miércoles, 19 febrero 2020
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Comunidades originarias reclaman por años de despojo

EMERGENCIA SANITARIA EN SALTA

Representantes de pueblos originarios afectados expusieron la realidad de un modelo de producción que los ha expulsado de sus territorios ancestrales.
IRINA SANTESTEBAN
A poco más de 40 días de comenzado el año, ocho niños y niñas de la etnia wichi han muerto en Salta por causas relacionadas con la desnutrición. Más de cuarenta permanecen internados en grave estado, por el insuficiente aporte de proteínas en su dieta, a la que sólo pueden acceder cuando reciben bolsones de alimentos, cada varios meses. La falta de agua potable agrava la ya afligente situación de abandono estatal de estas comunidades despojadas de sus territorios y de los más elementales derechos de cualquier ser humano.
Las primeras explicaciones brindadas por funcionarios del área de Salud mostraron desconocimiento de la real situación de las comunidades del chaco salteño, sumado a una actitud de discriminación, como lo fue culpar a las familias por supuesta falta de atención hacia sus hijos. También hubo ocultamiento del estado sanitario de esas poblaciones: en 2018 murieron 283 niños y niñas, de los cuales 240 eran menores de un año y 43 tenían entre 1 y 4 años de edad.
Según el portal Cuarto Poder de Salta, con datos del área de Salud de la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, sólo en 20 de esas muertes se consignó como causa la «malnutrición»; en el resto se hizo aparecer otras como «diarrea», «deshidratación», «marasmo nutricional», «gastroenteritis», «colitis», etc.
En 2019, las muertes de niños menores de cuatro años en el territorio provincial fueron 278, considerando todo tipo de causas, 229 de menos de un año. Las autoridades de Salud sólo reconocieron nueve muertes por desnutrición; en el resto consignaron «bajo peso al nacer» o «inmaturidad extrema», en este último caso se trata de un desarrollo incompleto del feto vinculado a la anemia y/o desnutrición en las madres.

Investigación.
En 2018, una investigación de profesionales de la Universidad Nacional de Salta, dirigida por la médica Elizabeth Ferrer, lanzó un alerta sobre la apremiante realidad en el municipio de Santa Victoria Este, epicentro de la pobreza estructural. Los resultados de ese trabajo de campo son contundentes: la tasa de mortalidad en Santa Victoria Este y comunidades aledañas es de 17,19 por mil y de 31,94 por mil en menores de 5 años, muy por encima de la media provincial de 9,6 por mil.
La investigación fue publicada en la Revista Argentina de Salud Pública del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, y se autorizó a publicarla en otros medios por la gravedad de la situación que reflejaron sus conclusiones, con relación a la niñez de las comunidades originarias de Salta.
La agencia de comunicación Ancla publicó un resumen de esa investigación que se basó en un relevamiento entre la población de las etnias Wichi, Qom, Chorote y Chulupí.
Déficit nutricional, baja talla y peso, sobre todo en niños y niñas menores de 6 años, que se manifiestan cuando dejan la lactancia materna exclusiva, reflejando una alimentación carente de lácteos, huevos y carnes, factores de malnutrición e inaccesibles por falta de recursos económicos.
El informe expresa que estos niños son más vulnerables a las enfermedades prevalentes de la infancia, donde las diarreas, infecciones respiratorias y parasitosis ocupan los primeros lugares. En ese ciclo de desnutrición e infección el estado de salud de algunos niños puede agravarse con consecuencias fatales.
A pesar que la información recopilada por las investigadoras estuvo en manos del gobierno desde el año pasado, la situación actual muestra que no se tomaron medidas para el abordaje integral de la problemática de esas comunidades.

Reclamo ancestral.
El pasado viernes, en el anfiteatro de la UNSa, se reunieron representantes de pueblos indígenas con organismos internacionales, por el reclamo de devolución de sus territorios ancestrales y exigiendo participar de las decisiones políticas sobre temas que les afectan.
Estuvieron presentes representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Cruz Roja Argentina, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Fue en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en el territorio salteño luego de las muertes de niños y niñas wichis.
Ante la Asesora en Derechos Humanos de la ONU en Argentina, Valeria Guerra, reclamaron por sus territorios y denunciaron a empresarios responsables de los desmontes para los agronegocios, que les privan de sus alimentos, materiales para sus artesanías y medicinas.
También exigieron la puesta en marcha de obras para la provisión de agua potable, caminos y vías de acceso, instalación de centros de salud con suficientes profesionales y ambulancias, pues actualmente deben recorrer kilómetros en carros o a veces caminando para poder llegar a un hospital, donde a veces ni siquiera son atendidos.
Denunciaron «un plan de exterminio de las comunidades» y que los recursos y el ambiente se están «entregando a las multinacionales de Europa».
Esta situación no es nueva, pero está claro que fue ocultada durante los 12 años que Urtubey gobernó Salta, y que hoy se encuentra viviendo en España. Aunque parezca mentira, al dejar el cargo, en una conferencia de prensa, destacó como un logro haber reducido la tasa de mortalidad infantil, que según él fue en 2018 de 9,6 cada 1.000 niños nacidos. Esa es la media provincial, claro que se olvidó de mencionar a los niños y niñas wichis y de otras etnias, con un índice de mortalidad que duplica esa cifra, y que lo vemos con dolor con cada muerte por desnutrición. Urtubey no tuvo en cuenta a esos niños al informar sobre sus estadísticas como gobernador, porque su compromiso era y es con los empresarios del desmonte.