Cómo luchar en dos frentes y no perecer en el intento

EMILIO MARÍN
Para el gobierno no decae la intensidad del enfrentamiento con los “fondos buitres”. Y está bien prestarle atención y recursos a ese frente externo. El problema es que en simultáneo se tensa el frente interno. ¿Cómo se puede lidiar bien en ambos?
Se mantiene la batalla contra los “fondos buitres” como la contradicción principal a resolver para Cristina Fernández de Kirchner. Lo es porque la gravedad política y financiera, amén de la brutalidad jurídica emanada del juzgado de Thomas Griesa, implica gravísimos peligros para la soberanía y las reservas del Banco Central.
Esa lucha sigue dándose bastante bien por el gobierno, mal que le pese a la oposición conservadora que, a excepción de Sergio Massa y Roberto Lavagna, se ubicaron más en sintonía con Nueva York.
La administración Obama no aceptó dirimir la denuncia formulada en la Corte Internacional de La Haya, pero se pueden abrir huecos en esa telaraña jurídica. La Corte de Apelaciones de Nueva York ha llamado a una audiencia para considerar la posibilidad de que Argentina pueda hacer pagos congelados por Griesa. Esa Corte escuchará al Citibank y bonistas europeos disconformes por no haber podido cobrar a pesar del oportuno depósito de Argentina de 539 millones de dólares.
Más importante que esa audiencia es saber que la realidad argentina siguió siendo más o menos (un poco menos) como era antes del 31 de julio, cuando entró en default parcial. Según los “fondos buitres” y sus aliados, casi que se acabaría el mundo, al menos entre el Río de la Plata y los Andes, y desde Jujuy hasta Ushuaia.
En Córdoba hay 4.800 suspendidos de Fiat, Iveco y Volkswagen, y suman 10.000 contando los planteles de brazos caídos en Buenos Aires. Eso es verdad y doloroso, pero venía de antes del default técnico o como quiera llamarse.
Tales suspensiones son una ley del capitalismo dependiente, que cae con todo el rigor sobre las espaldas laboriosas cada tres o cuatro años, hasta que las once terminales, todas extranjeras, nucleadas en Adefa, logran una reactivación del negocio. Eso es con fondos, créditos y subsidios pagados por el Estado. Allí pasan a fabricar casi un millón de autos al año, juntan la plata en pala y sonríen al gobierno de turno, como en 1994 con el “boom” automotriz a Carlos Menem y Domingo Cavallo.
Luego, cuando el círculo vicioso vuelve al punto de hoy, suspenden y hasta muerden la mano gubernamental que les dio de comer. Confían en que la dirigencia del SMATA y la UOM logre contener las protestas, hasta que el ciclo productivo enganche otra vez.
Hay que ser sinceros. Estas primeras lluvias recesivas no son producto de que Argentina desafió a los “fondos buitres” sino el resultado de un modelo agotado. Es una industria altamente dependiente de monopolios extranjeros y sus deficitarias importaciones, con un déficit anual cercano a los 10.000 millones de dólares. Bienvenida la tensión creada por la batalla con Paul Singer, que permite discutir en un nivel más masivo la razón de ser de los dolores del aparato productivo.

Buitres en Buenos Aires.
Los directivos de NML y Aurelius ya tenían aliados en la capital argentina. Mauricio Macri era uno de los más caracterizados en el terreno político. Clarín y “La Nación” jugaban ese rol en lo mediático. Y el establishment tenía su corazoncito en ese team, aunque por oportunismo no lo decía públicamente, temeroso de perder algunos negocios con el Estado.
En estos días, con el cierre y quiebra exprés de la imprenta Donnelley, que dejó 400 obreros en la calle a pesar de que sus negocios marchaban en forma razonable, hubo novedades. El gobierno nacional denunció que la bajada de persianas de la firma yanqui era una movida de los “buitres” para generar pánico y doblegar la firme negociación de Balcarce 50.
Algunos tramos de ese fenómeno son muy extraños, como que la presentación de la quiebra se hiciera ante un juzgado un viernes y al lunes ya fuera aprobado. Un operativo relámpago, con connotaciones políticas antes que de balances empresariales.
La presidenta denunció que en el paquete accionario de Donnelley una parte era de Paul Singer, luego fue transferido a BlackRock, otro inversionista de bandada similar.
Otra vez la división política de fallo de Griesa: el gobierno y otros partidos democráticos y sindicatos, denunciando a la empresa y tratando de salvar la quiebra y abrir un concurso que salve la planta. Y del otro lado del mostrador, Ernesto Sanz, Federico Pinedo y otros opositores, que acusaron a CFK de “empantanar la economía con amenazas a las empresas”. El senador radical y otros colegas que defendieron a Donnelley estaban poniendo otra vez el mundo patas para arriba. Adjudicaban la recesión a la presidenta y salvaban a las empresas que cerraban, como las víctimas.
Es loable salvar la fuente de trabajo de 400 argentinos y denunciar e investigar a la empresa por su conducta criminal, en cierto sentido de la palabra, de asesinar casi medio millar de puestos de trabajo.
Es discutible la solución a la que apeló el gobierno: la ley antiterrorista. Las instrucciones del PEN fueron para que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) denunciara a la imprenta según esa normal aprobada en 2011 a instancias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que persigue el lavado y los fondos ligados al terrorismo.
Esa ley es antidemocrática y fue pensada originalmente para penalizar a luchadores populares y antiimperialistas, en sintonía con Obama, por lo que algunos oficialistas resistieron su aprobación. Lo malo de que se la aplique a Donnelley es que blanquearía una ley negativa. De todos modos lo más importante es que la estadounidense no se salga con la suya, al margen de con qué ley se la penalice.

