en lo militar. Por ejemplo, el Reino Unido, que está en proceso de salida de la UE, denunció sin pruebas científicas a Rusia de haber envenenado a un ex doble espía ruso, Serguei Skripal, en Salisbury, y expulsó a 23 diplomáticos rusos. Estados Unidos imitó, echando a 60 funcionarios rusos. Una veintena de socios europeos hicieron lo mismo: Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Holanda, Polonia, República Checa, Hungría, Rumania, Croacia, Noruega, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Albania.
Obvio que la España de Rajoy también se anotó, con dos expulsiones de diplomáticos moscovitas. Favor con favor se paga, en euros y con subordinación política y militar, pues España tiene durante 2018 la jefatura de turno de la Fuerza de Despliegue Rápido de la OTAN a la que tanto denostó en los años '80.