Con sabor a poco

Llegando a fin de año, la mayor parte de los sindicatos está cerrando paritarias, en un año signado por la pandemia y el parate económico. Lejos quedó la aspiración de «recuperar lo perdido» durante el macrismo.
IRINA SANTESTEBAN
La negociación por aumentos salariales, una de las instancias más importantes de los sindicatos, fue una de las promesas que Alberto Fernández formuló durante su campaña. Es que los cuatro años de Mauricio Macri, en particular los últimos dos, con una fuerte devaluación y altísima inflación, habían pulverizado el poder adquisitivo de los salarios tanto del sector formal como del no registrado. Pero esta última porción de la clase trabajadora no goza del derecho a discutir paritarias, consagrado en el art. 14 bis de la Constitución, a pesar de constituir un 35% del total de la mano de obra ocupada. Luego de ocho meses de pandemia, el trabajo no registrado como el desempleo, han aumentado, trayendo más sufrimientos a las familias más castigadas por la crisis sanitaria y la económica.
El gobierno de AF se inclinó por aumentar con sumas fijas, decretando en diciembre de 2019 un bono de 4.000 pesos no remunerativos, a pagar en dos cuotas, para el sector privado, luego trasladado al sector público. Esa medida cumplía muy escasamente con su promesa de «poner plata en los bolsillos de la gente», a través de aumentos salariales y previsionales. La pandemia hizo el resto y por ello las negociaciones paritarias se fueron demorando. En el caso de las jubilaciones, se suspendió el sistema de movilidad y el gobierno fue fijando los aumentos que con el último del 7,5% de septiembre, alcanzó un 28% para 2020. Aunque el porcentaje sea mayor a la inflación, la realidad de quienes cobran el haber mínimo es desesperante: 18.129 pesos. Frente a una Canasta Básica Total (CBT) de 47.000 pesos, huelgan los comentarios.

Ayuda estatal.
El comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) fue postergando la discusión salarial. El gobierno tuvo que salir a auxiliar a las empresas, con la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que implica el pago de la mitad de la plantilla salarial. Aunque pensado para las pequeñas y medianas empresas, en dificultades por la pandemia, hoy todas las empresas, incluso las grandes y multinacionales, reciben esa ayuda del Estado. Se han pagado seis ATP y ya se anunció la séptima.
Para muchas actividades económicas, esa parte estatal es la única que perciben los trabajadores, pues los empresarios, a veces por reales dificultades y otras por la «viveza criolla» que caracteriza a una buena parte de las patronales, no abonan la otra mitad. Mientras se quejan de las «excesivas» presiones impositivas, por la otra ventanilla están siempre dispuestos a recibir la ayuda del Estado. Critican los planes sociales de los sectores más humildes, pero muchos de ellos no vivirían sin el aporte estatal.

Paritarias 2020.
A dos meses de finalizar un año tan difícil para los y las trabajadoras, formales o informales, las paritarias se van cerrando, en algunos casos con porcentajes que empardan y hasta superan, por poco, las previsiones inflacionarias.
Según datos del ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni, desde principios de año se actualizaron 144 convenios salariales y restan negociar 44 (Infobae, 21/10/2020).
La UTA negoció un aumento del 30% retroactivo a septiembre más una suma fija de 20.000 pesos en tres cuotas, ello hasta enero de 2021, cuando las partes revisarán la pérdida salarial del último trimestre por la inflación.
El sindicato del personal de estaciones de servicio, que dirige Carlos Acuña, uno de los titulares de la CGT Azopardo, cerró también paritarias con un 21,4% de aumento que regirá desde el 1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, con una cláusula de revisión por desfasaje inflacionario durante ese período. En esa negociación se acordó pasar al básico el aumento de 4.000 pesos decretado por el gobierno nacional. También prorrogaron el acuerdo por suspensiones para el personal que no cumple tareas por la pandemia (percibe un 75% del salario).
Las restantes negociaciones salariales que han cerrado acuerdos, según datos de la cartera laboral, son: Camioneros (30%), Alimentación (6,5%), Lácteos (25,6%), Mineros (28%), Rurales (22,1%), Portuarios (30%), Aceiteros (25%), Bancarios (26%), Petroleros (15%), Gas (12%), Edificios de Renta Horizontal (29%) y Cerveceros (30%).
Llama la atención el bajo incremento del personal de Alimentación, en el cual las empresas no pueden alegar pérdidas, pues si bien hay una disminución importante del consumo, los precios de los alimentos han aumentado de manera escandalosa. Esos trabajadores habían recibido en julio una suma fija no remunerativa de 6.000 pesos.

Informalidad.
Dentro de las penurias que atraviesa la mayoría de los sectores del trabajo, el más perjudicado es el no registrado. Sin los beneficios de la seguridad social (aportes jubilatorios, obra social), son siempre la parte más delgada de un hilo que suele cortarse en las crisis del sistema capitalista.
Para ese sector, el gobierno nacional dispuso a comienzos de la pandemia una buena medida: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos. Esa suma ha quedado muy desactualizada y es insuficiente para cubrir mínimamente las necesidades de la porción más vulnerable de la población. De acuerdo al costo de la CBT, el IFE no alcanza a cubrir una semana de subsistencia para una familia tipo.
Además, en los ocho meses que llevan las medidas de restricciones a la circulación y a la actividad económica, sólo se han dispuesto tres IFE, y está en discusión si va a pagarse una cuarta cuota de esa insuficiente ayuda. De aprobarse, que sería lo más justo, no le correspondería a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con lo cual sería una nueva merma en los ingresos de los sectores más vulnerables y castigados por la crisis sanitaria y económica.

Impuesto a los ricos.
Mientras tantas penurias pasa una gran cantidad de argentinxs, el sector más enriquecido ha logrado dilatar la aprobación del impuesto a las grandes fortunas. Ingresó a Diputados y se aprobó en Comisión, pero todavía no ha logrado que el presidente de esa Cámara, Sergio Massa, habilite su tratamiento.
Con ese aporte por única vez, aplicado a quienes poseen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, se recaudarían 300 mil millones de pesos. Aunque en la ley ese monto tiene asignaciones específicas, debería servir también para aumentar por lo menos al doble el monto del IFE y de la Tarjeta Alimentaria. De esta manera, se podría paliar el hambre que campea en miles de familias, en un país que produce y exporta alimentos, pero que no puede (o no quiere) cubrir las necesidades alimentarias de sus 45 millones de habitantes.