Superar contradicciones.
Los controlantes de NML Capital y Aurelius están bien identificados. Si algún despistado no los conocía pudo saberlo esta semana, cuando ambos dieron por finalizadas las negociaciones con bancos privados. Primero bancos argentinos de Adeba y luego norteamericanos, británicos y alemanes (Citibank, JP Morgan, HSBC y Deutsche Bank) negociaron con esos fondos la posibilidad de comprarles sus bonos y luego negociarlos con el gobierno argentino.
Esos proyectos se cayeron porque según los usureros les habían hecho propuestas que ni remotamente contemplaban sus aspiraciones. Juegan todas sus cartas a Griesa y también salieron a buscar activos argentinos o que puedan ser presentados como tales, caso de las empresas atribuidas a Lázaro Báez, para que jueces como el de Nevada los autoricen a nuevos embargos. Mejor que la Fragata Libertad siga haciendo viajes como el último hasta el puerto de La Habana…
Está bien enfilado el gobierno cuando confronta con esos fondos, pero la investigación encargada a la UIF de José Sbatella, referida a Donnelley, debería extenderse a otras firmas y sus ramificaciones. Por ejemplo, como parte de por ahora insalvables contradicciones del kirchnerismo, Black Rock que habría adquirido las acciones de NML Capital en aquella imprenta, también tendría parte minoritaria de YPF.
¿Quieren saber quiénes son también “buitres” en la petrolera argentina, además de BlackRock?, pregunta el vocero de la Sociedad Rural. Se contesta, con la firma de Pablo Fernández Blanco: Lazard Emerging Markets, Hartford Capital, Fidelity Diversified, Delaware Group Global y Hartford Appreciation.
Singer y los suyos no solamente están en Nueva York y en la fallida imprenta. También anidan en la principal empresa argentina, la que el gobierno nacionalizó en el 51 por ciento.
La lid con los usureros también viene bien para comprobar qué está mal hecho en la petrolera. Su CEO, Miguel Galuccio, está más preocupado por firmar acuerdos con Chevron y limitar los ingresos de las provincias petroleras, que en saber qué clase de socios tiene adentro.

Golpear la quintacolumna.
La quintacolumna pudo levantar cabeza cuando el gobierno se atareaba, con su vista clavada en el vuelo de los buitres. La UIA, AEA, Copal, Foro de Convergencia Empresarial y otros monopolios nacionales y extranjeros levantaron el tono de sus críticas al PEN.
El vocero fue Héctor Méndez de la UIA, uno los invitados por el gobierno cuando procura acuerdos gobierno-empresas-gremios. Alrededor suyo se mueve la AmCham (Cámara de Comercio Americana en Buenos Aires, seguramente será una ardiente defensora de su afiliada Donnelley).
El establishment está en pie de guerra por un proyecto de modificación de la ley de Abastecimiento que implicará controles para costos y precios empresarios. Lo consideran una vulgar copia de Hugo Chávez, aunque, si esa fuera la fuente, la rioplatense seguro que será una versión light y más luego de los tiras y aflojes en el Parlamento.
Si Méndez tenía alguna duda de su alineamiento político, esa ley que según él afectará la “seguridad jurídica” lo habrá puesto al lado de José I. de Mendiguren, operador de Massa.
Todo este espectro político y empresarial es parte de la quintacolumna que simpatiza con los Singer. ¿Cómo se pelea en simultáneo en ese frente externo y en el interno? Lo ideal es que cuando llegue el ataque frontal del enemigo exterior, la quintacolumna local esté desbaratada. Así le ganó la URSS la guerra a Alemania, para citar un gran ejemplo histórico. Que, al menos, la barrida en Buenos Aires no se limite a Donnelley.