Clarín tiene quien le escriba

Luego de la publicación del DNU que afecta los negocios más lucrativos del Grupo Clarín, la empresa tercerizó la guerrilla contra el gobierno de Alberto Fernández.
EZEQUIEL RIVERO
El Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que declara servicio público a la telefonía móvil, reestablece la figura de «servicios públicos en competencia» para telefonía, internet y TV paga) y suspende los aumentos de sus tarifas hasta fin de año, cerró la grieta entre el empresariado del sector que, casi en bloque, inundó los medios con comunicados planteando su desacuerdo con la medida.
DirecTV, Telecentro, Telefónica, Telecom, Claro y otras empresas que operan en el país tomaron la iniciativa y manifestaron su sorpresa por la «intervención» inconsulta que pondría un freno a la inversión e innovaciones en el sector. Clarín mantuvo el tema en tapa varios días y alertó sobre el «repudio» y la «preocupación» por la intervención en las empresas tecnológicas. Todo esto sin aclarar que, gracias a la propiedad cruzada, muchas de las empresas tecnológicas aludidas forman parte del mismo grupo empresario al que pertenece el diario y su usina de contenidos.

Made in USA.
Solidarios, otros medios amigos sumaron su apoyo y también la oposición política, que llegó a hablar de «estatización». También desde los Estados Unidos, Sergio Massa recibió una carta firmada por las tres mayores cámaras que representan a las principales empresas tecnológicas, incluyendo Google y Amazon. En la redacción de TN.com titularon que «Empresas de EEUU advierten por una desinversión masiva si se implementa el DNU de telecomunicaciones». La traducción, incorrecta, desvirtúa el escueto comunicado escrito en inglés que apenas refiere a la posibilidad de que la medida del gobierno «ponga en riesgo las inversiones».
La Cámara de la Información y la Comunicación (Cicomra), el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA), la Cámara Argentina de Internet (Cabase), la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colesecor) y hasta la Bolsa de Comercio de Córdoba, manifestaron sus preocupaciones y críticas a la medida oficial. Por su parte la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) no se privó de citar en su comunicado al Papa Juan Pablo II para criticar el «aumento exagerado de los aparatos públicos».
El tema despertó interés internacional y la consultora con base en México Digital Policy & Law Group organizó un encuentro para debatir el tema. De los diez expositores apenas tres presentaron posturas independientes, los demás fueron representantes directos o indirectos de las grandes empresas de telecomunicación.
En América Latina el lobby no termina de salir del closet. Así, en aquel evento vimos presentarse como «consultores independientes» a expertos que reciben pauta de las empresas que defienden públicamente y otros que trabajan para consultoras que las tienen como principales clientes. Al momento del debate de temas tan espinosos, una declaración de potencial conflicto de interés es siempre una buena práctica de honestidad intelectual que despeja suspicacias y permite entender mejor los argumentos que cada uno defiende.

Servicios y derechos.
Sobrevuela en la discusión sobre el tema, tal como ocurrió durante y después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un tono anti-académico. Quienes piensan que internet es tan solo un soporte que garantiza la interconexión de redes, no acaban de entender qué hacen expertos de las ciencias sociales. Deberán acostumbrarse al cruce entre tecnología y sociedad en la medida que los servicios que discurren por esos fierros son cada vez más esenciales, y su acceso vital para el acceso a otros derechos como la educación o el trabajo.
Un párrafo aparte merece el comunicado de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi). Si la crítica común a todos los actores anteriores tenía que ver con los peligros de la sostenibilidad de los negocios, el encarecimiento del acceso al crédito y la dificultad para continuar inversiones necesarias para brindar acceso universal de calidad, Cappi da un paso más allá y plantea la «natural incompatibilidad entre innovación y regulación cuando se trata de desarrollo y adopción de tecnología».
La afirmación, tan brutal como de sentido común, omite que el sector público ha estado detrás de innumerables innovaciones, en muchos rubros, incluso en materia de tecnologías de la información y la comunicación. En ocasiones, asumiendo todos los riesgos sin percibir los beneficios generados por las tecnologías que ayudaron a crear.

La inversión estatal.
Un ejemplo elocuente y conocido es internet y su origen vinculado al Estado. El Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP en inglés) es el estándar abierto a partir del cual se desarrolló internet desde el punto de vista histórico y técnico. Fue creado en 1974 como el protocolo de ARPAnet, la red experimental desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Como ilustra la economista italiana Mariana Mazzucato en su influyente libro El Estado Emprendedor, «todas la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es deudora de la visión y el apoyo del Estado: internet, el GPS, la pantalla táctil e incluso la voz del asistente Siri del ‘smartphone’ recibieron dinero del Estado». Buena parte de la tecnología incluida en esos dispositivos de Apple, recuerda, fue financiada por el Departamento de Defensa estadounidense o la CIA.

También aquí.
En nuestro país sobran ejemplos de inversiones públicas millonarias en desarrollo de tecnologías de punta: desde los satélites Arsat 1 y 2, hasta la Red Federal de Fibra Optica que recorre buena parte del territorio y de la que hoy se benefician pequeñas empresas que llevan internet al hogar, pagando menos el valor del mega mayorista. Muchas de ellas seguramente estén nucleadas en la Cámara que sostiene la natural incompatibilidad entre innovación e intervención estatal.
Notable es observar cómo todas las partes interesadas invocan el beneficio a los usuarios y se atribuyen su representación. Lo cierto es que por el momento las agrupaciones que representan a los usuarios no tienen una silla en la mesa de discusión, pero un indicador nos adelanta su opinión: 8 de las 11 empresas más denunciadas en Defensa del Consumidor prestan servicios en el rubro de las telecomunicaciones y la TV paga. (Extractado de La Política Online).