Colombia: ahora sí la paz parece muy cerca de las manos

DESDE EL LUNES 29 RIGE UN ALTO AL FUEGO DEFINITIVO

El último jalón de esa larga marcha hacia la paz ocurrió el 24 de agosto en Cuba. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron a conocer allí el acuerdo de paz tras cuatro años de negociación. El 2 de octubre se votará el plebiscito.
EMILIO MARIN
Las negociaciones de paz sobre Colombia tuvieron un hito importantísimo porque las dos partes firmaron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. El documento de 297 páginas está en poder de las dos partes. Otros ejemplares que fueron entregados a los dos garantes (Cuba y Noruega), a los dos facilitadores (Venezuela y Chile) y un séptimo será depositado en el Consejo Federal Suizo en Berna, donde están los archivos de los acuerdos de Ginebra.
Las partes leyeron el comunicado oficial en presencia del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla: Humberto de la Calle, ex vicepresidente, como delegado del presidente Juan Manuel Santos, e Iván Márquez, en nombre de la agrupación comandada por Rodrigo Londoño, Timochenko.
El comunicado que al cabo de casi cuatro años de negociación -fueron comenzadas el 19 de noviembre de 2012 en el Palacio de las Convenciones- se había arribado a los acuerdos sobre los seis tópicos en debate.
El punto uno fue sobre la “Reforma Rural Integral”, un asunto clave de la lucha de los campesinos y las FARC en estas cinco décadas. El segundo versó sobre la “Participación Política”, para ampliar la democracia con nuevos actores, entre ellos las guerrillas reconvertidas en partidos políticos. El tercero se refiere al “Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, donde los dirigidos por Timochenko declararon ceses del fuego unilaterales, no acompañados por Santos. El cuarto fue sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas”, un asunto tan importante en ese país y la región. Se cayó la gran mentira y manipulación política del gobierno y su aliado mayor, Washington, que demonizaban a la guerrilla a la que sindicaban como “narcotraficante”. Se demostró que era pura mentira para encubrir a los verdaderos narcotraficantes y justificar los bombardeos a los campamentos rebeldes. El quinto punto giró sobre “Las víctimas de conflicto armado y las reparaciones”. Y el sexto sobre “Mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos”.
En los anuncios se vio felices a todos. Al representante del gobierno, porque este acuerdo -sobre el que quiso atribuirse más de los méritos que le corresponden- puede homogeneizar el bloque de las clases dominantes, donde no sólo el ex presidente Alvaro Uribe ponía palos en la rueda. Iván Márquez se congratuló de la mayor victoria, la batalla por la paz. Y Cuba, que ocupó un segundo plano en la ceremonia, dejando el lugar central a los dos protagonistas, recibió la copia del acuerdo de paz con gran satisfacción. Es que los diálogos preparatorios comenzaron en la isla a principios de 2012 y cuando hubo un principio aceptable de negociación, esos diálogos fueron a Oslo, en forma reservada, hasta volver en forma pública a La Habana en noviembre de aquel año. Con la firma del pasado miércoles 24, la Patria de José Martí se posiciona como capital mundial de la unidad, como la encomió el papa Francisco en febrero pasado, tras reunirse allí con el patriarca cristiano ortodoxo Krill. Hacía mil años que no sucedía algo así entre esas dos iglesias. Cuba lo hizo posible, igual que el silencio a los fusiles en Colombia.

Puesta en marcha.
Lo primero que hizo Santos fue enviar el texto del acuerdo al Congreso para convocar al plebiscito para aprobar lo firmado en Cuba. La consulta popular se hará el 2 de octubre y para ratificar lo actuado se necesita el 13 por ciento del padrón electoral, esto es 4.3 millones de sufragios.
Ese resultado positivo será alcanzado porque la perspectiva de la paz tiene buena acogida en la mayoría de los colombianos; la otra alternativa supondría más enfrentamientos, muertes, desapariciones, bombardeos, ejecuciones sumarias, “falsos positivos” y engrosamiento del presupuesto militar en detrimento de lo social.
Esa perspectiva del voto afirmativo se refuerza porque la oposición de ultraderecha, de Uribe y el “Centro Democrático”, no tiene argumentos válidos para rechazar lo del Caribe. Y otros dirigentes, incluso del entorno de Santos, como el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que había puesto ciertos reparos, los retiró luego que el delegado De la calle entrara en polémica con él.
Lo segundo que decidió el presidente fue decretar el alto al fuego definitivo a partir de la 0 hora del lunes 29. Así se podrá verificar uno de los grandes logros que se esperan del acuerdo: el ahorro de vidas.
Para tener una idea de ese ahorro, el general Alberto José Mejía, jefe del Ejército, declaró que en estos años de enfrentamiento su fuerza perdió 3.000 oficiales y soldados. Siendo una suma muy importante, debe ser inscripta en el marco general del conflicto armado, donde murieron entre 220.000 y 260.000 personas, hubo entre 45.000 y 60.000 desaparecidos, y entre 5 y 7 millones de refugiados.
Si ahora asoma la paz, ese derramamiento de sangre no seguirá empapando el territorio. Claro que eso no quitará el debate político -y no sólo académico o histórico- sobre quiénes fueron los responsables de esas muertes y destrucción. El Estado acusará a los rebeldes y éstos, con mayores razones, dirán que contestaron la violencia del latifundio, las mineras y multinacionales, ejercida por medio de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares como las “Autodefensas Unidas de Colombia” y narcos que operaban en coordinación con aquéllas.

