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Con Duque siguen las masacres en Colombia

ANTE EL SILENCIO DE LA ONU Y DEL CONTINENTE

Mientras todos apuntan contra Venezuela por la situación de los derechos humanos, en Colombia se suceden las masacres de campesinos y líderes políticos y sociales.
JOSE ARNULFO BAYONA
Más de 20 años de hegemonía política y autoritarismo del expresidente Alvaro Uribe pasaran a la historia con la marca indeleble de las masacres y el genocidio. Basta con repasar las estadísticas de agencias internacionales y de los portales y centros de investigación, para encontrar que las cifras son sobrecogedoras. Durante los ocho años de su gobierno, se realizaron en promedio 50 masacres por año, en las que cayeron inocentes seres humanos de toda condición social, política, económica, racial y cultural.
Sumadas las matanzas, los asesinatos selectivos y los llamados falsos positivos, estamos frente a la realidad de un genocidio sistemático de los sectores más pobres de la población campesina y urbana, especialmente joven, que ha sufrido los rigores de la violencia estatal, paramilitar y de todo orden, en las últimas décadas.

Terrorismo de Estado.
Diversos estudios e investigaciones, registran que las decenas de miles de asesinados fueron víctimas del terrorismo de Estado, de las bandas paramilitares, de narcotraficantes y de las guerrillas. Se desprende entonces, que la responsabilidad de Uribe en estos crímenes de lesa humanidad fue, en ocasiones directa, por la acción criminal de las fuerzas armadas, en otras, compartida por su supuesta participación en la creación y promoción de las AUC, o porque las matanzas se realizaron en operaciones conjuntas entre el ejército y los paramilitares, y por omisión, dada la ausencia y abandono del estado en las zonas de operación de los grupos insurgentes, de las AUC y de las bandas de narcotraficantes.
Se vislumbró una esperanza en el segundo gobierno de Santos producto de su ruptura con el uribato y su «compromiso» con la paz, también hubo masacres, pero las cifras indican que, durante el proceso de las negociaciones con las FARC, se registró una sensible disminución de las matanzas. Según el informe de la oficina de la ONU en Colombia, entre 2014 y 2017, las masacres se redujeron perceptiblemente, ya que entre 2015 y junio de 2017 ocurrieron 29 masacres, con saldo trágico de 120 víctimas y en 2018 se realizaron 27 matanzas con 105 víctimas, lo cual indica que la paz es el camino.

También con Duque.
Con Iván Duque, las masacres volvieron a ser el pan de cada día, por lo menos en 19 departamento. En el portal «Verdad Abierta», se informa que entre 2019 y lo que va corrido de 2020, se han perpetrado 93 masacres, 25 en el año anterior, que causaron 113 víctimas y 68 matanzas entre enero y agosto pasados, con saldo de 246 personas asesinadas.
A esta cifra, se suman las 14 víctimas del terrorismo policial del 9 y 10 de septiembre pasados, 12 asesinatos en las masacres Simití, Carmen de Bolívar y Zaragoza, y tres en la masacre del municipio de Cáceres, reportadas el 1º de octubre. En total, 275 seres humanos asesinados, en el transcurso 9 meses y cuatro días de este año, producto de 73 masacres, que han dejado un saldo de 388 víctimas; cifra que, si se mantiene la tendencia, alcanzará hasta 120 masacres y 500 víctimas o más al finalizar el año, amén de familiares en la orfandad y revictimizados por la reactivación del desplazamiento forzado y masivo de familias que huyen de las zonas de violencia.
Este sombrío panorama se complementa con el asesinato a manos del ejército de la joven trans, Juliana Giraldo, en el Cauca, del profesor y líder de la Colombia Humana, Campo Elías Galindo, asesinado por sicarios en su apartamento en Medellín, de 221 líderes y lideresas sociales y comunitarios, más diez de sus familiares, 47 guerrilleros desmovilizados de las FARC, que ya suman 240 de sus miembros asesinados. A todo lo anterior, se agrega que, con el estallido social, desatado con el asesinato del abogado Javier Ordoñez, salió a flote la brutalidad policial, que el 9 S, asesinó y cometió toda clase de atropellos contra la población. Brutalidad y abusos que incluyen extorsiones a comerciantes y violaciones de niñas en los CAI, que han sido del diario acontecer, antes y después de la masacre.

Genocidio sistemático.
De mayor gravedad es la ferocidad con que las fuerzas armadas del estado arremeten contra las poblaciones definidas como zonas de conflicto, mediante bombardeos en los cuales mueren principalmente pobladores civiles. En dichas acciones han caído 314 jóvenes y niños, incluso menores de 4 años; tal es el caso del bombardeo a un supuesto campamento de entrenamiento guerrillero en el Caquetá en el que las víctimas fueron 14 menores de edad. Así lo denunció Gustavo Petro en la cadena Blu radio, para responder a los señalamientos de pirómano que le hizo, a través de la misma emisora, el sub-presidente.
Este nuevo espectáculo de violencia militar, policial, paramilitar y de todo signo, es la demostración del retorno de la llamada «política de seguridad democrática», con sus secuelas de desplazamientos masivo, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes y lideresas sociales, estudiantiles, feministas, autoridades indígenas, masacres, represión violenta y judicialización de la protesta social, persecución y perfilamiento de periodistas, intelectuales, trabajadores de la cultura, organizaciones e instituciones, que lideran las luchas por los Derechos Humanos y las libertades políticas y ciudadanas. El retorno del uribato de la mano de Duque es, ni más ni menos, la continuación del genocidio sistemático que ha aterrorizado al pueblo colombiano en los últimos 20 años. (Extractado de La Nueva Prensa. Colombia).