Inicio Opinion CFK y un pase de gol a Alberto Fernández

CFK y un pase de gol a Alberto Fernández

HABLAR CON PROPIEDAD

El derecho de propiedad y los propietarios del derecho. Los aprietes al gobierno y el rescate presidencial por parte de Cristina, que con dos toques clarifica una situación confusa y deja a su compañero en posición de gol. Ahora todo depende de él.
Por Horacio Verbitsky
Una investigación académica en curso en una de las universidades nacionales del conurbano bonaerense revela que tres decenas de empresas financieras, energéticas y prestadoras de servicios públicos acumularon el 70 % de las ganancias obtenidas el año pasado por la cúpula empresarial de la Argentina. Este es el selecto núcleo de quienes presionan al alza de las distintas variantes del dólar paralelo, con el propósito de forzar una devaluación e imponer un plan económico de ajuste y concentración. Más allá de matices, sostienen esa propuesta la Asociación Empresarial AEA, la Unión Industrial, el Consejo Agroindustrial y la Mesa Chica de la CGT de Azopardo.
– Las financieras comprenden bancos, compañías de seguros y desarrolladores
inmobiliarios.
– Entre los bancos se cuentan Macro, Galicia, Citi, BBVA, Santander, ICBC, Patagonia, HSBC, Credicoop, Ciudad de Buenos Aires, San Juan, Nación, Santa Fe, Santiago del Estero, Provincia de Buenos Aires.
– Las aseguradoras de la lista son Federación Patronal, Prevención ART, Provincia ART, Caja de Seguros Generales, Asociart ART, Experta ART y San Cristóbal Seguros.
– Las prestadoras de servicios de gas y electricidad y productoras de petróleo, beneficiadas por los tarifazos y la dolarización de sus ingresos, son Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Edesur, Central Puerto y Panamerican Energy.
– Las desarrolladoras inmobiliarias son dos empresas de IRSA.
– Una sola empresa industrial forma parte de este exclusivo club: Ternium, de la transnacional italo-luxemburguesa Techint.
La hoja de Excel consigna las utilidades que cada una de ellas obtuvo en 2019, en millones de pesos de ese año, el porcentaje de participación en las ganancias totales de las 150 de mayores ganancias entre las 1000 de mayores ventas del país, y los porcentajes acumulados. Esta es una nítida radiografía del modelo que imperó entre 2015 y 2019, de inocultable similitud con la del anterior experimento sobre seres vivos, en la década de 1990, cuando el presidente neoliberal era Carlos Menem, mientras Maurizio Macrì comenzaba a manejar los negocios del holding familiar. Es útil tener el cuadro a mano, cuando se discute sobre la propiedad, acerca de quienes la poseen y de quienes han sido privados de ella.

