«Colombia padece una masacre»

«El panorama es feroz y rige un estado de excepción no declarado, porque Colombia aparenta un estado de derecho pero no respeta ninguna garantía constitucional. Cuando su ministro de Defensa propone destinar 50 millones de pesos para detener a cuatro supuestos autores de un ataque, sin prueba ni causa judicial, está aplicando una estrategia para eliminar líderes y lideresas, porque los imputados siempre son dirigentes estudiantiles, sindicales o de movimientos sociales».
La narración le corresponde a Ismael Jalil, abogado y referente de la Correpi, que integró la «Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos» desarrollada en Colombia entre el 25 de mayo y el 2 de junio. Al finalizar su evaluación, los expertos difundieron un informe donde denuncian «desapariciones forzadas de personas, delitos contra la vida (homicidios y lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)», cometidos por las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas.
Entrevistado por Radio Noticias, Jalil contó que en Colombia impera «una lógica bélica. La policía no es un cuerpo civil armado a cargo del Ministerio de Seguridad, sino una fuerza militar que depende del Ministerio de Defensa y cuenta con dirección, pertrechamiento, entrenamiento y ejecución militares. Y tiene definido un enemigo». Como resultado «hay una guerra civil no declarada, desigual y desproporcionada, donde de un lado salen siempre las balas, y en otro lado lamentan los muertos».

«Una masacre».
Según Jalil la misión no fue imparcial, porque «estuvimos junto al sector que recibe las balas, al lado del pueblo colombiano que está padeciendo una masacre». Y recordó que la historia colombiana «es muy parecida a la nuestra y responde a la misma matriz, con una producción social y colectiva y una apropiación individual. El resultado es una tremenda desigualdad».
«Desde hace 20 años la hegemonía neoliberal despliega en Colombia un plan de miseria y hambre. Como resultado el 66% del trabajo es informal, los salarios no alcanzan para cubrir necesidades mínimas y la población se ve obligada a desarrollar estrategias de supervivencia». A eso se sumaron el incumplimiento de los acuerdos de paz y la pandemia y «la situación explotó donde menos lo esperaban, desde los jóvenes, a quienes creían tener domesticados».
Los pibes dijeron basta «y formaron las primeras líneas, apoyados por las mujeres: hermanas, madres, parejas. Y detrás el pueblo entero, porque no hay colombianos en contra del Paro; todos reconocen que hay suficientes razones» para rebelarse. Sin embargo, el Estado responde con «el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), un cuerpo de elite que hace desastres, apuntando a los cuerpos con su arsenal de gases aturdidores y perdigones. También hay desapariciones forzadas y secuestros perpetrados por policías o civiles armados, de personas cuyos cuerpos desparecen o aparecen sin vida. Hay en todo el país una situación general de violencia, naturalizada desde hace muchos años», advirtió.

Un futuro incierto.
En las calles, junto a jóvenes y mujeres se encolumnaron también «sectores indígenas, las comunidades afro, la Coordinadora Nacional Agraria que nuclea al campesinado y los cocaleros del Cauca; las plataformas de derechos humanos y la prensa libre e independiente que hace esfuerzos extraordinarios por sobreponerse a la hegemonía de medios concentrados». Una «situación calcada» de Argentina: «acá son Clarín y La Nación, Magnetto y Mitre; allá son Cadena Caracol y los Valencia, los Gómez, los Uribe».
Sin embargo, consideró que «este modelo desarrollado por la derecha está agotado en América Latina, y por eso su única salida es el despliegue represivo».
Consultado sobre el futuro, Jalil respondió que «existe gran incertidumbre, porque es una oleada sin dirección clara. Debemos confiar en el pueblo levantado, pero también es importante construir hegemonía y una conducción».
En este contexto, las protestas podrían provocar también «un autogolpe, para sacar a Iván Duque, que es un fantoche de Uribe, e instalar decididamente un modelo que impulse la limpieza étnica e ideológica». Según Jalil «la fuerte presencia de EE.UU.» podía estimular una salida semejante, porque «es el imperio quien maneja los hilos y somete poblaciones».
La derecha en Sudamérica «está alineada con ese pensamiento y en nuestro país tenemos una Patricia Bullrich, que no soporta ninguna causa penal pero tiene las manos manchadas de sangre. Ella rinde cuentas a la embajada norteamericana y todos sabemos eso: tiene íntima vinculación con procesos de pertrechamiento de fuerzas desde Estados terroristas como Israel, responde a las hipótesis de conflicto del Comando Sur y es la cara visible de una expresión ultraderechista, elemental sí pero también poderosa».
Dice Jalil que «estamos frente a situaciones clave y definitorias» y por esa razón «molesta tanto cuando gobiernos tibios pero con alguna característica distinta, como éste de Alberto Fernández, incurren en definiciones que tienden a fracturar, dividir y segregar. Debemos estar alertas», advirtió.
De todas maneras, confesó que solo cree «en los procesos que terminan radicalizándose» y argumentó que «Latinoamérica no superará la desigualdad sin radicalizarse. Y para que eso ocurra, decía García Linera, es necesario consolidar los procesos actuales que, al menos, pongan freno a una reinserción de la derecha».