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Como si fueran los dueños

El cableado ilegal que está llevando a cabo la empresa Telecom sobre la infraestructura de la Cooperativa Popular de Electricidad está generando un estado de alta tensión en nuestro medio. La entidad solidaria realizó una denuncia policial y una presentación ante la Administración Provincial de Energía, y ahora el organismo provincial devolvió la pelota y dijo que la CPE tiene facultades legales para retirar por cuenta propia esos tendidos.
Es evidente que la gigantesca corporación, constituida por la fusión del Grupo Clarín y la multinacional Telecom, están haciendo valer su peso político y económico actuando como si fueran los patrones de la ciudad. Pero también están especulando con las discrepancias que presenta la legislación provincial y la nacional. Esta última -de neto cuño macrista- faculta a las grandes compañías de telecomunicaciones a usar por centavos la infraestructura de las pequeñas empresas locales para colgar sus tendidos de fibra óptica; la ley provincial, en cambio, no solo impone un canon más elevado sino que otorga prioridad para usar la capacidad remante de las columnas al Estado en primer lugar, después a las cooperativas y por último a terceros.
Hay un punto clave: las columnas instaladas y mantenidas por las cooperativas tienen como función primordial servir para la prestación del servicio eléctrico y no para telecomunicaciones. Esta circunstancia debería frenar las pretensiones de las empresas foráneas pero, como se puede ver, eso está lejos de ocurrir. Es más, las dudas de la CPE para proceder directamente, tal como se sugirió desde la APE, están en relación a su calidad de prestadora de servicios de telecomunicaciones y, como tal, sujeta al accionar de la jurisdicción nacional.
Resulta evidente que la estrategia del megagrupo foráneo es generar hechos consumados y derechos adquiridos para quitarle capacidad de maniobra a la cooperativa e incluso al Estado provincial. Por tal motivo todo indica que el camino más conveniente sería la presentación de un recurso ante la Justicia. El problema, otra vez, aparece con la determinación de la jurisdicción: ¿provincial o nacional? Hoy nadie podría afirmar cómo habrían de resolver los tribunales esta disyuntiva. Lo que sí es cierto es la gran capacidad de lobby que tiene el tándem Clarín-Telecom. Basta recordar lo que sucedió con la Ley de Medios Audiovisuales, cuando aparecieron no pocos jueces en todo el país muy dispuestos a decidir en favor del grupo mediático y demorar la aplicación del articulado antimonopólico de aquella norma. Aunque finalmente la Corte Suprema dictaminó la constitucionalidad de la ley, el tiempo pasó y la llegada del macrismo operó en favor del Grupo Clarín cuando el actual presidente descuartizó la norma a pedir de boca de la empresa.
Esa demostración de fuerza, que llega a extremos de domesticar a no pocos magistrados judiciales, no es desconocida en nuestro medio. De ahí la cautela con que se están moviendo tanto la CPE como la APE.
«La ley es tela de araña (…) pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos», sentenció el Martín Fierro.