Pase de gol.
El martes 27, un colega me preguntó qué me había parecido la carta de la vicepresidenta, difundida al cumplirse diez años de la muerte de Néstor Kirchner y uno de la victoria electoral del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio. Cristina es como Gago o Riquelme, que con dos toques limpian una situación confusa y dejan a un compañero en posición de gol, le respondí. Lo contó en un programa político por televisión. Otro colega dijo: «Mejor como Nacho Fernández y Enzo Pérez», con lo cual se logró una inusual coincidencia entre hinchas de Boca y de River, algo parecido a lo que propone la ex presidenta que, ya avanzada su carrera, sigue siendo distinta a todo.
La carta con la que anunció que no concurriría al acto del gobierno en el Centro Cultural que lleva el nombre de quien fue su compañero político y sentimental fue tan inesperada como el video del 18 de mayo de 2019, en el que anunció que cedería a su ex jefe de gabinete la candidatura presidencial. El gobierno oscila entre celebrarla como un apoyo y responder de modo críptico a los señalamientos que contiene. Como en los tiempos del hermetismo informativo de la guerra fría, se ha vuelto de moda la interpretación de gestos y fotos. Esto da lugar a graciosas pifiadas, como la de una columna de Infoemba‚ que confundió a Carlos Zannini con Fernando Navarro, porque a los dos los llaman Chino.
Cristina enuncia tres certezas:
1. Que los enardecidos cuestionamientos a su gestión no se debían a sus modos, sino a la intolerancia ante el peronismo y su modelo de desarrollo nacional con inclusión social, dado que los poderes fácticos maltratan del mismo modo al presidente Alberto Fernández, que es tan distinto a ella;
2. Que sólo el presidente decide las políticas que se ponen en práctica, que Alberto no es el chirolita de la vicepresidenta, como ella no lo fue de Kirchner ni Kirchner del estadista de Lomas de Zamora que hoy predica el caos donde lo dejan asomar su notoria cabeza;
3. Que los problemas económicos, que ella eligió sintetizar como consecuencias de la economía bimonetaria, no tienen solución sin un gran acuerdo que comprenda al gobierno y a la oposición, a los poderes fácticos y a los medios de comunicación, a patrones y trabajadores, ocupados y sin empleo.
Entre las primeras reacciones opositoras se señaló la contradicción entre ese convite a los sectores económicos y la crítica que Cristina les formula en la propia carta (por los agravios al presidente que aceptó dialogar con ellos como visitante). El gobierno tuvo una lectura menos superficial: los conflictos más graves, entre naciones y al interior de cada una, se pueden destrabar negociando con los antagonistas, no encerrándose en la zona propia de confort.

Gancho al hígado.

Como un boxeador alcanzado por un gancho al hígado, toda la escena política tardó en acusar el golpe. La reacción fue en cámara lenta, pero no por eso menos impresionante.
La carta de Cristina, junto con las llamativas movilizaciones del 17 y del 27 de octubre fortalecieron al gobierno y desconcertaron a la oposición. La sarta de tonterías que se han dicho y escrito sobre la carta y que ni merecen ser repetidas, no alcanzan a ocultar que de la noche a la mañana todos y todas hablan de la búsqueda del acuerdo, sus posibilidades y condiciones. La visión estratégica de Cristina produjo un nuevo cambio de pantalla, que nadie puede ignorar:
– Alberto Fernández habló en una cita convocada por el Ministerio Político de la Iglesia Católica. El presidente dijo que «tenemos que sentarnos a dialogar y construir un nuevo pacto social», cosa que viene planteando desde que asumió pero que hoy parece más viable.
– Elisa Carrió dijo que la oposición debía apoyar a Fernández y votar la designación de Daniel Rafecas como Procurador. Para Carrió, Rafecas pasa a ser el mal menor. Cada día más en modo Luis Juez agregó que de otro modo se corre el riesgo de que «Madura tome el poder». También sentenció que «Macri tiene que decidir si quiere una justicia independiente o quiere ir preso. Yo no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi presidente. Si uno es republicano no es golpista». Sentenció que «Macrì ya fue» y que su candidato era Horacio Rodríguez Larreta.
– Diego Santilli dijo que estaba de acuerdo con Carrió.
– Cristian Ritondo elogió a Rafecas.
– Horacio Rodríguez Larreta y el Hada Buena visitaron a Carrió en su casa de Exaltación de la Cruz y también apoyarían la postulación de Rafecas. A diferencia de la CCL, el PRO tiene ocho senadores.
– Mickey Vainilla dijo que el país necesita de acuerdos y de políticas de estado como propone Cristina, para garantizar la paz social.
– Roberto Lavagna dijo que el diálogo y el consenso son indispensables para construir un futuro mejor, «proponer, coincidir o disentir dentro de los márgenes del respeto y teniendo el objetivo del bien común».
– Sergio Massa anunció al inaugurar la escuela de gobierno de su Frente Renovador la voluntad de «construir ese gran acuerdo que la Argentina necesita».
– Domingo Cavallo dijo que «la oposición debe ayudar a Fernández a salir adelante y no apostar que fracasará o se irá».
– Macrì condicionó el diálogo a dar de baja «el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada», y a promover «la generación de empleo y de la producción, abiertos al mundo de una manera inteligente» y con la Constitución sobre la mesa(sic). Pero nadie le presta demasiada atención porque se ha convertido en el
campeón de la abstracción sin sustancia.

