Complicidad informativa y responsabilidad social

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE*
Resulta grave escuchar a sectores políticos que endeudaron al pueblo argentino, sostener mentiras como que con la intervención de la empresa Vicentin el país va hacia regímenes dictatoriales y que sacarán a las personas sus propiedades. Los medios hegemónicos ocultan que en la historia argentina ha sucedido muchas veces a la inversa de lo que se dice. Los grandes capitales privados fueron los que confiscaron los dineros públicos y nos trasladaron, inaceptablemente, deudas y responsabilidades. Eso sí, siempre lo presentaron como justo y necesario.

Estatización de la deuda.
En 1982 el Banco Central asumió como deuda 17.206 millones de dólares de empresas privadas. Suma esta que pasó a integrar parte de la deuda externa y en base a la cual se ha justificado la reducción de los servicios básicos del Estado, como el de salud, jubilaciones y otros.
Nadie recuerda que esa carga era de negocios de grandes empresas privadas que traspasaron sus malas operaciones, muchas de ellas fraudulentas, y las socializaron cargándoselas al pueblo argentino. Entre las empresas beneficiadas por la estatización de las deudas, estaban Pérez Companc, Techint, Bridas, Ford, IBM, Banco de Londres, Fiat, Citibank, Banco de Boston y muchas otras. Entre estas estaban Vicentin y las empresas de la familia Macri Socma y Sideco Americana; esta última fue denunciada por maniobras delictivas de «autopréstamos».
El informe de los auditores presentado ante el juez que investigó algunas de las maniobras fraudulentas sostiene, que «la maniobra consistía en la colocación de fondos propios en plazos fijos en el exterior, recibiendo como contrapartida un préstamo de la misma entidad bancaria, sirviendo el plazo fijo como garantía a estos créditos. Los plazos fijos en el exterior no se informaban al BCRA, en muchos casos, estos plazos fijos tampoco figuraban en los libros y balances de las sociedades, tal como surge de la investigación».
Lo cierto es, que deudas de Vicentín, de las empresas de Macri, entre muchas otras las tuvimos y tenemos que pagar, aún hoy, todos y todas.
Es larga la lista de situaciones similares que nos hicieron asumir como si fuera lógico que paguemos las deudas o maniobras fraudulentas de los poderosos del país. Más, cuando el gobierno actual invierte con responsabilidad social en beneficio de los más débiles, se tilda dicho accionar como populista deficitario.

Preservación de bienes.
Gran parte de la prensa hegemónica presenta un mensaje sesgado y unidireccional en el tema de Vicentín y acepta que dicha empresa caiga en manos de capitales extranjeros. Son los mismos que en el año 2002 exigían al Estado que interviniera para salvar al Grupo Clarín, para que el capital extranjero, en virtud de sus acreencias, no se quedara con la empresa. Estas empresas son las que impulsaron el dictado de la ley 25.750 de «Preservación de bienes y patrimonios culturales», que e estableció que debe ser política del Estado nacional preservar los bienes de las empresas periodísticas, por constituir un patrimonio cultural nacional a preservar. Sin embargo, cabe señalar, que si un medio de difusión es un bien cultural, lo es por su contenido y este lo dan sus periodistas, a los que también hay que proteger. La ley sólo buscó salvar los bienes y cosas de las empresas.

Directorio sospechado.
Ahora esos mismos medios atacan al gobierno cuando este quiere que siete mil trabajadores no pierdan su empleo y puedan cobrar sus sueldos y que 21 mil familias de prestaciones indirectas no queden sin su sustento. La Declaración Universal de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, obliga al Estado y dispone que, «toda persona tiene derecho (…) a la protección contra el desempleo». Resulta que, cuando se defiende el empleo como política de Estado, se acusa al presidente Alberto Fernández de un proceder inconstitucional, mientras se toleró la política de desempleo por goteo en el gobierno de Mauricio Macri.
El presidente también busca asegurar la percepción de los créditos del Estado, por dineros entregados a la empresa ilegalmente bajo el gobierno anterior (18.182 millones de pesos) y cobrar las deudas existentes con la AFIP. También se quiere evitar que se lleve a la quiebra a cooperativas y Pymes acreedoras de Vicentin.
Resulta penoso que el juez de la quiebra ignore los objetivos de las decisiones adoptadas por Poder Ejecutivo Nacional y vuelva a poner ilegalmente en funciones al directorio que llevó la empresa a un proceso de quiebra. Son los que están sospechados de lavado de dinero, defraudaciones fiscales y muchos otros delitos.

*Abogado constitucionalista y ex juez federal.