Riesgos y virtudes.
En el tramo final hacia la paz, con todo lo positivo que ello es o presupone, hay que tener una visión de los riesgos que aún sobrevuelan.
Un lugar común sobre el particular es mencionar que habría algunos disconformes con lo pactado dentro de las FARC, en un frente. Y que quedó afuera de la negociación la otra agrupación guerrillera, el ELN, que podría mantener la beligerancia, aunque se sabe que tiene menos fuerza y también pidió una negociación de paz.
Sobre eventuales disidencias dentro de la organización de Timochenko, si las hay van a ser muy menores. Se apresta a hacer, esta vez no en clandestinidad, su X Conferencia Nacional Guerrillera, entre el 13 y 19 de septiembre próximo en los Llanos del Yarí, en San Vicente del Caguán, Caquetá, de fuerte implantación rebelde. Unos 200 guerrilleros, desde miembros del Secretariado Nacional, el Estado Mayor Central, de los frentes y guerrilleros nominados por sus compañeros de armas, analizarán el informe de la dirección nacional y darán su parecer. Todo indica que lo apoyarán con mucha fuerza. Y más que discutir sobre si aquellos acuerdos son buenos o no, definirán las nuevas políticas que tendrá esta fuerza una vez que se reconvierta en un partido o movimiento. Semejante cambio no es meramente de táctica sino que importa políticas, cuestiones organizativas, de formación, de nuevos métodos de trabajo, etc. Todo eso estará en el tapete de esos hombres y mujeres que hasta hoy son combatientes y están en transición hacia una militancia política, no menos revolucionaria que la anterior, pero inexplorada.
Para que las FARC pueda ingresar en la arena política y parlamentaria, los acuerdos prevén que una vez que deje las armas y se organice como partido, pueda tener en 2028 y 2022 cinco bancas en el Senado y cinco en Diputados, aún en caso que no logre el número de votos suficientes.
También el Estado entregará a ese partido algunos fondos con partidas asignadas en el presupuesto para los partidos legales, sin desmedro para lo que ya reciben las agrupaciones legales. Los guerrilleros percibirán al desmovilizarse un 90 por ciento del salario mínimo por dos años, para facilitar su manutención e inserción en la sociedad civil.
Esos aspectos positivos acompañarán el ingreso de los combatientes en 22 zonas veredales y 6 zonas de concentración una vez que se apruebe la paz, plebiscito mediante. Allí dejarán las armas, entregadas a una misión de la ONU, que las fundirá para hacer tres monumentos a la paz. Ese proceso debería estar finalizado a los 180 días de que la población colombiana convalide el final del conflicto. Amenazante, el general Juan Pablo Rodríguez, jefe de las Fuerzas Militares, advirtió: “todos seguiremos allá ejerciendo funciones y seguiremos protegiendo a la población civil. No habrá contacto directo de las FARC con la población. Estos últimos no podrán entrar a estas zonas”.
Suponiendo que todos esos plazos y objetivos se cumplan, la duda es hasta qué punto esa Colombia será un nuevo país. Santos u otro similar seguirán en la Casa de Nariño. Los generales tienen aprobado un plan de modernización con EE.UU. y que a cambio pondrán 4.000 de sus hombres participando en “misiones de paz” patrocinadas por Washington. El general Mejía, comandante del Ejército, aseguró contar con una nueva doctrina: “la hemos hecho de la mano del Ejército de los EE.UU. y con los estándares OTAN”. Y, sobre todo, con las clases dominantes colombianas que, como la de Argentina, tienen una pulsión genocida muy fuerte, como alertaba Rodolfo Walsh. Está en su naturaleza, como en la del escorpión, picar cuando la rana lo lleva en medio del río, aun cuando buscaban juntos la orilla de la paz.