Qué y con quiénes.

Se sabe quiénes son, la cuestión es en qué términos se negocia. Por ejemplo, Alberto invitó a su mesa a Paolo Rocca, pero el presupuesto para 2021 dio de baja dos artículos del proyecto inicial que destinaban casi 30.000 millones de pesos a compensar a las gasíferas por la devaluación entre abril de 2018 y 2019, uno de los reclamos de Techint.
Los contactos oficiales con estos sectores no son nuevos. En junio de este año, El Cohete dio la primicia de un encuentro entre tres dirigentes de primera línea del oficialismo y cinco capitostes del empresariado, en el que se abordaron con franqueza las perspectivas de la relación entre el peronismo en el gobierno y el patronato. Otros colegas revelaron luego quienes fueron los protagonistas: Wado de Pedro, Sergio Tomás Massa y Máximo Kirchner por el Estado, Miguel Acevedo, Jorge Brito, Marcos Bulgheroni, Hugo Dragonetti y Marcelo Mindlin por el mercado. Kirchner dijo que el gobierno necesita empresas privadas fuertes, que contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo, pero que los hombres de negocios necesitan de un Estado fuerte que fije y haga cumplir reglas del juego.
Uno de los asistentes del otro bando expresó entre cuatro paredes la preocupación que el macrismo vociferaba en público acerca del respeto oficial por la propiedad privada.
-Si tuviéramos vocación por avanzar sobre la propiedad privada hubiéramos planteado la expropiación de Cargill, no de Vicentin, que es un agujero negro de deudas y estafas -fue la respuesta de Kirchner.
Entre los cinco hombres de negocios que asistieron estaban el primero, el segundo y el vigésimo en la lista de los grandes triunfadores del cuatrienio macrista: Jorge Brito, Marcelo Mindlin y Marcos Bulgheroni.
El 27, Cristina difundió su carta. El 28, Alberto pidió que el Congreso sancionara este mes la creación de un Consejo Económico Social, que ya ha mantenido encuentros informales, el último hace pocos días bajo la conducción del jefe de gabinete Santiago Cafiero. Su creación legal se demoró porque el gobierno esperaba una respuesta positiva de Lavagna para encabezarlo.

Si quieren pelea.

La semana pasada, durante un acto de entrega de viviendas que estaban casi terminadas pero el gobierno anterior congeló, Alberto Fernández respondió a quienes pujan por forzar la devaluación. Los caracterizó como aquellas pequeñas minorías que «quieren que uno responda a sus intereses y se olvide de lo que todos estos argentinos están necesitando. Recuerden lo que pasó cuando llevaron el dólar de 9 pesos a 15. Devaluar es muy fácil pero es una máquina de generar pobreza. Nosotros queremos una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares, no porque lo pusimos al precio que algunos poderosos necesitan. Si quieren dar pelea, daremos pelea, porque para eso llegamos al gobierno, no para cruzarnos de brazos ni para obedecerles».
En ese punto no hay discrepancias en el FdT: devaluar es un suicidio. Las discusiones comienzan cuando se trata de decidir el camino para evitar ese abismo. No fue sólo un discurso, al mismo tiempo el Banco Central vendió bonos de los obtenidos en la renegociación con los acreedores privados, y la Comisión Nacional de Valores pidió a las sociedades de bolsa que no operaran en contado con liqui. Durante toda la semana, las cotizaciones cayeron y la brecha se achicó a menos del 100%, que aún es alto, menguando las hipótesis devaluatorias. No obstante, las reservas siguieron cayendo, ahora por retiro de depósitos, y tanto el ministro de Economía Martín Guzmán como el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tienen claro que el telefonazo es un recurso de emergencia a usar en momentos críticos y no una herramienta permanente, porque produce el patético efecto Guillermo Moreno.

Tierra arrasada.

