Cinco meses de resistencia en el ingenio San Isidro

ARGENTINA CON CONFLICTIVIDAD LABORAL AL PALO

El 20 de junio se cumplen cinco meses de resistencia en el San Isidro, Salta. Allí 730 trabajadores defienden su fuente de trabajo, ante el cierre dispuesto por el grupo Gloria.
EMILIO MARIN
Este cronista se llegó hasta el ingenio San Isidro, atraído por la noticia que su personal estaba defendiendo con bravura sus puestos de trabajo. El 20 de enero pasado no pudieron ingresar a sus turnos. Un cartel fatídico en el portón anunciaba el cierre de las actividades, con candados en las puertas.
La visita solidaria fue el sábado 9. El ingenio está a 50 kilómetros de la capital salteña, en la localidad de Campo Santo, dentro del departamento General Güemes. Campo Santo, Güemes y El Bordo son las tres principales concentraciones de ese departamento, donde viven 50.000 ciudadanos.
El problema es muy grave, por el impacto social del desempleo decretado por una patronal que reside en Perú, el grupo Gloria. En el ingenio trabajan 730 operarios y empleados, más 100 camioneros que llevan los productos a ciudades y puertos. Se estima que pierden su sustento 2.500 personas, en forma directa e indirecta. Esa es una tragedia para General Güemes, sumado a cierres de otros establecimientos y el levantamiento del ferrocarril.
El cronista pudo dialogar un largo rato con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (Soeasi), Mariano Cuenca (31 años), junto a otros solidarios venidos de Salta, como Jorge Ramírez (gremio docente universitario de la UNSa), María Alaniz (agencia Ancla) y Elena Rivero, de Asociación de DDHH “Coca Gallardo”. Mientras transcurría el diálogo, mujeres y familiares preparaban un guiso en una olla grande y un fuego a leña que despedía humo.
Cuenca sintetizó el conflicto. Se encontraron aquel 20 de enero con las puertas cerradas, al terminar las vacaciones. Y la patronal inició un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (PPC) para abonar el 50 por ciento de las indemnizaciones, por lo que aún debe 200 millones de pesos a sus compañeros.
Desmontó el argumento patronal al precisar que en la zafra 2016 habían molido 26.000 toneladas de caña y que en la de 2017 habían aumentado a 45.000 toneladas. Los negocios de Gloria no iban cuesta abajo sino en dirección ascendente. Además produce el Azúcar Orgánica, cara y que se exporta en dólares, apreciados.
El PPC está contemplado en la Ley de Empleo 24013, pero requiere que la empresa demuestre una baja en su actividad no atribuible a su gestión o bien razones de fuerza mayor o tecnológicas. Las empresas del ingenio (Prosal y Emaisa), del Grupo Gloria, no podían probar ni una cosa ni otra.
Y esa maniobra quedó al descubierto en la audiencia del 31 de enero en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante el subdirector de Relaciones del Trabajo, Pedro D. Frankenthal. El sindicalista reclamó que, a los estados contables de esas dos firmas, se sumaran los números superavitarios de Bio San Isidro y Verha SA, también de Gloria. La primera, productora de Bioetanol, deja grandes ganancias. El Soeasi mostró que si el ingenio aumentaba 15 por ciento la producción de este año y 30 el próximo, estaba en condiciones de dar ganancias, sin despedir a nadie.
Otra reunión se celebró ante la Secretaría de Trabajo provincial, de Alfredo A. Batule. Allí el secretario del gremio estuvo muy informado y astuto. Había averiguado que el informe de la patronal peruana argumentando el cierre había sido preparado por un estudio de abogados de Salta cuyo titular es funcionario de esa secretaría. Puso sobre la mesa semejante “conflicto de intereses”, ganando fuerza y argumentos para el sector obrero.

Olor a sucio.
Así fueron pasando los días, semanas y meses. El gobernador Juan M. Urtubey jugó todas sus fichas a un comprador privado que contemplara los puestos de trabajo, pero no tuvo éxito. Fue a Lima para entrevistarse con los dueños, los hermanos Jorge y Vito Rodríguez, pero éstos lo derivaron a otro directivo, que negó cualquier solución que no fuera el cierre ya dispuesto.
Dos diputados del PO, uno del PJ y otro del kirchnerismo, presentaron un proyecto de ley consensuado con el Soeasi para que el Estado se hiciera cargo del establecimiento. La mayoría pejotista se negó a tratarlo, en dos oportunidades, cajoneándolo. “El Estado no tiene nada que ver con el azúcar”, se lavó las manos Urtubey, repitiendo lo dicho por su hermano, el senador.
El sindicato encabezó la marcha azucarera del 19 de febrero, en unidad con despedidos de otros ingenios como el Tabacal, y de otras protestas. Sus tiempos se agotaban porque hasta fines de mayo había tiempo para iniciar la zafra 2018, o se perdería esta actividad núcleo. Además, se perjudicarían los cañeros independientes que proveen el 80 por ciento de la caña al San Isidro: pactarían con otros ingenios, si es que lo consiguen, dejando de lado su actual destino.
Esa situación desesperante explica que el 4 de junio los despedidos penetraron en la planta. La voz de la legalidad y el capitalismo dirá que violaron la propiedad privada, pero estaban defendiendo su trabajo y familias. La empresa pidió el desalojo policial a la fiscal federal de Güemes, Verónica Simensen, pero la Jueza de Garantías Nº 8, Claudia Puertas, lo frenó diciendo que “no estaba claro si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral”.
Cuenca invitó al grupo solidario a entrar al ingenio y dialogar con su gente. Hubo saludos y aliento a quienes no han sido doblegados. El 14 de junio habrá paro provincial y marchas de protesta con la consigna de “Todos somos San Isidro”.
Al agruparnos para la foto, uno de los obreros le dijo a Elena: “disculpe doñita si tengo olor a sucio, pero hace tres días estos hijos de puta nos cortaron el agua”.