En el desalojo de los cuatro barrios asentados con casillas de palo y nylon en 100 hectáreas del tercer cordón del conurbano bonaerense se superponen distintas problemáticas. La principal, es el pavoroso problema del acceso a la tierra para los sectores subordinados de la sociedad. La extensa negociación con los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Salud, Justicia, Gobierno, las Mujeres y Seguridad, con el apoyo de dos ministerios nacionales, ocho municipios y organismos como la Ansés, el Renaper y Migraciones estaba bien encaminada. La coordinación encomendada a Teresa Garía es la decisión más inteligente.
Llegaron a firmarse actas de compromiso con más de 700 familias. El CELS, que junto con el Serpaj actuó como veedor en la realización de un censo que arrojó la presencia de 1400 familias, objetó que las propuestas estuvieran destinadas a soluciones individuales acotadas, por ejemplo, un subsidio, alternativa de acceso a materiales para la realizaciones de algunas ampliaciones en viviendas de familiares, o repuesta de productos para el hogar y no implicaran relocalizaciones colectivas. Cuando faltaban algunos detalles en el gobierno de Axel Kicillof se daba prioridad a la búsqueda de soluciones de fondo acordadas de modo pacífico. No obstante, Sergio Berni preparaba un megaoperativo de desalojo. Desde la gobernación se afirma que el enorme despliegue de efectivos y material era la única manera de garantizar que no hubiera muertos ni heridos, pero sectores internos sostienen que el cirujano que se cree militar se salía de la vaina por entrar en acción, porque intenta construir una carrera política con la imagen del hombre duro que no vacila en usar la fuerza para hacer cumplir la ley (al menos la que protege la propiedad).
La orden de no prorrogar más los plazos y ejecutar el lanzamiento fue dada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con el respaldo del Procurador designado por el Hada Buena, Julio Conte Grand, y del fiscal general de La Plata, Marcelo Romero, cuya biblia es el Código Penal.
El gobierno, que había solicitado otra extensión de los plazos, reclamó que los fiscales que la negaron estuvieran presentes durante el operativo que ordenaron. Ese es el origen de la vergonzosa foto de Condomí con dos de sus colaboradores, sonrientes en el terreno ya despejado por la tropa berniana, como cazadores que exhiben su trofeo.
El periodista platense Sebastián Salgado contó en Radio Leaks que en la década de 1990, Condomí participó en un programa de intercambio estudiantil con la Sudáfrica del apartheid, de donde fue expulsado por abandonar los cursos donde debía interactuar con estudiantes negros y realizar manifestaciones racistas en la casa de familia donde se alojaba.
En 2013, durante la terrible inundación en La Plata, Condomí coordinó con el alcaide Ricardo Casal, interventor penitenciario en el ministerio de Justicia, el ocultamiento de la verdadera cifra de muertes, lo cual fue denunciado por el juez Luis Federico Arias y el defensor Julián Axat.
Esto dio lugar a un pedido de juicio político, que los sucesivos procuradores María Falbo y Julio Conte Grand cajonearon. Esta justicia racista y clasista, acicateada por medios de prensa y sectores de poder que solo conocen los artículos de la Constitución que protegen a la clase propietaria impidió que las negociaciones concluyeran en paz. Aún así, la insistencia de Kicillof permitió que no hubiera víctimas fatales. Pero si su gobierno, y el de Alberto Fernández, no hubieran estado bajo la presión mediática que intenta presentarlos como auspiciantes de las ocupaciones ilegales, habrían podido demorar la intervención armada, en la línea de la presentación del CELS y el Serpaj ante el juez Martín Rizzo (que la rechazó). Del otro lado, el Polo Obrero de Jorge Altamira, y el FOL de Roberto Cirilo Perdía, cascotearon la solución, figurativa y literalmente. De los 38 detenidos, que fueron rápidamente liberados, sólo ocho estaban registrados entre los ocupantes.

Bellacos.

El gobernador también incidió en forma indirecta, al señalar que un alto número de barrios privados no cumplen con la legislación vigente, o no están declarados como tales, o no pagan los impuestos correspondientes, o no han entregado el 10% de la tierra o su equivalente en dinero dispuesto por la ley bonaerense 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que creó instrumentos de gestión urbana para generar oferta de suelo accesible. La ley es de 2012 y su reglamentación en el municipio de Presidente Perón de 2015. Esa ordenanza 1082, estableció que lo recaudado en tierra o en dinero debía ser destinado a un fondo para financiar la mejora del hábitat.
Según la evaluación del CELS desde que se aprobó la ordenanza hasta la toma de Guernica, por los menos cinco barrios cerrados empezaron a construirse en el municipio, que «no exigió la cesión de tierra o dinero que correspondía», recursos genuinos, que debían ser destinados a mejorar las condiciones habitacionales de quienes quedan excluidos de los barrios cerrados. «Esta decisión política está en el origen del problema. La ocupación se convierte en la única alternativa posible de los sectores populares para acceder a la tierra» y el Estado queda «en un
lugar de debilidad para resolver los conflictos territoriales, ya que uno de los principales obstáculos que tuvo la negociación entre la provincia y las organizaciones fue la dificultad del gobierno para ofrecer tierra suficiente para que todas las familias pudieran contar con un lote donde vivir».
Una de esas empresas que no cumplen con la ley es la propietaria de las tierras que habían sido ocupadas en Guernica, la sociedad anónima Campos de Bellaco, que se proponía erigir allí un barrio privado para el club San Cirano. Según la Academia española de la lengua una persona o un comportamiento bellaco significa «que es malo moralmente y ruin; en especial, que comete delitos». Los bellacos de Guernica son también titulares de los barrios privados que lindan con las hectáreas ocupadas. Uno de los propietarios y representante legal es Gervasio Pérez Pesado, quien heredó esa posición de su padre fallecido en 2013, César Emilio Pérez Pesado a) Copete, quien hacía honor a su segundo apellido: fue miembro de la Comisión de Asesoramiento Legislativo e integrante del gobierno bonaerense durante la última dictadura, y abogado defensor del colaborador de José López Rega y chofer del general
Ramón Camps, Norberto Cozzani, en las causas por los crímenes del terrorismo de Estado.
El Bellaco no paga el impuesto inmobiliario desde 2018 y tiene una deuda de un millón de pesos con ARBA. Kicillof intimó a la empresa a regularizar la situación y le exigió que se haga cargo de alambrar y dar seguridad a sus terrenos, porque la provincia no puede destinar a ello sus escasos recursos.

Más Estado que mercado.

Desde hace años, sigue el CELS, la provincia de Buenos Aires tampoco cumplió con su responsabilidad de generar un marco normativo que oriente su desarrollo territorial y la implementación de políticas para garantizar el derecho a la vivienda y a la tierra, en articulación con los municipios. «El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, como complemento operativo de la ley 14.449, incluye la construcción de viviendas sociales, la generación de lotes con servicios, la regularización dominial, el mejoramiento habitacional de viviendas ya construidas y la urbanización de barrios. También se ha anunciado la creación de un registro de suelo urbano y un registro de demanda habitacional como instrumentos que permitirán mejorar el diseño de las intervenciones. Todas estas líneas de intervención son necesarias para responder a las necesidades habitacionales de quienes viven en la provincia, y se vuelven urgentes en el actual contexto de crisis». Los instrumentos de gestión territorial previstos en la ley de acceso justo al hábitat, permiten a la provincia y a los municipios «captar tierra, recursos monetarios, evitar procesos especulativos que elevan los precios del suelo». Se trata de que mediante la intervención del Estado «el desarrollo urbano sea socialmente inclusivo y genere oferta de suelo accesible para todos los sectores, y superar una lógica de intervención estatal
que busca compensar los efectos negativos de un proceso de producción urbana solamente guiado por el mercado». La aplicación de estas herramientas «es esencial para evitar que miles de familias tengan que depender de la ocupación de tierra, y de la precariedad en las condiciones de vida que supone, como única alternativa que el Estado ofrece a los sectores populares para tener un lugar donde vivir».